11 de octubre (Redacción central Urgente.bo).- Es octubre de 2025. En el corazón de la región de Caranavi, el rugido de la maquinaria pesada no es el sonido del progreso, sino el de un robo silencioso a gran escala. Mientras Bolivia lucha por estabilizar su flujo de divisas, el cáncer de la minería ilegal se extiende por Teoponte y Guanay, llegando hasta las riberas del río Coroico. Un conjunto de operadores fue sorprendido dragando oro sin contratos ni licencias ambientales. El botín, extraído con volquetas y retroexcavadoras que dejan a su paso un rastro de destrucción, se escurre por las vías informales, privando al Estado de regalías cruciales y demostrando cómo lo ilegal carcome la riqueza nacional.
Hace ocho meses, en febrero, la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro fue escenario de una denuncia. El asambleísta Edgar Huanca Guanay hizo conocer que en el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) hay manipulación para registrar el transporte de plata como si fuese de baja ley, cuando en realidad es de alta. Y puso en evidencia con el informe del laboratorio de esta entidad que confirmó la distorsión en la declaración.
Lunes 05 de octubre, un funcionario de una repartición estatal confía al periódico digital Urgente.bo que, en estos tiempos de vacas gordas para el sector de la minería, en especial para el oro, la declaración de la ley de los minerales es crucial para los operadores, en especial los cooperativistas, porque lo importante es declarar ante el Senarecom una baja calidad del mineral, con fines de las obligaciones que se tiene con el Estado, mediante el pago de regalías, para registrar la ley correcta una vez que el producto sale de los ingenios. “El negocio es ese, porque cuando tienes el valor correcto, los ingresos de los operadores, de los cooperativistas, mejora significativamente porque ya estamos hablando de producto de exportación”, dice el entrevistado.
El periódico digital Urgente.bo entrevistó al director ejecutivo del Senarecom, Santos Ramos Socpaza, quien con algunos datos resume el enorme desafío que tiene esta entidad para combatir la comercialización ilegal de minerales. Cuenta con apenas 100 funcionarios que tienen el reto de controlar a uno de los sectores económicos más importantes del país. “Ni el Ejército puede controlar todos los contrabandos que ingresan y salen del país. Imagínese nosotros”, sintetiza.
UN SECTOR FUNDAMENTAL
Como generador de divisas en Bolivia, la minería ha desplazado al declinante sector de hidrocarburos. Entre enero y julio de 2025, la industria manufacturera se posiciona como el sector líder al exportar $us 2.101,9 millones. Le sigue de cerca la minería con $us 1.886,7 millones en ventas al exterior, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). En contraste, el tradicional sector de hidrocarburos (gas natural) muestra un rendimiento contribuyó con solo $us 667,0 millones en el mismo periodo.
Ahora bien, ¿cómo se traduce el impacto de la exportación de minerales para el Estado? Por la exportación de 1.886,7 millones de dólares, el sector pagó como regalías a las regiones poco más de 175 mil dólares, es decir Bs 1.220 millones, dato que es superior en 17% en relación al periodo del 2024.
En ese panorama, Potosí reafirmó su liderazgo como el departamento más beneficiado por las regalías, recibiendo Bs 779 millones. Le siguieron La Paz, con Bs 224 millones, y Oruro, con Bs 103 millones. En tanto, Cochabamba sumó Bs 30 millones y Chuquisaca Bs 17 millones.
El economista Héctor Córdova es un crítico sobre la política tributaria que el Estado tiene para con algunos actores del sector minero. “Económicamente, se está sacando gran parte del patrimonio nacional y no se está dejando nada para el Estado. Por ejemplo, en 2012, se produjeron 54 toneladas de oro por un valor de 3.073 millones de dólares. ¿Y cuántos ha dejado al Estado? Apenas 63 millones. El resto terminó en bolsillos de particulares. Sin embargo, cuando estas actividades generan empleo y mueven la economía local, surge un beneficio temporal, que desaparece cuando la actividad se traslada”, detalla.
