A propósito de la llamada Bolivia Digital, quisiera reflexionar en esta ocasión sobre Facebook Marketplace, una herramienta de comercio electrónico que poco a poco se ha ido popularizando en el país como una opción gratuita y de fácil uso para quienes buscan oportunidades de compra y venta. Sin embargo, este auge digital choca con una realidad muy concreta: la falta de una infraestructura logística confiable y de espacios públicos organizados que permitan materializar ese comercio de manera segura y ordenada.
El alcance de Facebook en Bolivia
Según los datos más recientes de DataReportal y otros informes de mercado, Facebook sigue siendo un actor central en la vida digital boliviana. A inicios de 2024, se registraban alrededor de 7,55 millones de usuarios activos en el país, lo que representa aproximadamente el 60,5 % de la población total. Se estima que actualmente el alcance bordea los 7,6 millones de usuarios. Estas cifras reflejan con claridad la magnitud de la audiencia potencial y el peso que tiene esta plataforma en la economía cotidiana.
Marketplace como alternativa en un contexto limitado
El crecimiento del uso de Facebook en Bolivia convive, sin embargo, con un mercado de comercio electrónico que aún navega en aguas poco profundas. A diferencia de muchos países donde la compra en línea está acompañada de servicios de entrega a domicilio confiables y extendidos, en Bolivia esta opción sigue siendo limitada. Como consecuencia, los usuarios recurren a un mismo modus operandi: concertar encuentros presenciales para entregar y recibir los productos. “Como ya no hay correos, no nos queda más remedio que coordinar la entrega en un lugar convenido común”, describe un vendedor paceño entrevistado para este artículo.
Uno de los puntos más utilizados, por ejemplo, en la ciudad de La Paz es la entrada de la oficina de Correos de Bolivia. Paradójicamente, aunque esta institución no realiza entregas desde hace años, su sede continúa siendo un punto de referencia. Allí se puede observar a decenas de personas con paquetes en mano: algunos esperando, otros entregando, otros negociando precios. La puerta, las aceras y hasta la jardinera del frente se transforman en un improvisado mercado persa.
Las coordinaciones para concretar la entrega suelen cerrarse con frases como: “Te reconozco, voy con chamarra azul, pantalón verde, gorra y lentes”, “¿Tú cómo vienes vestido?”.
Y cuando aparece un guardia anunciando con voz firme que “no está permitido vender aquí”, la transacción a medio camino muchas veces obliga a mudarse a otra calle.
¿Por qué ocurre esto?
Lo más llamativo de esta escena no es solo su informalidad, sino el contexto en el que ocurre. A nivel global, gobiernos y municipios han promovido activamente la economía digital, la logística de última milla y los puntos de encuentro seguros para compras en línea. En Bolivia, en cambio, sucede casi lo contrario: persiste la desconfianza en los pagos digitales, hay carencia de servicios profesionales de entrega y la normativa urbana no está adaptada a estas nuevas prácticas de intercambio.
Ante la inexistencia de una empresa logística eficiente o masiva a nivel nacional, la solución termina siendo el intercambio presencial, con algunas ventajas evidentes, pero también con riesgos cada vez más frecuentes. La inseguridad, los robos y las estafas se suman a situaciones de conflicto entre compradores y vendedores, muchas veces provocadas por malentendidos, cambios de precio de último momento o productos que no cumplen lo ofrecido. A ello se añade la improvisación constante, la ocupación indebida del espacio público y las molestias tanto para los propios ciudadanos como para el entorno urbano, generando tensiones con vecinos, comerciantes formales y autoridades municipales.
De lo informal a lo visible: la necesidad de espacios seguros
Para que el comercio electrónico y el intercambio entre particulares puedan desarrollarse con mayor fuerza en Bolivia, no basta con contar con millones de usuarios en Facebook. Se requiere infraestructura promovida desde los gobiernos municipales: espacios públicos o semipúblicos, oficiales, que permitan a compradores y vendedores reunirse en condiciones dignas, seguras y vigiladas.
Por ello, la propuesta es clara y directa para todos los candidatos a alcaldes del país: los municipios, en coordinación con las autoridades de comercio local podrían habilitar “puntos oficiales de entrega y recogida”. Áreas amplias en zonas céntricas, dotadas de vigilancia, cámaras de seguridad, iluminación adecuada, mobiliario básico, techado y horarios definidos, e incluso lockers empotrados; espacios claramente identificables donde la ciudadanía pueda realizar transacciones con condiciones mínimas de seguridad.
Este nivel de institucionalidad no solo fortalecería la confianza en el comercio entre particulares, sino que permitiría avanzar hacia la formalización de un mercado que ya existe —aunque hoy de manera precaria—, atrayendo también a compradores más reticentes, especialmente a quienes desconfían de los pagos anticipados o de los envíos nacionales.
Mientras que las plataformas globales de comercio electrónico operan con servicios logísticos integrados, en Bolivia el liderazgo lo lleva, paradójicamente, una red social. Facebook Marketplace se ha convertido en una suerte de mercado informal digital: un espacio donde convergen intereses, necesidades y oportunidades, pero que aún se sostiene principalmente sobre la informalidad como estructura.
Al no existir un ecosistema robusto que combine plataforma, logística y normativa urbana, el comercio electrónico boliviano se mantiene a duras penas gracias a la voluntad individual de vendedores y compradores.
Y ahí radica la paradoja final: en un país con más de 7,5 millones de personas en Facebook, con una penetración de Internet superior al 70 % y con el teléfono móvil como principal herramienta de conexión, ¿por qué no aprovechar ese potencial para impulsar un comercio electrónico más seguro, estable y organizado?
Una pregunta que interpela directamente a todos los potenciales candidatos a las alcaldías de Bolivia.
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