En el preámbulo de nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 se consagra la memoria histórica de las luchas emancipadoras de los pueblos y se declara, por fin, la vigencia de un pacto político igualitario, originado desde las mayorías históricamente excluidas y desde las subjetividades negadas. Fue la Asamblea Constituyente un espacio inédito donde, por primera vez, la política se incluyó real y materialmente a todas las civilizaciones convertidos en lo que se conoce como los abajo, lo Indígena Originario Campesino (IOC), lo popular y desde las heridas no cerradas se logró una primera y única norma suprema democrática en el que, el soberano refrendó su vigencia con más del 61% de votos y la participación de más del 90% de las y los empadronados en el sistema de la entonces Corte Nacional Electoral.

No se trató solamente de redactar una nueva Constitución, sino de fundar otro horizonte civilizatorio, donde la democracia no sea una concesión del poder, sino una construcción colectiva del “nosotros y nosotras” plurinacional. Tal cual quedara testimoniado en el Preámbulo Constitucional la voluntad constituyente de entonces en el siguiente manifiesto:

“(…) Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. (…) Que, el pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado”.

Sin embargo, aquel espíritu constituyente que nos llevó a superar la forma estatal colonial, racista, monocultural y patriarcal, no ha logrado traducirse en las prácticas cotidianas del poder político o de y desde los actores políticos (los decisores), y olvidados también por la población. Hecho que hoy es evidente, tanto que se puede calificar de RETOCESO, especialmente en contextos electorales. Hoy, ante las elecciones generales de 2025, se hace evidente que el racismo estructural sigue siendo un dispositivo activo en los discursos, gestos, silencios y símbolos de quienes aspiran a dirigir el país.

La persistencia del racismo estructural en el Estado Plurinacional

Como advertía Enrique Dussel, la modernidad se construyó no en Europa, sino desde la invasión colonial de 1492, y se sostuvo sobre la negación del Otro: “la constitución del ego conquiro es previa al ego cogito”. Es decir, la dominación epistemológica y cultural precedió a la racionalidad ilustrada. Bolivia, incluso como Estado Plurinacional, aún no ha roto con ese ego conquiro que sigue anidando en nuestras élites políticas, empresariales, mediáticas y académicas.

El racismo estructural en Bolivia no se expresa únicamente en insultos o agresiones, sino en formas más sofisticadas, naturalizadas e institucionalizadas, que se disfrazan de “modernidad”, “gobernabilidad” o “mérito”. Como afirma Ramón Grosfoguel, vivimos bajo un sistema-mundo en el que la colonialidad del poder se reproduce mediante jerarquías globales de conocimiento, humanidad y espiritualidad. Y Bolivia no escapa a esa matriz colonial, aunque lo pretenda.

Las elecciones de 2025 revelan con claridad estos mecanismos de exclusión racial y epistémica. Los discursos de unidad que niegan la pluralidad, la exaltación de un solo idioma, el castellano y sumarle como algo superior la enseñanza de idiomas extranjeros, por encima de los 36 idiomas oficiales, el uso exclusivo de la tricolor en actos oficiales, o la ausencia de propuestas reales para la democracia comunitaria y la Justicia indígena Originaria Campesina (JIOC), no son actos neutros, sino expresiones de una continuidad colonial que resiste a ser desmantelada.

El idioma como frontera del poder colonial

La sobrevaloración de idiomas extranjeros frente a las lenguas Indígenas Originarias Campesinas – precoloniales, es una de las formas más insidiosas de racismo cultural. En palabras de Fausto Reinaga, “cuando nos quitaron la lengua, nos despojaron del alma”. El idioma no es solo un medio de comunicación, es territorio simbólico, es memoria, es resistencia

En este sentido, el hecho de que postulantes a la presidencia no hablen ningún idioma originario, o incluso afirmen con orgullo que priorizarán el inglés, el alemán o el francés, no es un dato anecdótico, sino una prueba de desconexión con la Bolivia profunda, esa Bolivia que alimenta su identidad desde la Pachamama, desde los apus, desde la comunidad, desde el thaki, desde los sentidos integradores, de equilibrios y armonías para el cuidado y garantía de la existencia digna de los y las estantes, sintientes y habitantes del multiverso.

Desde mi ser quechua, no puede haber Estado Plurinacional sin soberanía lingüística, sin justicia idiomática, sin pedagogía intercultural radical, sin conexión con los principios y valores éticos de las raíces que se manifiesta a través del idioma, uno de los mecanismos clave con que los ancestros alcanzaron ser una civilización avanzada, porque, desde y con su idioma del corazón o el amor, hacían que la vida sea un ritual constante de celebración, que a estos tiempos debía constituirse en el cimiento y alma de la bolivianidad para relacionarse desde la dignidad y soberanía frente otros de otros países. La negación o desprecio por nuestras lenguas es una forma de colonización interna. Es racismo, es antipatriota, es anti-soberanismo, es antiplurinacionalismo y es una afrenta a la dignidad de nuestras abuelas y abuelos, los dueños originarios de estas tierras.

El nacionalismo mestizo como negación del Otro

Decir que Bolivia es “un solo pueblo”, con “una sola bandera” o “una sola historia”, es una violencia simbólica que anula las múltiples formas de ser, pensar, sentir y vivir en este territorio. Ese nacionalismo monocultural, heredado del proyecto republicano, fue una herramienta de homogeneización excluyente.

Como dice Dussel, “la verdadera universalidad sólo es posible cuando se construye desde la diversidad de los pueblos”. En cambio, el nacionalismo moderno construyó una universalidad abstracta, homogénea, blanqueada, masculina, urbana y mestiza (clasista en base y lógica de “cuanto tienes, cuánto vales”), que despojó a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (NPIOC) de su condición política.

