En los últimos días hemos visto cómo un sector de la juventud afín a la alianza Libre tomó las calles para exigir una auditoría a los resultados preliminares del balotaje presidencial del domingo 19 de octubre que dieron por ganador a Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Recurriendo a pancartas, gritos y acusaciones —particularmente el ya desgastado “masista” dirigido a cualquiera que no se alinee con su discurso—, pareciera que estos jóvenes están convencidos de que su propuesta es la salida ideal. Pero, ¿han pensado realmente en las consecuencias de lo que piden o es la antesala de la construcción de una narrativa?
Pongamos las cartas sobre la mesa. Si se autoriza una auditoría, luego van a pedir una medida cautelar al Tribunal Constitucional para que hasta no se tenga el resultado todo quede en puntos suspensivos. Entonces, ¿quién gobernará durante ese proceso? Alguien tiene que ocupar la presidencia del Estado desde el sábado 8 de noviembre. ¿Seguirá Luis Arce como mandatario transitorio? ¿O asumirán David Choquehuanca o Andrónico Rodríguez? No hay vacío de poder posible y los tres están actualmente en el país. Recordemos que la última auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2019 tomó cinco meses. ¿Qué nos hace pensar que ésta será más corta? Peor aún: ese periodo puede servir de excusa para extender el mandato de quien se encuentre al mando del país.
Entonces, ¿es viable sostener una auditoría que puede alargarse incluso siete meses o más en un contexto tan volátil? Mientras tanto, todo se congelaría: autoridades de los tres niveles del Estado se mantendrían en sus cargos y el país entraría, una vez más, en un limbo institucional. ¿Es ese el futuro que queremos? ¿Estamos realmente conscientes del tiempo y las oportunidades que Bolivia puede perder?
Hasta ayer, 21 de octubre, no se presentó una sola impugnación oficial a las actas electorales en ninguno de los Tribunales Departamentales Electorales (TED) del país. Ni una. Por otra parte, los veedores de la OEA y de la Union Europea ya emitieron sus informes sobre la jornada de votación, sin observaciones de relevancia. Sin embargo, desde las calles y las redes sociales, grupos de jóvenes liderados por el famoso Pablo Quispe, excandidato de Libre, rechazan la derrota de Tuto Quiroga y claman fraude, incitando a la confrontación. ¿Dónde están sus pruebas concretas? ¿Dónde están las copias de las actas objetadas por los delegados de mesa y jefes de recinto de su alianza?
También hoy, en conferencia de prensa, el jefe de campaña de Libre, Luis Vásquez Villamor, exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la entrega de las 34.000 actas para realizar una “verificación interna”, aclarando que no denuncian un fraude, pero que se precisa una revisión (¿?). No nos llama la atención esta solicitud porque tienen pleno derecho para hacerlo, empero, hay una peligrosa ambigüedad en estas declaraciones: se instala la duda, pero se aclara que no es una acusación; se siembra desconfianza y se hace ruido mediático, sin activar los recursos institucionales correspondientes en los plazos legales.
Recordemos que hasta la siguiente semana, estos jóvenes seguirán movilizados y los plazos ya habrán corrido. Entonces, ¿están jugando con las emociones de sus partidarios? Incluso el secretario nacional de Libre, Tomas Monasterios, instó a la realización de una auditoria técnica pero, al igual que Vásquez Villamor, no denunció fraude. ¿Se busca forzar una narrativa para llegar a una prórroga presidencial y de los legisladores nacionales mientras se lleva adelante la auditoria, aun sabiendo que es fundamental entender el principio de preclusión consagrado en la Ley del Régimen Electoral? Este principio indica que cada etapa del proceso electoral tiene plazos que no esperan a su reunión de la próxima semana. Si hubo dudas u observaciones, debían presentarse oportunamente, en el momento de producirse el escrutinio. Las reglas son claras. Pero, claro, alimentemos el clamor de la auditoría para mantener a los jóvenes en las calles de varios departamentos del país.
Surge otra pregunta clave: ¿Quién está asesorando a estos jóvenes? ¿O actúan desde la ingenuidad, acusando de masistas a unos, mientras, sin querer, intentan favorecer políticamente a otros? ¿Acaso creen que hacer política es solo pararse en las esquinas a gritar “¡auditoría!”, sin entender el peso institucional y los riesgos de ese procedimiento? Porque, visto desde afuera, pareciera que están jugando con la intención de una prórroga que dicen combatir.
Lo más preocupante es que, al igual que en otras épocas en las que se acusó al masismo de utilizar a jóvenes para manifestaciones políticas, hoy vemos una repetición del libreto por parte de quienes se hacen llamar demócratas: se moviliza a sectores juveniles sin una comprensión real del proceso electoral y sus etapas, sin información verificada. Jóvenes valiosos convertidos en piezas de ajedrez emocional, más útiles como presión que como actores críticos e informados.
Aquí hay una contradicción todavía más profunda. Algunos líderes políticos de esa alianza —empezando por Quiroga y terminando en Vásquez Villamor— aceptaron públicamente los resultados electorales el mismo domingo. Sin embargo, sus bases continúan llamando a la movilización en nombre del bloque de juventudes de Libre al que representan. En algunos departamentos, incluso son las bancadas de los asambleístas electos los que supuestamente desoyen la línea de sus jefaturas. Entonces, ¿dónde está la disciplina interna? ¿Cómo pretenden controlar las decisiones en bloque cuando asuman en la Asamblea Legislativa, si sus propios militantes no respetan las determinaciones de sus dirigencias?
Este escenario deja muchas dudas sobre la madurez política y el movimiento juvenil que hoy levanta la voz. La participación es vital, sí. La movilización social, también. Pero ninguna de las dos tiene sentido si no vienen acompañadas de estrategia, análisis de contexto y, sobre todo, responsabilidad con el país.
La democracia no se defiende con pancartas sin pruebas. Se defiende con instituciones firmes, con respeto a las reglas y con la honestidad de aceptar los resultados incluso cuando son desfavorables. La pregunta ya no es solo si una auditoría es posible, sino si estamos dispuestos a pagar el precio que ello puede traer bajo la crisis que asfixia actualmente a Bolivia.
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