INFORMALIDAD Y ESCASO CONTROL
Pero detrás de estos números se esconde una debilidad estructural. El investigador especializado en temas mineros, Alfredo Zaconeta, identifica la raíz del problema en la expansión desbordada de la informalidad, especialmente bajo la modalidad cooperativista: “La proliferación de una actividad tan poco regulada que es el actor cooperativista pasó del 2006 de ser 800 cooperativas en promedio al 2023 a más de 3.000”.
Ese crecimiento, que combina lo informal y lo ilícito, supera la capacidad de control estatal. Zaconeta subraya: “Tienes que hacer la fiscalización y control a 2.000 unidades productivas, 2.000 cooperativa, incluso realizando una visita al año, solo llegas a cubrir 365 cooperativas y necesitarías cinco años o más para abarcar todas”.
El problema es profundo: institucionalidad limitada, falta de presupuesto y recursos humanos, y coordinación entre entidades vuelven prácticamente imposible un control total.
DEBILIDAD DEL SENARECOM
El 13 de junio de 2007 fue creado el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), para supervisar y regular la comercialización interna y externa de minerales. En mayo 2008, un decreto amplió consolidó a la institución como entidad descentralizada dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia.
Las atribuciones del Senarecom incluyen controlar la comercialización de minerales y metales, administrar el Número de Identificación Minera (NIM) y el Número de Identificación de Agente de Retención (NIAR), y verificar la información de las exportaciones y el cumplimiento de las normas. En otras palabras, es la institución que controla el movimiento económico del sector minero.
Sin embargo, en la práctica Senarecom opera con menos de 100 funcionarios a nivel nacional, su equipamiento para cumplir tareas es escaso y la flota de transporte es insuficiente. Además, las tareas de fiscalización se vuelven peligrosas, sobre todo en zonas alejadas donde existen personas armadas vinculadas a la minería ilegal. Su director, Santos Ramos, advierte: “No se puede enviar a un funcionario sin protección; también estamos hablando de vidas humanas”.
Por otro lado, llama la atención que el director ejecutivo del Senarecom es un ciudadano que hizo vida pública en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Fue senador por el MAS hasta julio pasado. Su vínculo con el sector es que fue Secretario de Minería de la CSTUCB.
Zaconeta vuelve al punto con las cooperativas auríferas en La Paz y las que se ocupan de explotar zinc, plata o estaño en Potosí y Oruro, la fiscalización es “una tarea imposible”, porque el Senarecom no tiene los recursos o equipos suficientes para validar lo que dicen haber producido y transportar.
“La forma de declaración al Senarecom es tan débil que al final son eso: declaraciones, porque no hay una validación exacta que te permite establecer la cantidad de oro que estaría produciendo una cooperativa. Lo que hacen es declarar, a través del formulario, qué van a comercializar y es una declaración de buena fe”, sostiene.
Mientras las grandes empresas mineras cumplen con sus obligaciones, en el sector cooperativista hay actores que operan de manera ilegal, sin contrato o eludiendo controles. Solo para el 2022, la evasión de impuestos y regalías en el sector fue estimada en cerca de $us 1.000 millones solo en 2022.
Así, Ramos reconoce las deficiencias: “Nosotros hemos encontrado una institución realmente con unas pequeñas observaciones, que estamos tratando de mejorar”.
VACÍOS LEGALES Y RIESGO PERMANENTE
El origen del problema se remonta al decreto 21060, que liberalizó la comercialización de minerales, autorizando a cualquier actor a exportar, comprar o vender con “toda libertad” y facilitando la evasión. El oro es el mineral que mejor ha explotado esos vacíos, se el experto en Minería, Héctor Córdova.
Por otro lado, el especialista explica que, en un país minero como Bolivia, los operadores cooperativistas argumentan que el mineral fue extraído de “yacimientos marginales” y que su operación es a “pequeña escala”, lo que les permite reducir la regalía del 7% al 2,5%.
La reducción de la regalía minera del 7% al 2,5% se aplica en Bolivia para el oro en estado natural o en escama proveniente de yacimientos marginales operados por la minería de pequeña escala. Esta diferenciación en la alícuota de la Regalía Minera (RM) está establecida en la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia desde 2014.
