Ernesto Rossel Arteaga es un abogado experto en derecho internacional. En septiembre pasado fue uno de los ponentes de una conversatorio organizado por el diario La Razón y el periódico digital Urgente.bo sobre el litio en Bolivia. En ese contexto, la revista Oxígeno le planteó una entrevista al especialista en gobierno corporativo y administración de empresas, en el contexto de la transición política en la que se encuentra el país y ante la incertidumbre que afecta al proyecto de la explotación e industrialización del “oro blanco” en los salares de Potosí y Oruro.
En su exposición de ideas, Rossel lamenta que el país no ha podido dar una señal sólida de seguridad jurídica a los potenciales inversionistas, destaca los avances que hubo en la negociación con las empresas china y rusa, con las que se arribaron a contratos y plantea caminos para que el país deje de dar señales confusas al contexto internacional, más aún ahora que requiere de inversiones.
Precisamente en ese contexto, el especialista afirma que es posible guardar coherencia entre la Constitución Política del Estado que define soberanía sobre los recursos naturales y la necesidad de generar seguridad jurídica para atraer inversiones. Y pone ejemplos de países que lograron ese cometido.
Usted que es experto en relaciones estratégicas globales, ¿puede decirnos cuál es el concepto que existe sobre la seguridad jurídica en Bolivia en la actualidad?
Desde la perspectiva del inversionista, así como de la comunidad internacional, en el mejor de los casos, la seguridad jurídica en Bolivia es vista como “mixta”. Es decir, en el plano normativo, el país cuenta con un bloque meridianamente claro (CPE, Ley 516, Ley 064, régimen especial de YLB y licenciamiento ambiental previo) que reafirma soberanía y define procedimientos. Sin embargo, donde surgen las mayores dudas es en la previsibilidad y la ejecución: la coherencia entre autoridades, la estabilidad de decisiones administrativas, la deficiente coordinación de instancias, la participación precaria de gestores y actores y la gestión de controversias (incluida su judicialización). Todo ello condiciona la confianza. Casos de terminación política, demoras en aprobaciones y señales regulatorias cambiantes y constantes elevan la prima de riesgo, aunque coexistan esfuerzos por ordenar proyectos estratégicos y transparentar procesos. En síntesis, si bien el marco legal puede resultar suficiente, la implementación de los proyectos bajo ese marco viene resultando irregular. Lo que pide el mercado es simple: calendarios exigibles (incluidas licencias ambientales), contratos bancables con solución de controversias garantizada y ejecutable, así como transparencia pública respecto de los hitos definidos. Si el Estado muestra cumplimiento consistente, la percepción de la seguridad jurídica mejora rápidamente y el costo de capital disminuye en favor de los intereses del país.
Desde hace ya casi 20 años, los inversionistas plantean la necesidad de generar la mayor seguridad jurídica en el país, ¿cuánto ha mejorado o empeorado esta situación?
El balance también resulta mixto: Una primera etapa 2006–2013 de redefinición estatal, cuando se reforzó el control público sobre sectores estratégicos de la economía y se actualizaron marcos como el ambiental, defensa del Estado y la promoción de inversiones. En esa etapa se percibía claridad respecto a “quién manda” y la mayor debilidad fue el aumento de la percepción de riesgo por cambios contractuales abruptos y nacionalizaciones que respondían al nuevo modelo.
Hubo una segunda etapa, comprendida entre 2014–2019, de ordenamiento con vaivenes y discrepancias. En ese tiempo se consolidó la institucionalidad de las empresas públicas estratégicas y sus procedimientos, pero vino aparejada de episodios de terminación/renegociación de contratos relevantes por decisión política que deterioraron la previsibilidad y terminaron en un abrupto cambio de gobierno.
Finalmente, hubo una tercera etapa desde el 2020 hasta la actualidad de anuncios de industrialización, alianzas y tecnología que conviven con aprobaciones demoradas, judicialización y conflictividad social intermitente. Esto hace ver una ejecución irregular pese al marco legal existente, esto genera riesgos en cuanto a la confianza del inversionista y los costos de capital. La deuda pendiente está en la falta de previsibilidad, tiempos administrativos irregulares y muchas veces falta de coherencia interinstitucional.
Considerando los principios de la Constitución, ¿es posible generar seguridad jurídica en Bolivia y al mismo tiempo atraer inversiones extranjeras?
Sí sería posible compatibilizar la Constitución Política del Estado que consolida el control estatal mayoritario sobre recursos estratégicos con un entorno atractivo para la inversión extranjera, siempre que el Estado traduzca sus principios en procedimientos previsibles y cumplibles. La clave no es cambiar la Constitución, sino operativizarla utilizando instrumentos como Hojas de ruta por proyecto que contemplen permisos ambientales, licencias previas y plazos y responsables; contratos bancables con asignación clara de riesgos, estabilización de sus regulaciones y la implementación del arbitraje neutral, ejecutable que garantice la seguridad jurídica y el acceso a una justicia imparcial entre partes.
También es necesario contar con un planteamiento serio respecto a un Gobierno corporativo entre la instancia del Estado que asumirá el control del proyecto con su contraparte financiadora con hitos de transparencia, como el cumplimiento ESG verificable y gestión social preventiva. Se requeriría de la implementación sostenible de un protocolo estatal de defensa (Ley 064) para asumir las eventuales controversias de manera profesional y sólida, Reportes públicos trimestrales de los hitos previamente definidos. Con estos mecanismos, ejecutados de una manera clara y transparente, la soberanía puede ejercerse sin cederse y, al mismo tiempo, podría bajar la prima de riesgo y habilitarse el financiamiento en mejores términos.
¿Usted cree que el actual gobierno llevó de manera adecuada las negociaciones con las empresas hasta llegar a los actuales contratos con la empresa china y la empresa rusa?
En la coyuntura existen aspectos objetivos que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, que el gobierno definió a YLB como contraparte, priorizó el método EDL e inició asociaciones de buena fe con los consorcios chino y ruso manteniendo el control estatal (≥51%) y objetivos de industrialización. Sin embargo, el proceso de negociación mostró déficits de bancabilidad: secuencia incierta de licenciamiento ambiental y aprobaciones legislativas, trazabilidad limitada de hitos (EPC, ejecución y mercados futuros), y heterogeneidad en cláusulas de estabilización, controversias e inmunidades, lo que sin duda eleva el costo de capital. También pesaron una serie de episodios de judicialización y conflictividad social. Entonces se podría decir que hubo dirección estratégica objetiva (tecnología, asociaciones, control público), pero la ejecución contractual y regulatoria aún no alcanza el estándar que exigen los inversionistas serios y los financiadores de primer nivel.
