Hay crisis que destruyen. Y hay crisis que revelan. Las primeras dejan pérdidas. Las segundas dejan conocimiento.

Bolivia acaba de atravesar una crisis que ha dejado heridas profundas y grandes pérdidas humanas y materiales. Una crisis de la que no podemos salir inmunes.

Pero, también una de esas raras crisis que obligan a un país a mirarse en un espejo y descubrir que ya no es el mismo que creía ser.

Lo que vivimos durante las últimas semanas no fue solamente un conflicto social. Fue una revelación.

La apuesta del Gobierno por el diálogo no fue solamente una estrategia de desgaste, sino producto de una convicción: había que preservar, por encima de todo, la democracia que estaba en riesgo. Actuar solamente por el restablecimiento del orden, con muchas probabilidades de uso de violencia, hubiese erosionado mucho más la democracia.

Apostar machaconamente por el diálogo no fue debilidad sino parte de una revelación: un país que reclamaba desde diferentes espacios, la presencia de un Estado que no reconocía el cambio de la propia sociedad que decía representar.

El Presidente Paz lo repitió hasta el cansancio: estábamos obligados a diferenciar entre movimientos con demandas legítimas y profunda orfandad; y entre quienes querían aprovecharse de aquello para intereses sediciosos, mezquinos y criminales.

Por ello, el Estado de Excepción fue estrictamente una salida para finalizar el conflicto: se dio en el momento oportuno para ello, y con la arquitectura jurídica apropiada para terminar el conflicto; no para imponer la paz por la fuerza, sino para preservar la vida y la libertad de los ciudadanos.

Los Estados tienen una tendencia natural a mirar el mundo con el espejo retrovisor. Las sociedades, cambian mientras los gobiernos todavía creen estar gobernando el país de ayer. Ahí nacen casi todas las grandes crisis políticas. No cuando la economía deja de funcionar. Sino cuando las instituciones dejan de comprender a la sociedad que pretenden conducir.

Bolivia tiene hoy una oportunidad que probablemente no vuelva a repetirse en muchos años. No porque haya superado su crisis, sino porque ésta dejó al descubierto una realidad que durante demasiado tiempo preferimos ignorar: el país cambió mucho más rápido que su Estado y su sistema político.

Durante demasiado tiempo analizamos nuestra realidad en términos de vencedores y vencidos, oficialismo y oposición, campo y ciudad, indígenas y blancos, oriente y occidente, izquierda y derecha. Esa lógica explica buena parte del pasado, pero explica cada vez menos el presente y mucho menos el futuro.

Durante décadas imaginamos a la clase popular bajo categorías que hoy resultan insuficientes. La mayor parte de quienes sostienen la economía nacional no esperan subsidios ni paternalismo. Son comerciantes, gremialistas, transportistas, emprendedores, pequeños empresarios, productores y familias que invierten, trabajan y asumen riesgos todos los días. Quieren reglas claras, estabilidad, infraestructura, seguridad y respeto por el esfuerzo propio. Quieren oportunidades, no obstáculos.

Ese país existe. El problema es que muchas veces seguimos gobernando como si no existiera.

Otro error recurrente consiste en interpretar una victoria electoral como un cheque en blanco. No lo es. Las sociedades no votan programas de Gobierno ni modelos económicos. Votan confianza. Esperanza. Expectativas. Por eso las reformas profundas necesitan algo más que legitimidad de origen: necesitan legitimidad social. Y esa legitimidad no se construye únicamente con decretos. Se construye explicando, dialogando, construyendo acuerdos y demostrando resultados.

La construcción política no es un obstáculo para las reformas; es la condición que las hace sostenibles. Ninguna transformación importante puede consolidarse sin consensos mínimos entre los diferentes actores de la vida democrática.

Las últimas semanas también dejaron otra señal imposible de ignorar. Bolivia ya no está dispuesta a aceptar la corrupción y la delincuencia como un costo inevitable del poder. Existe una demanda transversal, que atraviesa regiones e ideologías, para terminar con la impunidad. El narcotráfico, las redes de corrupción y la captura de instituciones públicas dejaron de ser únicamente un problema judicial. Hoy representan uno de los principales obstáculos para el desarrollo y la inversión.

Ningún país puede aspirar a atraer capitales mientras el crimen organizado tenga mayor capacidad de organización que el propio Estado. La estabilidad económica también depende de recuperar la autoridad institucional. Por eso la lucha contra la corrupción no puede convertirse en una consigna. Tiene que expresarse en investigaciones, sanciones y transparencia, incluso cuando los involucrados pertenezcan al propio gobierno. La credibilidad siempre comienza por casa.

Bolivia es un país donde la democracia se vive en las calles, por ello, no es posible pensar en criminalizar la protesta, pero queda claro que el bloqueo como expresión de esta no será tolerada a partir de estos 50 días por la propia ciudadanía, incluso por quienes fueron obligados a bloquear. No podemos, tampoco, transar con la impunidad, y es deber de la justicia sancionar a los responsables.

Sin embargo, sería un error pensar que la agenda nacional termina allí. Bolivia necesita volver a crecer. Necesita inversión, recuperar el financiamiento internacional, modernizar su economía, abrirse al mundo, ampliar su infraestructura y generar empleo. Pero necesita hacerlo sin volver a fracturar al país.

Las reformas económicas solo serán sostenibles si logran construir consensos sociales. No basta con tener razón desde el punto de vista técnico. También hace falta construir confianza. Las sociedades aceptan sacrificios cuando perciben justicia, cuando entienden hacia dónde se las conduce y cuando sienten que el esfuerzo será compartido. Esa es la diferencia entre una reforma y una imposición.

Para aprovechar esa oportunidad, el país necesita concentrarse en cuatro grandes tareas: construir un acuerdo político nacional que trascienda la coyuntura; establecer un nuevo pacto de confianza entre el Estado y la sociedad; reducir las brechas de desarrollo entre las regiones, particularmente en el departamento de La Paz; y abrir una discusión seria sobre un nuevo pacto fiscal que fortalezca las autonomías y otorgue mayor sostenibilidad a las finanzas públicas.

Pero al mismo, trabajar en las reformas pendientes -especialmente de la justicia- y las leyes fundamentales que se han planteado desde este Gobierno; así como la institucionalización de las entidades más importantes del Estado a partir de la transparencia y la meritocracia.

El gobierno del Presidente Rodrigo Paz ha recibido un fuerte respaldo internacional -como recientemente lo manifestaron los mandatarios de Brasil y Chile- precisamente porque tiene una hoja de ruta clara a seguir y porque la democracia regional es también un tema de riesgo que no podemos descuidar.

La historia tiene una manera muy particular de juzgar a las generaciones. No les pregunta cuántas elecciones ganaron. Ni cuántos discursos pronunciaron. Les pregunta si fueron capaces de comprender el tiempo que les tocó vivir.

Bolivia ya nos habló. Nos habló con el cansancio y sacrificio de su gente. Con el esfuerzo y el dolor de quienes producen y afrontaron enormes pérdidas. Con el miedo de quienes vieron peligrar la convivencia. Con la esperanza de quienes siguen creyendo que este país merece algo mejor.

La pregunta ya no es qué ocurrió. La pregunta es si tendremos la lucidez suficiente para entender lo que esa crisis vino a revelarnos. Porque las oportunidades históricas rara vez anuncian su llegada. Y casi nunca conceden una segunda oportunidad.

José Luis Lupo

Economista y Ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia

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