El viceministro de Política Minera, Marcelo Ballesteros, identificó a las comunidades y cooperativas como los principales actores detrás de los recientes avasallamientos. Son los ‘agromineros, identificados por el diputado Israel Huaytari.
“En un mayor porcentaje son las comunidades del sector quienes cometen este delito. También existen cooperativas que quieren, en algunos casos, crecer en algunas nuevas áreas para poder hacer los trabajos mineros. Entonces, son prácticamente estos dos actores, que son comunidades y cooperativas, quienes efectúan este delito”, dijo Ballesteros.
Según la autoridad, estas acciones no se reconocen como derechos mineros legales, sino como obstrucción a actividades ya concesionadas por el Estado.
“Muchos campesinos son también cooperativistas y mineros”, dijo a este medio el diputado Israel Huaytari.
Ballesteros destacó que el incremento de avasallamientos se relaciona con los altos precios internacionales de los minerales y el interés de nuevos actores en expandirse a áreas productivas existentes.
“Por los precios bastante altos de los minerales, sí hubo un incremento muy marcado en la minería aurífera. Hubo muchas comunidades que luego de enterarse de estos precios internacionales altos, realizan este delito”, destacó Ballesteros.
El Viceministro de Política Minera reconoció que la burocracia y los retrasos en la tramitación de nuevos contratos administrativos mineros, que pueden extenderse hasta seis años, fomentan indirectamente la minería ilegal, pero no así a un avasallamiento.
El viceministro indicó que desde su instancia realizan visitas a áreas mineras áreas inactivas y que hasta septiembre se logró identificar 57 áreas mineras en todo el país que fueron remitidas a la AJAM para que se tomen cartas en el asunto.
“Esas 57 áreas mineras hasta septiembre ya han sido remitidas a la AJAM, debería proceder conforme corresponde. Sin embargo, cualquier actor minero, cuando se le notifica la resolución de reversión de derecho minero, puede hacer las impugnaciones correspondientes y respaldar alguna documentación que demuestre que sí existía alguna actividad minera”, describe Ballesteros.
//
.jpg)
.jpg)
