La Cámara de Diputados aprobó este viernes el informe final de la Comisión Especial que investigó presuntas irregularidades en el suministro de combustibles por parte de la subsidiaria Botrading a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y remitió el caso a la Contraloría General del Estado.
Las tres recomendaciones del informe aprobado en la sesión de este viernes son las siguientes: Remitir el informe a la Contraloría General del Estado para que, en caso de confirmar indicios de delitos, se derive el caso al Ministerio Público y se ordenen auditorías forenses integrales; enviar el informe al Presidente del Estado para que considere medidas preventivas y correctivas ante los hallazgos; y aprobar el informe conclusivo por parte del pleno de la Cámara de Diputados, lo cual se cumplió durante la sesión.
La Comisión Especial fue conformada el 27 de marzo de 2025 con un mandato de 60 días, bajo la presidencia del diputado José Luis Flores Colquillo, junto a sus colegas Miriam Martínez y Lidia Tupa (MAS-IPSP), además de Enrique Urquidi y Carlos Alarcón (CC), y Rosa Áñez (CREEMOS).
Entre el 21 y 24 de abril, la comisión entrevistó a autoridades de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, quienes respondieron preguntas formuladas por los miembros de esta instancia legislativa.
El 30 de abril se abrió una convocatoria pública para que ciudadanos, autoridades e instituciones aporten información sobre el caso. Luego, el 7 de mayo se citó a representantes de Botrading y de YPFB, aunque solo asistió el gerente general de YPFB Logística, Joel Antonio Callaú Justiniano.
En la fase final se analizaron documentos adicionales remitidos por YPFB, así como una denuncia ciudadana, lo que permitió consolidar el informe final.
La comisión de diputados, que indagó el caso Botrading, aprobó su informe en el cual se señalan indicios de cinco tipos de delitos que se habrían cometido con esta subsidiaria de YPFB, que van desde los sobreprecios, negociados y falsedad ideológica. Recomendó que la Contraloría investigue estos elementos para analizar si los remite a la instancia penal.
La semana pasada el fiscal Omar Yujra informó que la Fiscalía había abierto una investigación preliminar por presunto sobreprecio en la importación de combustibles en el caso Botrading y que involucra a más de cinco personas, entre ellas funcionarios de la estatal petrolera y una ciudadana de nacionalidad paraguaya, representante de la empresa con sede en Asunción.
En agosto psado, el diputado Enrique Urquidi expresó su molestia de que el presidente de Diputados, Omar Yujra, no incluya en la agenda el tratamiento del caso en el plenario.
“En realidad, desde fines de mayo, cuando se entregó el informe de (para) que de una vez se agende este tema, porque lo contrario va confirmar las sospechas que hemos manifestado y que aquí existe una estrategia de encubrimiento a los funcionarios, al Gobierno de (Luis) Arce y a todos quienes han estado involucrados en estas evidentes irregularidades en la compra y venta de combustibles”, consideró.
El diputado sostuvo que el daño económico al Estado sería de entre $us 200 y 300 millones. “Esa es una estimación producto del trabajo de la comisión especial. Nosotros hemos trabajado 60 días, pero hemos logrado identificar, porque hemos trabajado creo yo de manera muy responsable y muy rigurosa, pero esa determinación del número cerrado y de los nombres y apellidos de los responsables, es un trabajo que lo tiene que hacer la Contraloría y el Ministerio Público”, aclaró.
Una primera irregularidad es que la subsidiaria fue creada en ese país y bajo sus normas para evitar controles y eludir la legislación boliviana y tener “cheque en blanco en la compra venta de combustible”. “Fue creada para reducir el precio de importación, pero este objetivo nunca fue alcanzado y la empresa no generó ningún beneficio”, aclaró Urquidi.
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