En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional, Bolivia obtuvo 28 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 136 de 180 países evaluados. Este resultado la sitúa entre los países con mayor percepción de corrupción en Sudamérica, por debajo del promedio mundial.
Pero no se trata de un dato aislado ni de una caída reciente. Bolivia ha mantenido, durante las últimas décadas, una posición crítica en este ranking, reflejando un problema estructural que trasciende gobiernos y coyunturas.
La corrupción en la gestión estatal no es patrimonio de unos cuantos ni de un solo periodo político; sus raíces se remontan prácticamente a los inicios de la República. Sin embargo, hay un consenso: la corrupción es una de las principales causas de la pobreza persistente y del limitado desarrollo económico, incluso en tiempos de bonanza por los recursos naturales. El resultado ha sido, muchas veces, obras ineficientes, proyectos fallidos y discursos grandilocuentes en nombre de la industrialización, la dignidad o el “gobierno del pueblo”.
En este contexto, resulta llamativo el discurso de algunos actores políticos que se presentan como abanderados de la lucha anticorrupción. Cuando el senador suplente de Unidad Nacional (UN), Nilton Condori afirma que hay que “acabar con la corrupción” y con quienes “mienten, engañan y roban al pueblo”, parece establecer una línea divisoria, como si la corrupción tuviera colores o etapas claramente diferenciadas.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué hay detrás de estos discursos, muchas veces cargados de victimismo y acompañados por actores que en el pasado formaron parte o respaldaron al poder político que hoy cuestionan?
Más preocupante aún es cuando se plantea que el cambio requiere una “revolución”, incluso sugiriendo escenarios de confrontación o violencia. ¿Puede realmente combatirse la corrupción desde la amenaza o el enfrentamiento entre bolivianos?
La lucha contra la corrupción exige coherencia. No puede omitirse el reclamo de sectores indígenas que vieron desaparecer millones en casos emblemáticos como el Fondo Indígena, ni los escándalos en empresas estatales, proyectos fallidos o arbitrajes internacionales con pérdidas millonarias para el país.
Tampoco se puede soslayar las denuncias por apropiación indebida de bienes del Estado, ya sea en tierras de origen fiscal o mediante beneficios otorgados a privados a costa de recursos públicos.
Se ha llegado a estimar que los efectos de la corrupción superan los 15.000 millones de dólares, una cifra que evidencia la magnitud del problema y su impacto directo en la economía nacional.
Pero más allá de cifras y discursos, el punto central es otro: la corrupción no distingue ideologías, clases sociales ni discursos. También se manifiesta en las contradicciones cotidianas: en quienes critican el sistema mientras se benefician de él, en quienes no predican con el ejemplo, en quienes utilizan estructuras políticas para intereses propios o cambian de bandera según conveniencia.
Hablar de “élites ociosas” puede ser válido, pero estas no tienen una sola forma ni un solo origen. La corrupción dejó de ser atribuible a un grupo específico.
Por eso, el verdadero desafío no es identificar “corruptos de primera y de segunda”, sino asumir que el problema es transversal y requiere una respuesta integral.
No será con odio ni con violencia como se erradicará este mal. La salida pasa por la educación, la formación en valores, la transparencia institucional y, sobre todo, por una justicia independiente, sin manipulación política.
Requiere acciones concretas en el fortalecimiento de los controles al Estado, mejorar la calidad profesional de quienes acceden a cargos públicos, impulsar el control ciudadano y regular la influencia de intereses privados.
Combatir la corrupción implica construir un Estado sólido, con separación real de poderes y respeto irrestricto a la ley. Solo así Bolivia podrá dejar atrás este ciclo que ha frenado su desarrollo durante décadas.
El desafío es recuperar la confianza en las instituciones con un Estado transparente, eficiente y firme ante la corrupción, entendiendo que es una tarea colectiva y sostenida.
