3 de septiembre (Urgente.bo).- La pandemia del Covid-19 obligó a Guillermo Aponte a salir del país en busca de atención médica, ante un sistema de salud saturado que impedía recibir tratamiento seguro para problemas complejos. En 2020, Aponte dejó a su familia y sus funciones como presidente del Banco Central de Bolivia (BCB).
Esta semana se resolverá un proceso judicial que, según su familia, se trata de una “persecución política” vinculada a un caso secundario abierto tras la asunción del gobierno de Luis Arce en 2021.
Sus familiares, que prefieren mantenerse en el anonimato, brindaron detalles a Urgente.bo sobre los procesos que pesan contra el exfuncionario del BCB y su solicitud para que el apuntado por la justicia pueda regresar al país antes de una audiencia clave de este viernes.
¿CUÁL ES EL TEMA?
Aponte está involucrado en un caso judicial derivado de la gestión de la asistencia financiera de emergencia que Bolivia solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020 (durante el gobierno de Jeanine Añez) bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) de una suma aproximada de US$327 millones (DEG 240,1 millones).
Según se conoce la operación fue autorizada por el Directorio Ejecutivo del FMI y ejecutada conforme a la normativa internacional y nacional, empero la Fiscalía General del Estado presentó cargos contra Aponte, Áñez y el exministro de Economía José Luis Parada, alegando que la gestión de estos recursos se hizo sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El caso fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y luego a la ALP para que ejerza su competencia en el Juicio de Responsabilidades. Sin embargo, por el mismo caso se abrió otro proceso penal ordinario a cargo del BCB y autoridades gubernamentales, que está próximo a sentencia. La audiencia se desarrollará este viernes, donde se decidirá el destino judicial de estas tres autoridades.
POSTURA DEL ENTORNO DE APONTE
Los familiares aseguran que el caso judicial presenta incongruencias y sostienen que Aponte debería ser juzgado conforme a lo dictado en primer instacnia mediante un Juicio de Responsabilidades. “No corresponde que se haya iniciado un juicio penal. Argumentaron que no se solicitó autorización parlamentaria para esa operación, y no era necesario”, señalaron.
Recordaron que casos similares ocurrieron durante el gobierno de Evo Morales en 2009, cuando el entonces ministro Luis Arce realizó operaciones con Derechos Especiales de Giro por dólares sin requerir aprobación legislativa. Asimismo, afirmaron que lo mismo paso en el gobierno del ahora presidente Arce; la familia resalta que en ninguno de esos casos se pidió autorización del Congreso.
¿QUÉ PIDEN?
Los familiares consideran que Aponte no puede regresar al país por este proceso y lo catalogan como un “perseguido político”. Denuncian que durante las audiencias virtuales no se le permite ingresar, limitando su derecho a defensa presencial.
Piden que su caso sea anulado y trasladado a un Juicio de Responsabilidades, como ocurrió con la expresidenta Áñez y el gobernadorde Santa Cruz Luis Fernando Camacho, para que sea el Parlamento el tribunal competente y determine la continuidad o no del proceso. “El viernes se deberían anular este proceso y remitirlo a juicio de responsabilidades”, sostuvieron.
Hace días, la defensa de los acusados, incluido Aponte, rechazó el proceso por supuestas irregularidades. Señalan falta de pruebas, ausencia de garantías y doble juzgamiento, mientras que la acusación gubernamental sostiene que la transacción fue onerosa y se realizó sin aprobación legislativa. La decisión final se conocerá este viernes.
