La conflictividad en mayo será intensa: las elecciones judiciales están anuladas y la Asamblea definirá el reinicio del proceso, por mandato de una sala constitucional, el Gobierno necesita recursos que no se aprueban en el Legislativo para lo que ha sumado la presión de los gobernadores, mientras que los arcistas y evistas se preparan para lo que podria ser inevitable, el enfrentamiento en las calles.

El cuarto mes del año se ha cerrado con un par de medidas que anticipan una mayor conflictividad para este mayo, que es considerado como fundamental para el mapa político caracterizado por la disputada interna del Movimiento Al Socialismo. Por un lado, una Sala Constitucional del departamento de Pando devolvió a fojas cero el ya complejo proceso de las elecciones judiciales y por el otro, siete gobernadores cerraron filas en torno al presidente Luis Arce para demandar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de créditos para la ejecución de proyectos.

En este contexto de disputa política se realizará el Congreso Nacional del Movimiento Al Socialismo del arcismo en El Alto, aunque no ha logrado el aval del Tribunal Supremo Electoral. Mientras que el evismo conmina a las autoridades a que su encuentro también sea aprobado.

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Esta tarde, la Sala Constitucional Primera de la ciudad de Cobija falló a favor de una acción popular y dejó sin efecto el proceso de selección de magistrados para las elecciones judiciales, con el argumento de que fueron vulnerados los derechos de mujeres indígenas del departamento en la Ley 1549 de convocatoria al proceso electoral.

La acción popular fue presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Yeni Duri, que no se presentó como postulante ni tiene que ver con el proceso y denunció "discriminación" a mujeres de su región. En su demanda, citó a la postulante inhabilitada Mineya Lucindo.

“En una nueva maniobra perversa e infame, el gobierno de Luis Arce, a través de una conjura entre una exdiputada masista y dos vocales de la Sala Constitucional de Pando, acaba de suspender las elecciones judiciales. El plan de Arce de impedir el cumplimiento de la CPE y gobernar con la complicidad de los autoprorrogados está en marcha. Tamaña violación a los derechos de todos los bolivianos es un nuevo golpe dictatorial con el órgano judicial como martillo”, denunció el líder de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

La comisión mixta de Constitución convocó a sus integrantes, de emergencia, para tomar una decisión sobre este fallo judicial. La senadora Andrea Batrrientos calificó como una “aberración” la decisión de la jueza Celsa Salazar Rodas y del vocal Jorge Luis Sotelo Beltrán.

CONSEJO DE AUTONOMÍAS

Más tarde, el presidente Arce y siete de los nueve gobernadores departamentales se declararon en estado de emergencia por el bloqueo económico de la Asamblea Legislativa Plurinacional y demandaron la aprobación de créditos estancados por decisión de legisladores evistas y de la oposición.

La determinación fue asumida en la Decimoquinta Sesión del Consejo Nacional de Autonomías que se realizó en la Casa Grande del Pueblo, bajo la conducción del presidente Luis Arce y la presencia de 25 de 27 de sus integrantes, entre ellos siete gobernadores, incluyendo el de Santa Cruz.

“Ante el bloqueo económico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los miembros del Consejo Nacional de Autonomía nos declaramos en estado de emergencia”, refiere el punto quinto de la resolución 16 aprobada por el Consejo, que es el máximo espacio de coordinación entre el nivel nacional y los niveles subnacionales de gobierno.

Seguidamente exhortó a “la Asamblea Legislativa Plurinacional se viabilice la aprobación de leyes económicas de créditos externos que benefician la reactivación económica de las entidades territoriales autónomas del país”.

Hasta principios de abril estaban paralizados de aprobación en el Legislativo más de $us 900 millones, como consecuencia de un pacto entre legisladores evistas y las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). Condicionan su viabilización a la aprobación de leyes en contra de la prórroga de mandato de las máximas autoridades judiciales de Bolivia, pese a un acuerdo político de febrero.

AMENAZA DEL EVISMO

Tras reunirse cen Cochabamba, el Pacto de Unidad del ala “evista” anunció que está otorgando un plazo hasta el 18 de mayo para que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y del órgano Judicial atiendan sus demandas, porque de lo contrario comenzará las movilizaciones en junio.

Los “evistas” exigen que se vayan los magistrados prorrogados y se realicen las elecciones judiciales, además de que el Tribunal Supremo Electoral garantice la supervisión al Congreso del MAS convocado para Villa Tunari.

En particular se refirió al Tribunal Electoral, al cual advirtió que se “verán en las calles” si no garantiza el Congreso del MAS de Villa Tunari.

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