El domingo 12 de junio se han conocido las conclusiones a las que ha arribado la denominada “Cumbre Nacional de Justicia Plural”, y lo primero que llama la atención es que el Gobierno Nacional sólo necesitó 48 horas (2 días) para afrontar y diseñar las probables soluciones a la crisis de la administración de justicia en Bolivia; ello, seguramente será considerado como una hazaña del “proceso de cambio”, lo que no es más que falsa demagogia.
Por cierto, se debe tener en cuenta que la famosa Cumbre estuvo integrada plenamente por autoridades y sectores sociales afines al partido de gobierno, y una muestra de ello es que los sectores políticos de oposición no pudieron participar porque no les dejaron, así como también los Colegios de Abogados (que son uno de los principales actores en cualquier reforma judicial) tuvieron que retirarse del evento por haber sido presionados para avalar y firmar documentos que se desconocían, y que supuestamente ya habían sido trabajados previamente por los “sectores sociales”.
Entonces, la organización homogénea del evento, sin dar lugar a la participación de voces disidentes a las directrices de la Cumbre, ha generado nuevamente un ambiente de exclusión a las personas que piensan diferente, porque tal parece que solamente permitieron la participación de sectores u organizaciones que estén de acuerdo con la forma propuesta desde esferas gubernamentales, para afrontar la crisis judicial.
En todo caso, resultan muy interesantes las conclusiones que en tiempo récord fueron aprobadas por la denominada Cumbre; así por ejemplo, los delegados de la Mesa 1 de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, que concluyó el sábado en la ciudad de Sucre, propusieron que se mantenga la elección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por voto popular, pero que se hagan cambios en la forma de selección de los postulantes.
"El voto popular como modalidad de elección de magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional es asumido por una mayoría del pueblo boliviano como una conquista social, el voto popular garantiza la independencia del Órgano Judicial, cuya preselección debe ser mejorada por la Asamblea Legislativa Plurinacional", señaló el coordinador del distrito XX del Movimiento Territorial, en la lectura del documento.
En esta conclusión saltan muchas dudas: según ellos ¿quién es la mayoría del pueblo boliviano? ¿el voto popular es realmente una conquista social? ¿el voto popular garantiza la independencia del Órgano Judicial?¿sólo la preselección debe ser mejorada? ¿en dónde queda la carrera judicial?
Es necesario dejar claramente establecido que los sectores y organizaciones sociales que pudieron participar de aquel evento, no representan la mayoría del pueblo boliviano; que si bien el voto popular puede ser considerado como una conquista social por obra de la Asamblea Constituyente (aunque la misma tampoco fue un escenario propicio para el debate serio y responsable de los temas constitucionales), ello no ha garantizado ni podrá garantizar automáticamente la independencia del Órgano Judicial, mientras siga existiendo intromisión de los demás Órganos del Estado en las actividades judiciales, y mientras sigan emitiéndose directrices desde un Ministerio, para la persecución judicial de los sectores de oposición.
Asimismo, se debe hacer énfasis en que uno de los graves problemas en la elección de Magistrados, ha sido el método de preselección de aquéllos, pese a encontrarse establecido constitucionalmente; porque ha sucedido que esa voluntad del Constituyente, ha sido manipulada por la Asamblea Legislativa, para seleccionar a los candidatos de manera discrecional, fuera de los márgenes de meritocracia e idoneidad para asumir el cargo, además de la experiencia que es necesaria para administrar justicia, y la falta de consideración de estos factores, afecta seriamente la carrera judicial como una de las formas de manifestación de la independencia en las actividades del Órgano Judicial.
En consecuencia, la falla estructural del sistema, es precisamente el mecanismo de preselección de candidatos, que implica la intromisión de la Asamblea Legislativa (ahora cooptada por el oficialismo); en consecuencia, esa preselección e intromisión política, seguirá siendo una de las causas principales de la crisis judicial, porque no asegura la presencia de magistrados independientes en los altos cargos del Órgano Judicial.
Este es el tema que debió merecer un amplio debate en una Cumbre de este tipo; sin embargo, si la Cumbre está únicamente conformada por sectores afines al gobierno, entonces es obvio que únicamente podían aprobar aquellas propuestas que sean concordantes con los intereses del partido gobernante, lo que claramente significa un fracaso en el análisis de uno de los problemas estructurales del país: la administración de justicia.
Así también se ha informado que la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá elaborar, en un plazo de 120 días, el reglamento del proceso de preselección de candidatos con carácter público, que incluya la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las organizaciones sociales, de instituciones académicas y de instituciones representativas de la población.
Esta es una recomendación que ya se hizo el año 2011, y que ha sido vilmente burlada por los legisladores, dado que en aquella oportunidad, solamente se han limitado a escoger y preseleccionar a aquellos postulantes que sean afines al partido oficialista, que tengan alguna trayectoria política (pese a que en los requisitos se establecía lo contrario), que no se hayan enfrentado abiertamente a las autoridades públicas en procesos judiciales, es decir, en aquel tiempo se seleccionaron únicamente a aquellos candidatos que sean consecuentes con el “proceso de cambio”; y ese no es un parámetro adecuado ni eficaz de preselección de candidatos independientes.
Por ello es que la Asamblea Legislativa no debería tener ningún rol de evaluación ni preselección de los candidatos o postulantes a Magistrados del Órgano Judicial; y si ahora han decidido mantener las cosas como están, ello no va a producir ningún cambio significativo, a menos que esta vez la preselección sea pública, transparente y exenta de discriminación por razones de afinidad política; que se de oportunidad de participar a todos(as) quienes quieran postular, sin importar si tienen procesos judiciales pendientes en contra determinadas autoridades; que no sean objeto de exclusión por simple criterio discrecional de los Asambleístas.
Es hora de que, ahora en la realidad, muestren la utilidad de la denominada “Cumbre de Justicia”, con acciones y resultados creíbles, y no con simples discursos de buenas intenciones.
