30 de julio (Urgente.bo).- La aprehensión de J.C.V., el tiktoker cruceño que habría incurrido en delitos financieros, causó polémica y duras críticas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y a la libertad de expresión en el país.
Tras la aprehensión del creador de contenido, diferentes candidatos cuestionaron dicha decisión del Ministerio Público y exigieron su pronta libertad.
“Hoy un joven inocente ha perdido su libertad y ¿cuál fue su delito? compartir ideas para que otros jóvenes puedan proteger el valor de su dinero. (...) por eso lo han encerrado y ahora quieren llevarlo a La Paz, mientras tanto otros con poder y privilegios, siguen impunes y protegidos. Basta de injusticia, no podemos callar frente a una injusticia así”, expresó Juan Pablo Velasxco, candidato a la vicepresidencia por Libre.
Por su lado, el candidato presidencial de la Alizan Unidad, Samuel Doria Medina, también cuestionó el hecho y reprochó al Gobierno por la difícil situación que atraviesa el país.
“Pero los masistas en todas sus versiones no saben corregir una crisis, no saben autocriticarse y mejorar; solo saben reprimir la libertad de expresión y “meter miedo”.
Partido inútil, represivo, corrupto, saldrá más odiado que cualquiera que hayamos tenido en democracia. Libertad para Villafuerte!”, escribió en sus redes.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) condenaron la medida y denunciaron el uso de instituciones públicas para amedrentar la libertad de expresión.
“Este tipo de acciones sienta un precedente peligroso para las libertades democráticas”, afirmaron y exigieron la liberación inmediata de Villafuerte, el respeto al debido proceso y la no judicialización de opiniones expresadas en redes sociales sobre temas de interés público.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, consideró este caso de "uso desproporcionado del poder punitivo del Estado. (...) No se puede atentar contra la libertad de expresión de la población boliviana", agregó.
J.C.V. continúa aprehendido en la ciudad de Santa Cruz y la denuncia en su contra podría otorgarle una pena de hasta 10 años de cárcel por cometer presuntos delitos financieros.
