La mayoría de las propuestas de las organizaciones políticas que terciarán en las elecciones de agosto próximo plantean, como solución a la actual crisis, la implementación de medidas que implican una transición del actual modelo estatista a un nuevo sistema que privilegie la participación del sector privado en la economía, bajo un paradigma más liberal y abierto a la iniciativa individual y empresarial.
Dado el fracaso del modelo vigente, ningún boliviano de buena fe puede cuestionar la necesidad de este cambio. Sin embargo, los discursos electorales chocan con un marco normativo que prioriza, de forma explícita y estructural, el control estatal en la economía.
En efecto, la Constitución boliviana, vigente desde 2009, ha impuesto un modelo estatista, centralista y contrario a la lógica del mercado, que otorga al Estado un rol hegemónico en la economía y limita, en los hechos, el despliegue pleno del sector privado.
Si bien la CPE reconoce la iniciativa privada (Art. 308) y garantiza la libertad de empresa, en los hechos la subordina a un conjunto de limitaciones y controles que restringen su alcance real. La llamada “economía plural” no promueve una competencia abierta, sino una articulación sujeta a principios como la reciprocidad, la redistribución y la soberanía, que terminan siendo conceptos jurídicamente vagos, operativamente restrictivos y siempre subordinados a la voluntad política.
El Estado asume un rol protagónico y planificador (Art. 316) y se reserva el derecho de intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos (Art. 311.1), lo que le permite competir, regular y definir condiciones de mercado al mismo tiempo. Además, la creación arbitraria de empresas sociales (Art. 54) y la facultad del Estado de producir directamente bienes y servicios (Art. 390.3) distorsionan las reglas de juego, inhiben la inversión y disuaden la innovación.
Asimismo, la CPE incorpora mecanismos de control y exclusividad estatal sobre sectores como hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones y otros (Art. 348 en adelante), donde el Estado no solo administra, sino que excluye a los privados de la propiedad y comercialización directa. En este esquema, la participación privada solo es posible bajo contratos subordinados, sin garantías, y con riesgo de reversión si se considera que no cumplen criterios sociales, ambientales o técnicos (Art. 358).
La consulta previa obligatoria (Art. 30 y Art. 352) en la práctica se ha convertido en un instrumento de bloqueo e incertidumbre jurídica. La ausencia de procedimientos claros y de límites definidos, convierte toda inversión en el área rural o extractiva en un terreno gris e inseguro, como se ha evidenciado en los casos del litio y los hidrocarburos.
Asimismo, la Constitución no establece límites al poder económico estatal. Mientras prohíbe los monopolios y oligopolios privados (Art. 314), autoriza los monopolios estatales (Art. 316.8), creando un escenario desigual y poco competitivo.
Este marco normativo tiene consecuencias directas sobre los emprendimientos privados que enfrentan una doble exclusión: no acceden a los privilegios ni subsidios estatales, ni gozan de un mercado abierto donde competir en igualdad de condiciones.
La priorización del sector comunitario y cooperativo, la función social de la propiedad, la protección jurídica de tierras colectivas (Art. 394) y la preeminencia de la inversión pública sobre la privada (Art. 320), configuran un entorno donde el emprendedor privado es apenas tolerado, pero no promovido.
En este contexto, no podemos hablar seriamente de cambiar el modelo sin tocar las reglas del juego, ni de promover inversión sin reformar un marco legal que la limita. Mientras la CPE restrinja la inversión privada, desincentive el riesgo empresarial y bloquee el acceso libre a recursos y mercados, no será posible construir una economía de mercado eficiente y competitiva.
Pretender una transición hacia un modelo más liberal, más abierto al capital privado, sin revisar el marco constitucional y legal, es ignorar la raíz del problema. Las leyes derivadas de la CPE están diseñadas para consolidar el poder económico del Estado, no para cederlo ni compartirlo. La función empresarial del Estado, en lugar de ser subsidiaria o complementaria, es hegemónica, y casi siempre actúa con escasa eficiencia y con alta vulnerabilidad a la corrupción y el favoritismo político.
Una economía verdaderamente dinámica necesita algo más que discursos: requiere seguridad jurídica, reglas claras y libertad para producir. Bolivia no podrá avanzar hacia una economía moderna, inclusiva y productiva mientras mantenga un diseño constitucional que limita, condiciona y regula en exceso la actividad privada. Es hora de abrir un debate serio sobre la necesidad de reformas estructurales, que permitan transitar de un estatismo asfixiante hacia una economía de mercado, donde el Estado regule, apoye y proteja, pero no compita, no monopolice, ni ahogue al empresario.
///
