La Paz, 13 de octubre (Urgente.bo).- La minería se ha convertido en un poder que el Estado no logra contener. Con miles de operaciones fuera del alcance del control, declaraciones “de buena fe” y una institucionalidad debilitada, Bolivia enfrenta un escenario donde la fiscalización es cada vez más un reto.

Los expertos e investigadores en minería, Héctor Córdova y Alfredo Zaconeta, advierten que la liberalización del comercio de minerales y el peso político de las cooperativas han creado un sistema donde la evasión y la ilegalidad florecen con impunidad.

Control limitado

El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), creado para controlar la comercialización y asegurar el pago de regalías, enfrenta un control imposible ante la cantidad de operaciones en el país. Alfredo Zaconeta subraya que la institución está afectada por falta de presupuesto, recursos humanos y coordinación.

“Resulta difícil esto por la institucionalidad que se ve afectada, tanto por presupuesto, por recursos humanos, por la coordinación que debería existir entre instituciones”, asegura y remarca que la debilidad del control se evidencia en la modalidad de declaración de los operadores.

“La forma de declaración es tan débil al Senarecom, que al final son eso: declaraciones. Porque no hay una validación exacta que te permite establecer, por ejemplo, la cantidad de oro que estaría produciendo una cooperativa. Lo que hacen es declarar a través del formulario que van a comercializar y es una declaración de buena fe”, asevera.

A pesar de estas dificultades, que incluyen el riesgo que implica ingresar a áreas donde hay actividades ilegales, incluso con gente armada, para Córdova, la institución ha tenido muchos éxitos en la detección de declaraciones falsas, lo que ha permitido corregir, multar y hacer pagar a los operadores. No obstante, indica, que también se dieron casos de corrupción, donde operadores pasaban la información que a ellos les interesaba registrar a los controladores.

 Ilegalidad y evasión fiscal

Una causa central del descontrol es la liberalización de la comercialización de minerales instaurada en Bolivia desde 1985. Héctor Córdova afirma que esta medida ha sido la más perjudicial para la economía boliviana.

"El 21060, es una de las medidas más fuertes, y para mí las que más ha perjudicado a la economía de Bolivia en toda su historia, ha sido liberalizar la comercialización de minerales", indica.

Esta liberalización coincidió con el crecimiento desmedido del cooperativismo minero, un factor que permitió la proliferación de una actividad poco regulada.

"Factores como la proliferación de una actividad tan poco regulada que es el actor cooperativista, que pasó del 2006 de 800 cooperativas en promedio al 2023 a más de 3200", sostiene Alfredo Zaconeta.

Por ejemplo, la evasión se intensifica con el uso indebido de la reducción de la regalía del oro del 7% al 2,5%, la cual se condicionó a ser extraído de yacimientos marginales operado en pequeña escala.

La reducción de la regalía minera del 7% al 2,5% se aplica en Bolivia para el oro en estado natural o en escama proveniente de yacimientos marginales operados por la minería de pequeña escala. Esta diferenciación en la alícuota de la Regalía Minera (RM) está establecida en la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia de 2014, y sus antecedentes normativos, como la Ley N° 4049 de 2009.

“Desde el día siguiente prácticamente que se emitió la norma para reducir la regalía de 7% a 2,5%, con esas dos condiciones de yacimiento marginal y operación a pequeña escala, todos los operadores han declarado que su yacimiento era marginal y su operación era de pequeña escala”, afirma Héctor Córdova.

Además, la comercialización ilegal incluye el robo de minerales (juqueo) y el subregistro de la producción por acuerdos con comercializadoras.

El rol político y la fragilidad institucional

El sector cooperativista ha consolidado una presencia efectiva en el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Este poder les permite definir la normativa minera y perfilar normativas a su favor o frenar aquellas que afecten sus intereses.

"Te das cuenta que están presentes en todas las instancias de decisión, en todas las instancias de gobierno, en los diferentes niveles, lo cual les permite perfilar normativas a su favor o frenar en caso de que alguna de estas normativas afecte a sus intereses", menciona Alfredo Zaconeta.

Para mejorar el control, Córdova plantea que, idealmente, se centralice la comercialización para simplificar el flujo. En caso de mantener el modelo actual, se requiere un trabajo estricto enfocado a las comercializadoras.

"Sobre todo hacer control, pero estricto, a las comercializadoras, si es que se las sigue manteniendo. Si se centraliza la comercialización ya esto se simplificaría muchísimo", asegura Córdova.

Para los funcionarios, que enfrentan condiciones de trabajo deficientes, Córdova resalta el riesgo de la corrupción por las dificultades en la remuneración y el control.

“Cuando un funcionario no es bien remunerado y a quien va a controlar le ofrece algunas ventajas, yo creo que la tentación es muy grande. Y para evitar que haya caídas, tiene que haber una protección del funcionario”, menciona.

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