4 de julio (Urgente.bo).- La Cámara de Senadores aprobó este jueves, en su estación en grande, el proyecto de ley 066/2025-2026, denominado "Ley de Acceso a la Información Pública", cuyo objetivo es transparentar el acceso a la información del Gobierno central, las gobernaciones, los municipios y el uso de los recursos del Estado.
“La presente Ley tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, sea de manera individual o colectiva, promoviendo la transparencia de la gestión institucional”, dice el proyecto en su objeto.
Sin embargo, el proyecto establece en su artículo 8, referido a los "Deberes de los solicitantes", cinco obligaciones para quienes requieran información pública. Entre ellas, señala que deberán “actuar de buena f” y garantizar que la información obtenida no genere perjuicios a terceros, que la información requerida tenga un fin lícito y asumir plena responsabilidad por el uso de los datos obtenidos.
“b) En el marco del principio de buena fe, garantizar que la información obtenida no genere perjuicios a terceros c) La información requerida sea para un fin lícito”, dice dos de sus artículos.
Asimismo, el proyecto dispone que el acceso a la información solo podrá restringirse cuando esta haya sido clasificada como reservada, secreta o confidencial, conforme a los casos previstos por la ley o por normativa expresa de cada institución pública.
“El derecho de acceso a la información podrá ser limitado o restringido únicamente cuando la misma sea clasificada como reservada, secreta o confidencial, en los casos establecidos en la presente Ley o normativa legal expresa de cada entidad o institución pública (…)”.
Entre las excepciones para restringir el acceso figuran los casos relacionados con la seguridad del Estado, el sistema financiero, la protección de datos personales, los secretos comerciales, las investigaciones en curso y los procesos judiciales, entre otros. No obstante, el proyecto aclara que estas limitaciones deberán estar previamente definidas y no podrán invocarse en casos de violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o hechos de corrupción.
Durante la sesión, el pleno del Senado acordó que el tratamiento en detalle del proyecto de ley será retomado en la próxima sesión ordinaria, una vez concluido el receso parlamentario que comenzará este 6 de julio.
