El expresidente Jair Bolsonaro podría declarar este miércoles en el marco de la investigación por la asonada golpista del pasado 8 de enero contra el Gobierno de Luiz Inácio 'Lula' da Silva, donde las autoridades intentan determinar si Bolsonaro instigó a sus fanáticos a atacar las instituciones estatales.
Una investigación con matices políticos. Los primeros 100, de un total de 1.390 bolsonaristas arrestados, fueron imputados penalmente por el Tribunal Supremo de Brasil, tras ser acusados de atacar las sedes de los tres poderes el 8 de enero en Brasilia, para intentar forzar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva.
Tras una semana de análisis, el juicio preliminar concluyó la medianoche del lunes, con ocho de los magistrados votando a favor y dos en contra, argumentando la relación en algunos cargos o porque según su criterio los reos debían ser juzgados en otras instancias.
Al mismo tiempo, se abrió un nuevo juicio preliminar contra otros 200 sospechosos de haber participado en los actos golpistas y que se determinará el próximo 8 de mayo.
Todos los acusados fueron detenidos el 8 de enero tras los incidentes donde bolsonaristas se tomaron en Brasilia la Plaza de los Tres Poderes y destruyeron todo a su paso, apenas una semana después de que Lula da Silva asumiera el poder.
Fueron imputados por cargos como "abolición violenta del Estado Democrático de Derecho", "daños calificados", "asociación para delinquir" e "incitación al crimen", todos tipificados en el Código Penal.
Ese día, 2.151 personas fueron detenidas y permanecen en prisión unas 300. Los demás han sido excarcelados bajo estrictas medidas cautelares. La cantidad de detenidos es tan grande que abruma al sistema de justicia y por ello, el análisis de los casos y juicios han tomado meses.
Entre los investigados hay 81 militares, uno de los más destacados es el exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, quien el día del intento golpista era responsable político de la seguridad pública en Brasilia y está en el punto de mira por la probable inacción frente al ataque.
Torres fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Brasilia el 2 de enero y antes del ataque a los Tres Poderes se fue de vacaciones hacia Estados Unidos. Según él, existía un plan de contingencia frente a posibles ataques violentos.
Al conocer de su acusación retornó a Brasil, donde fue arrestado. “Creo en la justicia brasileña y en la fuerza de las instituciones. Estoy seguro que la verdad prevalecerá”, comentó previo a su regreso.
1.390 personas fueron acusadas por actos antidemocráticos, 239 son señalados de ejecutores, 1.150 como incitadores y una persona está siendo investigada por supuesta omisión de agentes públicos. La Policía Federal continúa realizando operaciones en todo el país en torno al caso.
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