El analista observa que, desde que se emitió la norma, “los operadores han declarado que su yacimiento era marginal y su operación era de pequeña escala, cuando vemos operaciones con volquetas, con maquinaria gigante, que no cumplen esas condiciones, pero sí dicen que las cumplen”.
Esta falsificación de origen se facilita porque “ir a verificar que un yacimiento es marginal, que la operación es de pequeña escala en todas partes, es hasta riesgoso”. Advierte que “hay varios yacimientos y operaciones que están protegidos con gente armada”. El contrabando documental es el soporte clave del fraude: falsificación de formularios o suplantación de datos permiten “blanquear” el metal como si fuera legítimo. Para el caso del oro, el aeropuerto de El Alto se convirtió en un punto de exportación.
El caso GoldShine S.R.L. ejemplifica el mecanismo: en 2020 intentó exportar 318 kg de oro usando documentación suplantada. El ID del formulario M-03 estaba duplicado: registrado en Cochabamba y Potosí simultáneamente.
La minería ilegal se expresa en cooperativas sin licencias, comercializadoras que reportan menos, y redes que mezclan producto legal con no registrado. En zonas del norte de La Paz, Potosí, Oruro y Beni, ese comercio informal se nutre del contrabando hacia Perú, Chile y Brasil.
Aunque el oro concentra el foco mediático, el zinc y estaño también sufren vacíos de certificación y control en los mercados internos e internacionales. El fenómeno no es sólo económico, sino estructural: la informalidad, la pobreza y la autonomía local alimentan el comercio ilícito. Ramos advierte: “Si los propios bolivianos somos cómplices, nunca habrá control total”.
El oro ilegal no sale directamente de cooperativas, sino mediante cadenas de intermediarios que se aprovechan de vacíos legales. El secretario de Comercialización Aurífera de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz, Ángel Surco, clarifica que los productores entregan el mineral y son las comercializadoras las que finalmente exportan.
“Claramente, nosotros no exportamos como tal, como muchos piensan. Somos los que entregamos a las acopiadoras y las comercializadoras hacen la exportación a nivel internacional y son los que van registrando”, menciona.
En ese contexto, el Senarecom, creado para controlar la comercialización y asegurar el pago de regalías, enfrenta un control imposible ante la cantidad de operaciones en el país. El especialista Zaconeta subraya que la institución está afectada por falta de presupuesto, recursos humanos y coordinación.
“Resulta difícil por la institucionalidad que se ve afectada, tanto por presupuesto, por recursos humanos, por la coordinación que debería existir entre instituciones”, asegura y remarca que la entidad no tiene cómo certificar que las declaraciones sean ajustadas a la verdad.
En ese contexto, el exsenador Ramos grafica la situación del Senarecom con esta frase: “Ni el Ejército puede controlar todos los contrabandos que ingresan y salen del país. Imagínese nosotros”.
En ese contexto, vale la pena recordar que hace casi un mes, el 14 de septiembre, un grupo de cooperativistas mineros afiliados a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin) agredió director departamental del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), Iván Martínez, a quien desalojaron por la fuerza de las oficinas en medio de insultos y golpes, con el argumento de que no es del sector.
Uno de los cooperativistas le propinó un puñetazo y Martínez abandonó el lugar, con el objetivo de evitar la posesión de un funcionario al que no creen que sea parte de sus filas.
El director del Senarecom admite que hay versiones que ponen en duda las declaraciones de los productores cooperativistas, lo que se traduce en menos ingresos para el Estado, pero también reconoce que anteriores gestiones a la suya no hicieron lo suficiente para esclarecerlas, porque los denunciantes no presentan la documentación o más datos por temor a represalias.
Pero, el problema de fondo, reconoce, no se resuelve solo con leyes ni operativos. Las causas del comercio ilegal son estructurales y están ligadas a la falta de educación cívica, la pobreza y la complicidad social.
“Hay comunarios que participan del contrabando; otros callan. Si los propios bolivianos somos cómplices, nunca vamos a lograr un control total”, reflexiona. En su visión, la lucha contra el comercio ilegal de minerales no es únicamente una tarea del Estado, sino una responsabilidad compartida que involucra a las gobernaciones, alcaldías, fuerzas del orden y a la ciudadanía.
///
