Las elecciones de 2025 son, posiblemente, las más inciertas e irregulares en el plano político, pero las más abiertas y transparentes en el ámbito programático. Esto se debe, por un lado, a la pérdida de la hegemonía electoral del MAS y la dispersión de la oferta política, y por otro, a los vacíos y contradicciones de la Ley de Organizaciones Políticas que permite, por ejemplo, que una candidatura inhabilitada pueda ser sustituida hasta el 13 de agosto, o que cualquier juez ordinario pueda revertir decisiones del OEP, violando el principio de preclusión.
En cuanto a los planes y programas, la situación es distinta. La proliferación de programas periodísticos de entrevistas y análisis, sumada a la realización de más de 20 foros, debates y conversatorios con candidatos, han generado un amplio espacio de socialización de propuestas de gobierno.
Asimismo, la multiplicación de espacios políticos en medios digitales, y la publicación de resúmenes y cuadros comparativos de los programas electorales, están permitiendo que los votantes tengan mayores oportunidades de conocer, comparar e incluso cuestionar las propuestas. Esto podría equilibrar, por fin, las motivaciones del voto ciudadano entre el carisma del candidato, la afinidad ideológica y los planes de gobierno.
Una revisión sucinta de las ofertas económicas de las cuatro candidaturas más relevantes según las encuestas revela coincidencias estructurales y diferencias de enfoque. Así, para resolver la escasez de dólares, las propuestas van desde obtener préstamos de organismos internacionales hasta reorientar créditos ya aprobados, renegociar la deuda externa o adelantar la venta de litio. Para hacer sostenible este objetivo se plantea apoyar la agroindustria, el sector cárnico, el sector forestal y el turismo.
Todos coinciden en la necesidad de reducir el aparato estatal mediante recortes de gasto, políticas de austeridad y cierre de ministerios y empresas públicas deficitarias. Sin embargo, ninguno plantea privatizar ni modificar la propiedad de las industrias estratégicas. Tampoco se propone la eliminación de bonos sociales, subsidios alimentarios ni beneficios extraordinarios como los gastos de representación o el doble aguinaldo.
Asimismo, los candidatos prometen restablecer la independencia del Banco Central, suprimir los préstamos al Ejecutivo y la emisión inorgánica, reducir los encajes legales y liberar las operaciones en moneda extranjera. Se habla también de aplicar un tipo de cambio único y flexible, repatriar capitales y promover la devolución de dólares al sistema financiero.
Entre las medidas tributarias, se mencionan una reforma integral, la reducción del IVA, IT e IUE, la eliminación de la doble tributación y del Impuesto a las Grandes Fortunas, así como la ampliación de la base impositiva, aunque sin detallar mecanismos ni plazos concretos.
En relación a los combustibles, todos coinciden en la necesidad de disminuir progresivamente el subsidio, permitir la importación privada libre y exenta de impuestos. La mayoría de los planes también contempla atraer inversión nacional y extranjera, liberar exportaciones y priorizar el abastecimiento interno, con la idea de reducir la salida de divisas.
Más allá de las generalidades no hay planes claros para disminuir la informalidad, aunque en la visión sobre los nuevos emprendimientos se plantea impulsar el desarrollo de los primeros proyectos empresariales, apostar a la innovación tecnológica y vincular con mayor eficiencia la formación superior con las herramientas para emprender.
Se observa también la reposición de medidas prometidas en el pasado, como el hospital de empresas, los programas de empleo de emergencia, el impulso a la biotecnología, la economía naranja y el turismo, la diversificación productiva, el fortalecimiento de la autonomía regional y políticas de compras estatales, entre otras.
Un cambio notable se aprecia en la visión sobre el sector empresarial: todos los candidatos se comprometen a promover alianzas público-privadas, apoyar la oferta productiva y a las MYPE, e implementar un modelo económico mixto con inversión privada en un entorno institucional, jurídico y logístico que fomente la libre empresa, la competencia, reglas claras y ventajas comparativas.
La Ley 1096 establece que la presentación y difusión de los programas de gobierno es obligatoria, señalando además que estos “se constituirán en compromisos de acción de gobierno…”. Sin embargo, no existen mecanismos legales para fiscalizar y garantizar su cumplimiento, lo que dificulta distinguir entre propuestas reales y factibles, y discursos demagógicos de campaña.
En todo caso, es un avance democrático que exista una mayor difusión de las promesas electorales. Esto no solo permite conocer la visión y comprensión de los candidatos sobre los problemas del país, sino que también sirve como una guía esencial al momento de emitir el voto.
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