En toda época de lluvias, La Paz ha sido y es una de las ciudades de Bolivia más castigadas y la que sufre las mayores emergencias debido a su sinuosa topografía y urbanizaciones periféricas en constante crecimiento, sin ningún plan regulador que ofrezca un buen acomodo y seguridad para un vecindario cada vez más apretado en su hábitat.
La urbe paceña, atravesada por más de 350 ríos, afluentes y riachuelos fue severamente dañada desde febrero del presente año, especialmente en la zona sur. El incremento en el caudal de los ríos que se desbordaron ocasionó a su vez sifonamientos, caída de taludes, inundaciones de barrios, puentes, vías y parques.
El récord de precipitaciones registrado en los últimos 30 años, se debe a que el fenómeno de “El Niño” experimentó un cambio, no solo a nivel nacional, sino internacional cuyos efectos se hicieron sentir en el occidente del país, principalmente en La Paz. Sin embargo, no se puede echar la culpa a la naturaleza únicamente porque la acción humana también tuvo mucho que ver con tanta desgracia e inseguridad para la población.
Al descuido en el mantenimiento de gaviones y muros de contención; falta de limpieza de sumideros y acumulación de basura en varios lechos de río se añade un gran problema que es el referido a las construcciones de viviendas, retiros y ampliaciones en lugares que contenían una serie de recomendaciones como zonas no aptas para todo tipo de edificaciones.
Las disposiciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) nunca fueron acatadas desde hace muchos años y los grupos de loteadores hicieron su agosto vendiendo a personas incautas terrenos que inclusive eran parte de áreas asignadas para equipamientos, campos deportivos, áreas verdes, etc. En ese sentido, el GAMLP debió atender todo esa problemática hábilmente legalizada.
La angustia de esa gente que habita los espacios comercializados por loteadores se incrementa en la época de lluvias porque provoca anegamientos, deslizamientos de tierras, hundimientos de suelo, desmoronamiento de paredes hasta la pérdida de viviendas íntegras, como sucedió en Bajo LLojeta que era un relleno de basura.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, por ejemplo, señaló a los loteadores como responsables del desbordamiento del río Aruntaya y mencionó que se formaron lagunas y represas, exacerbando el riesgo de inundaciones en la zona. El burgomaestre se pronunció -además- acerca de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario, que fue extendida hasta 2025 a través de la aprobación de la nueva Ley Nacional 302 y afirmó que esta normativa, que pone en peligro a las áreas protegidas, resguarda a los loteadores y avasalladores.
Muchas edificaciones realizadas por los areneros en aires de ríos considerados como propiedad municipal, eran demolidas en operativos conjuntos con la Policía, con el fin de preservar su uso. A este fenómeno se añade que los municipios de Palca, Mecapaca y Achocalla reclaman la supuesta jurisdicción sobre muchos terrenos, lo que les permite autorizar construcciones sin la debida planificación del área.
Los especuladores inmobiliarios encontraron una vía fácil para negociar y, sin escrúpulos, pagan a esos municipios para obtener permisos de construcción, poniendo en peligro la vida de aquellos que compran o toman posesión de esos terrenos. Lamentablemente, estos grupos siguen violando la ley sin que el GAMLP intervenga de manera drástica. Los efectos de esta situación se reflejan ahora en los desastres sufridos en el Distrito Sur.
Cuando llegue la época de estiaje, todos los servicios técnicos de la Alcaldía deben trabajar en la limpieza de cabeceras de ríos y riachuelos (saturados de basura y material de arrastre) así como de torrenteras y sumideros; verificando también la estabilidad de muros de las canalizaciones.
Adicionalmente los ríos deben tener un control desde su naciente con vertederos de gaviones para evitar avalanchas de sedimento. En este punto se debe hacer notar que ríos y riachuelos como el Utapulpera, Niño Kollo, Arcopunko, Koa Koa y otros echan sus aguas al Choqueyapu que en gran parte de su curso abierto sirve de basural a vecinos inescrupulosos. Lo mismo ocurre en Alto Miraflores, Villa Fátima, Minasa, El Carmen y otros de Villa Copacabana y San Antonio que arrojan sus aguas al Orkojahuira. Otros ejemplos son los ríos Collpajahuira que arrastra basura desde su cabecera y ocasiona sifonamientos en la calle 17 de Obrajes y el Huayñajawira que baja desde Palca con arrastre de material y basura, provocando el desborde en la canalización que colinda con la avenida Costanera de Calacoto.
Es fundamental proteger los terrenos baldíos que son espacios de equipamiento y áreas verdes municipales de la voracidad de los loteadores sin escrúpulos. Este trabajo debe ser prioritario tomando medidas decisivas para evitar cualquier tipo de abuso.
La responsabilidad de gestionar, conservar y limpiar los impactos causados por los ríos recae tanto en el GAMLP como en el Gobierno Central. Es imperativo abordar de esta manera colaborativa la problemática que ocasionan los loteadores con el objetivo de evitar mayores daños materiales y personales en La Paz, especialmente en la zona sur de esta ciudad.
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