Anoche recuperé uno de los grandes clásicos del cine, El padrino (1972), considerada por algunos críticos, la mejor película de la historia. Bien. El guión de Mario Puzo tiene momentos reseñables, frases extraordinarias y escenas que impactan por su excelente realización. No es de recibo, que la haya visto unas cien veces y no exagero nada. De hecho, y a propósito de la coyuntura nacional, rescato una frase pronunciada por Don Barzini en la cumbre de dones para frenar una inminente guerra entre familias mafiosas: “Si Don Corleone tiene a los políticos y los jueces de Nueva York debe compartirlos”. Tal cual, ni más ni menos.
Esto es lo que ha sucedido en la reunión bicamaral que el viernes 2 de febrero llegó a un acuerdo para viabilizar las elecciones judiciales. Ciertamente se selló a un pacto en la Vicepresidencia del Estado con la condición de que la Asamblea Legislativa apruebe una serie de créditos extranjeros por setecientos millones de dólares destinados, en teoría, a proyectos de desarrollo. Con esta condición planteada por los representantes oficialistas en la reunión del más alto nivel, el Gobierno dio un paso hacia la validación del despropósito monumental que supuso la autoprórroga de magistrados que, entre otros motivos de carácter político, es la causa de fondo que sostiene los bloqueos de caminos. El problema, a mi modo de ver, reside en la incapacidad manifiesta de entender que las resoluciones, los fallos y los actos de los magistrados autoprorrogados son nulos porque no fueron convalidados por la Asamblea Legislativa a través de una ley. Pero avancemos un poco más. El proyecto de ley 073 suspende los plazos procesales hasta la posesión de los nuevos jueces (electos por voto popular) y los magistrados no deben fallar sus propias causas. Dicho en oro, no pueden ser jueces y parte.
Sin embargo, algo que aparenta ser muy sencillo, Constitución en mano, está impregnado de política; el mismo presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, sentenció que “el Gobierno está haciendo notar que la justicia se acomoda al poder”. Esta frase, también para la posteridad, retrata la pecaminosa cohabitación entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial, imprescindible para gobernar desde un insultante autoritarismo validado por fallos judiciales convenientes a sus intereses. Entonces, pregunto, de qué Estado de Derecho hablamos. La evidencia de este contubernio político-judicial endémico de nuestra política, nos define como un Estado de No Derecho susceptible de ser manipulado en un manoseo obsceno que insulta la integridad de una sociedad hastiada de tanto oportunista convenenciero y sinvergüenza. Lo único que me consuela es que al menos (todavía) puedo decirlo aunque la guerra contra el poder está perdida de antemano pero qué gusto da recordarles de vez en cuando que esta nariz no es teta y poco a poco nos vamos apartando del sabroso pezón del poder.
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