La reciente decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) de trasladar la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025 desde Santa Cruz de la Sierra hacia Asunción, Paraguay, constituye no solo un revés logístico, sino una fractura simbólica en el andamiaje de aspiraciones deportivas y urbanas que Bolivia venía cimentando con esmero.
El estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, epicentro de esta controversia, fue objeto de una inspección técnica cuyos resultados fueron, en palabras del propio organismo rector, “desalentadores”. El informe concluyó que las obras de refacción y adecuación del recinto estaban “fuera de cronograma”, y que los plazos razonables para su culminación se habían agotado. En términos de ingeniería civil, podríamos decir que el proyecto entró en una fase de obsolescencia programada: no por la edad de sus estructuras, sino por la inercia institucional que impidió sincronizar los tiempos de ejecución con los estándares internacionales exigidos para un evento de tal magnitud.
La CONMEBOL, en cumplimiento de su protocolo para finales únicas, optó por la ciudad sede de la edición anterior, Asunción, que ya cuenta con la infraestructura probada y la experiencia logística requerida. Esta decisión, aunque técnicamente justificada, deja al descubierto una falla estructural en la planificación boliviana: una especie de “colapso por carga viva”, donde el peso de las expectativas superó la capacidad portante de las gestiones locales.
Desde una perspectiva crítica, el retiro de la sede no puede analizarse únicamente como una consecuencia de retrasos constructivos. Es también el síntoma de una desconexión entre el discurso político-deportivo y la praxis ejecutiva. La inversión prometida, aunque ratificada por la CONMEBOL para futuras ediciones, no logró traducirse en avances tangibles que permitieran sostener la designación. En términos de resistencia de materiales, podríamos decir que la voluntad fue dúctil, pero la ejecución fue frágil.
El impacto económico y simbólico de esta decisión es de magnitud sísmica. Sectores como el turismo, la hotelería y los servicios proyectaban una inyección de capital ( 50 millones de dólares) que ahora se ha evaporado como concreto mal curado bajo el sol cruceño. La Cainco y el Santa Cruz Convention & Visitors Bureau han calificado el hecho como un “daño” a la imagen de la ciudad como anfitriona de eventos internacionales. Y no es para menos: perder una final continental equivale a desmontar un puente antes de que se haya inaugurado.
Bolivia, y particularmente Santa Cruz, queda ahora en la incómoda posición de tener que revalidar su capacidad organizativa ante los ojos de una región que observa con lupa. La postulación para la final de 2027 ya ha sido presentada, con el respaldo de cinco federaciones sudamericanas. Pero el desafío no será solo político: será técnico, logístico y simbólico. Se trata de reconstruir, no solo un estadio, sino la credibilidad de un país que aspira a ser protagonista en el concierto deportivo continental.
En suma, el retiro de la sede no es un castigo, sino un diagnóstico. Y como tal, exige tratamiento. Que este episodio sirva como catalizador para una nueva ingeniería del compromiso, donde los planos no se queden en papel y las obras no se hundan en el barro de la burocracia.
No obstante, reducir el fracaso de Santa Cruz como sede a una mera negligencia administrativa, sería incurrir en una simplificación estructural impropia de un análisis riguroso. El problema no radica únicamente en los actores visibles —municipalidades, gobernaciones o federaciones deportivas— sino en una cadena de responsabilidades compartidas que involucra al Estado central, al sector privado y a la ciudadanía misma. La falta de articulación interinstitucional, la ausencia de mecanismos de fiscalización técnica y la escasa cultura de planificación urbana revelan una falla sistémica: como en una cimentación mal calculada, el peso de las promesas terminó por agrietar los pilares de la ejecución.
Además, es preciso reconocer que el retiro de la sede expone una tensión más profunda entre el deseo de internacionalización deportiva y la realidad infraestructural del país. Bolivia aspira a ser parte del circuito de grandes eventos, pero aún no ha desarrollado una ingeniería de gestión que permita sostener esas ambiciones con solvencia. La CONMEBOL no solo evaluó el avance físico de las obras, sino también la capacidad de respuesta ante imprevistos, la logística de transporte, la conectividad aérea y la seguridad urbana. En todos esos aspectos, Santa Cruz mostró vulnerabilidades que no pueden atribuirse exclusivamente a una alcaldía o a un contratista. Se trata de una falla de diseño institucional, donde el plano político no conversa con el plano técnico, y donde los cálculos de impacto social no se integran al modelo estructural del desarrollo.
La reaparición del gobernador Luis Fernando Camacho en funciones marcó un punto de inflexión en la narrativa institucional: ante la presión creciente de la CONMEBOL y el informe técnico que evidenciaba el retraso crítico en las obras del estadio Tahuichi, Camacho salió al frente con una declaración lapidaria —“por más voluntad que exista, no da tiempo para terminar el estadio”—, subrayando que los recursos no estaban disponibles ni garantizados. Esta admisión pública, lejos de ser una estrategia de contención, terminó por sellar el destino de la sede, al evidenciar que el proyecto carecía no solo de ejecución, sino de solvencia estructural.
Como dato revelador, vale la pena recordar que, en los últimos cincuenta años, la única obra civil en Bolivia que fue entregada conforme a planificación, cronograma y estándares técnicos fue el Hospital Gastroenterológico de La Paz, emplazado en el complejo hospitalario de Miraflores. Esta infraestructura fue patrocinada, financiada, comprometida y ejecutada íntegramente por la Cooperación Japonesa JICA, lo que evidencia que cuando el rigor técnico se impone sobre la improvisación política, los resultados son tangibles y sostenibles.
La retirada de la sede no solo despoja a Santa Cruz de un evento deportivo, sino que desnuda una cultura institucional donde los proyectos se conciben como promesas y no como compromisos. Si el país aspira a ser protagonista en el escenario internacional, deberá primero reconciliarse con la disciplina del cumplimiento, donde los planos se ejecutan, los plazos se respetan y la palabra empeñada se convierte en estructura.
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