El municipio de San Ramón, del departamento del Beni, ha sido escenario de un ajuste de cuentas del crimen organizado. El hijo de la Alcaldesa, Estela Rodríguez, fue ejecutado con más de 30 disparos. Jonathan López Rodríguez fue acribillado en la plaza central de la región y el gobierno investiga bajo la premisa de que fue víctima de la estructura del uruguayo Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más importantes de la región y que desde hace más de dos años se burla de las autoridades bolivianas. 

El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, declaró en las últimas horas que Marset, el narcotraficante más buscado en la región y que se ha burlado de autoridades bolivianas, era un protegido de López Rodríguez, quien hace unos meses salvó la vida de otro caso de ajuste de cuentas, ocurrido en el Cambódromo, en la ciudad de Santa Cruz, el 2 de abril.

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“Se entendía que su hijo formaba parte, en aquel momento, de la estructura de Sebastián Marset y que lo estaba precisamente acogiendo en esa localidad”, detalló Aguilera.

El crimen en San Ramón ocurrió este domingo 26 de octubre de 2025, hrs. 21:45, cuando encapuchados, a bordo de un vehículo, acribillaron al hijo de la alcaldesa Rodriguez, cuya familia ya fue investigada en el pasado por nexos con el narco, según el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, general Ángel Morales.

“Ya hice mención: esta persona no tiene antecedentes, pero sí los familiares. La mamá y otros parientes están relacionados con casos de narcotráfico o actividades conexas”, explicó el jefe policial.

Las declaraciones de las dos autoridades ocurren precisamente en el momento en que desde países vecinos se informan que el principal fugitivo del narco se encuentra en Bolivia, algo que no ha sido descartado por el Ministro de Gobierno. Además, el mismo Aguilera dijo el fin de semana que un video desde el que Marset se muestra con armas tiene una autenticidad de más del 80%.

Y el 23 de octubres, desde las redes sociales, Marset difundió un video dirigido a Erlan Ivar García, alias El Colla y su presunto ex colaborador, a quien acusó de traición. “Este video es para decirle al Colla: Sapo, por andar diciendo dónde está uno”, expresó el narco. Y en el audiovisual advirtió que puede estar “un día en Bolivia, otro en Uruguay o Paraguay”.

Días antes, el 18 de octubre, el Colla denunció que su exsocio se encuentra en Bolivia, precisamente en el departamento de Santa Cruz, y le acusó de estar detrás del secuetro de su expareja, lo que ocurrió el 18 de octubre en Urubó, la capital oriental, con la participación de grupos fuertemente armados.

ANGEL MORALES

Sobre el crimen en San Ramón, la primera autoridad de la FELCN dijo que Jonathan López no tenía antecedentes penales relacionados con el narco, aunque sí admitió que algunos de sus familiares son investigados. Aun así, explicó que la víctima de los sicarios sí viajó hacia Argentina y Brasil.

El director de la FELCN también indicó que no se descarta que el homicidio de López esté vinculado a un ajuste de cuentas. “La Felcn está haciendo el trabajo investigativo, se está corroborando estos datos que se manejan y no se descarta que, como manifestaron, sea un ajuste de cuentas”, dijo.

Sin embargo, otra es la versión del viceministro Aguilera, quien dice que el asesinato del hijo de la alcaldesa de San Ramón es una obra del crimen organizado.

“Se trata de una toma del poder dentro de estas organizaciones criminales, en las cuales se emplea como mecanismo precisamente la estructura del crimen organizado, y eso es lo que ha acontecido en este asesinato”, explicó Aguilera.

Recordó que, en 2023, durante un operativo policial en San Ramón, se incautaron armas largas y combustible para avionetas, lo que reveló la presencia de actividades vinculadas al narcotráfico en la zona.

Tras el operativo, la alcaldesa Rodríguez presentó una demanda penal alegando que había sido señalada injustamente como responsable de actividades ilícitas, mientras que las investigaciones apuntaban a su entorno familiar.

El viceministro agregó que la autoridad municipal organizó una movilización ciudadana de rechazo tras esas pesquisas, que derivó en agresiones y hostigamiento contra efectivos policiales.

Ante el crimen ocurrido el domingo, Aguilera informó que un equipo especializado partirá desde La Paz hacia Beni para apoyar en la investigación, pero lamentó las dificultades que enfrenta el Ministerio de Gobierno para ejecutar allanamientos y operativos solicitados con anticipación.

“En el caso de Beni se han pedido allanamientos a inmuebles con una data de un mes, pero no han sido aceptados hasta el momento por el órgano judicial”, denunció.

 “Estos delitos no pueden quedar en la impunidad”, añadió

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