Hoy, repetir las fórmulas nacionalistas sin reconocer la pluralidad ontológica del país, es perpetuar una forma de gobierno que no ha descolonizado ni su lenguaje, ni sus prioridades, ni su matriz epistémica. Y cuando se invisibiliza la Wiphala o la Flor de Patujú, no sólo se omite un símbolo: se niega la preexistencia de otras civilizaciones, la historia de resistencia, una visión del mundo, una ética del cuidado de la vida y la existencia.

La falacia de la “igualdad ante la ley”.

La eliminación de las elecciones judiciales o la propuesta de una sola forma de justicia, bajo el argumento de la “igualdad ante la ley”, es otro mecanismo de racismo institucional. Porque se sustenta en el monismo jurídico, vale decir postulo la existencia de un solo sistema jurídico centralizado y jerarquizado dentro de un estado-nación, con un soberano invisible como única fuente de poder y derecho, que coarta el derecho a la libertad de gestionar y administrar sus justicias a las otredades y su derecho a la igualdad real con sus propias competencias y capacidades de desarrollarse como estructuras societales propias. Como bien afirma Grosfoguel, “el universalismo abstracto de la modernidad sirve para ocultar la violencia del sistema jerárquico moderno/colonial/patriarcal”.

La justicia ordinaria ha sido históricamente ajena a las NPIOC. Reivindicar la igual jerarquía de la JIOC no es una concesión, sino una deuda. Desconocerla, minimizarla o ignorarla en los programas de gobierno es darle continuidad al orden colonial de los saberes y poderes.

Lo “popular” como dispositivo de blanqueamiento simbólico.

El uso manipulador del término “popular” — como lo denunciamos ahora — es, vaciado de contenido crítico y vinculado a estereotipos mestizos, es otra expresión del racismo estructural. En la modernidad colonial, lo “popular” ha sido utilizado para nombrar lo subordinado, lo “gobernable”, lo domesticado. Pero el pueblo no es una masa homogénea ni uniforme. El pueblo boliviano es plurinacional, multilingüe, multicolores, multi-identidad civilizatoria, diverso y no es binario.

Exacerbar lo popular es un tácito y expreso reconocimiento de que lo populus – pueblo es el sujeto colectivo negado de privilegios o sea los dominados, objeto para obtener “poder” para ellos que con la visión moderna buscan el gobierno para tener “poder por poder” y no es servicio.

Como diría Fausto Reynaga, “no hay revolución sin la indianidad”. Y en Bolivia, no puede haber ni democracia real ni soberanía si no se reconoce el carácter constitutivo de lo Indígena Originario Campesino en el proyecto plurinacional.

Las propuestas que excluyen y los cuerpos que estorban

Las normas, planes de gobierno y propuestas legislativas que no se construyen con participación real, efectiva y vinculante de las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (AIOC) – autodeterminación - autogobierno, son actos de violencia legal. La lógica tecnocrática, patriarcal y vertical con la que se siguen elaborando leyes, reproduce el colonialismo interno. Se continúa gobernando para un “nosotros” blanco-mestizo, dejando a las NPIOC como objetos folklóricos, consultivos o testimoniales.

Los preceptos constitucionales de consulta actualmente no se cumplen y las normas autonomizadoras, son tediosas, verticales, neocolonizadoras y con instituciones recientes con más fe estatal que las autoridades y su memoria viva, con las que validan su existencia; un campo no abordado por los planes de gobierno de los postulantes a la Presidencia y Vicepresidencia, y es más, se encuentran reducidos a la búsqueda de un “pacto fiscal”.

Mientras no se democratice el proceso normativo, la libre determinación seguirá siendo una promesa incumplida, y las AIOC, una simulación jurídica sin contenido político.

Hacia un horizonte de justicia descolonizadora y despatriarcal

Como vengo sosteniendo la descolonización y la despatriarcalización no son consignas, sino caminos ético-políticos para la transformación y cambio desde las racionalidades y subjetividades a la materialidad de otras conductas, comportamientos, expresiones, manifestaciones y acciones que dignifiquen la existencia, que se reflejen en las instituciones y otras dimensiones de lo que significa administrar y gestionar la comunidad de la vida. Implican, por tanto, desmontar la arquitectura colonial del Estado, de sus símbolos, de sus cuerpos normativos, de sus formas de representación. Implican también deconstruir las relaciones de poder patriarcal que atraviesan todas las instituciones.

Y como nos recordaba Dussel: “La política no es para dominar, sino para servir al Otro desde el reconocimiento radical de su alteridad”. La democracia plurinacional debe ser un ejercicio constante de reconocimiento, de redistribución, de reciprocidad, de reparación histórica, de acciones corresponsables, interactivas, proactivas, propositivas, resolutivas, transformadoras y constructivas de otra civilización posible con equilibrios y armonías que permitan el Vivir Bien.

Por eso, el gran desafío del 2025 no es simplemente elegir a un nuevo gobierno, sino confrontar críticamente el racismo estructural que sigue marcando las lógicas del poder, del saber y del ser en Bolivia. Sólo así será posible construir un país en el que no se siga marginando a quienes siempre sostuvieron con dignidad, sabiduría y rebeldía esta tierra.

La Paz, 21 de julio de 2025

(*Para quienes duden o se incomoden con este análisis, véase con calma y paciencia, discursos, eventos, escenarios y programas de gobierno, públicamente conocidos y expuestos mediáticamente dentro del proceso de Elecciones Generales 20