En tiempos de profunda crisis política y social, el discurso oficialista insiste, con un cinismo que insulta la memoria histórica y la inteligencia del Pueblo, en lanzar declaraciones amenazantes que distorsionan flagrantemente la definición y el sentido de la "democracia" (como se evidencia en su tono actual https://youtu.be/gheGElfAke8?si=dSQfLI158gcuKkKH). Conviene, entonces, refrescar la memoria de quienes hoy habitan el palacio de gobierno: la palabra democracia deviene del griego antiguo dēmokratía (δημοκρατία), término acuñado en Atenas en el siglo V a.C. que literalmente significa “el poder del pueblo” o “gobierno del pueblo”. Dicho concepto está compuesto por dos raíces griegas: Dēmos (δῆμος), el «pueblo» o la «ciudadanía» —que en su origen hacía referencia al conjunto de ciudadanos libres—, y Kratos (κράτος), que significa «poder», «fuerza» o «gobierno». La democracia es, entonces, en su raíz más pura, el poder y la fuerza del pueblo.

Sin embargo, en la coyuntura boliviana actual, ese principio fundante está siendo severamente tensionado. El Ejecutivo invoca la democracia “por encima de cualquier interés personal”, pero en la práctica la reduce a un mecanismo formal e institucional, desprovisto de su contenido social, comunitario y soberano. En el laboratorio de la modernidad colonial, Occidente redujo el kratos a un mero ritual procedimental: el voto. Frente a esa reducción liberal, las mayorías populares y comunitarias de Bolivia parieron en 2009 un nuevo horizonte civilizatorio plasmado en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEPB). Nuestra Ley Fundamental no reconoce una democracia enajenada, sino una tridimensional: directa-participativa, representativa y comunitaria (Art. 11). Hoy, cuando el pueblo se moviliza en las calles y carreteras, no está desestabilizando; está ejerciendo la soberanía que el Artículo 7 de la CPEPB le otorga de forma inalienable: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa…”, constituyendo las movilizaciones formas plenamente legítimas de ejercicio del poder.

La ilusión de la legalidad sin legitimidad. La democracia sostiene su arquitectura sobre dos pilares: la legalidad (la administración institucional del proceso electivo) y la legitimidad (el respaldo, la validación y la aceptación voluntaria del soberano). La legitimidad tiene una raíz mucho más profunda: implica respaldo social, aceptación colectiva, voluntad popular y el reconocimiento del poder como expresión fiel del pueblo. Estos elementos constitutivos se asientan sobre la regla matemática básica del 50\%+1, que no es un capricho numérico, sino el umbral mínimo de la validación social. Cuando el proceso constituyente desmontó el viejo Congreso neoliberal —donde las minorías coloniales y las élites de privilegio rifaban el poder “a dedo”— lo hizo justamente para blindar la decisión del soberano. Por eso, no basta con ganar elecciones para gobernar legítimamente; la legitimidad se construye y se sostiene en el ejercicio cotidiano del poder, en estricta coherencia con el mandato popular.

La segunda vuelta y la legitimidad condicionada. El actual mandatario parece olvidar que su origen es el resultado de un remanente constitucional: la segunda vuelta de opción cerrada. Este es un mecanismo de contingencia que opera cuando ningún candidato alcanza el 50\%+1 en primera instancia, por lo que constituye, por definición, una forma de legitimidad condicionada. No expresa una mayoría plena ni una cohesión ideológica de base, sino una decisión forzada por el diseño electoral.

En este contexto, el gobierno de hoy nació de la contingencia, de un voto reactivo más que voluntario (una “segunda mano de legitimidad relativa”) al que se le dio la oportunidad de gobernar para todas y todos. Sin embargo, optó por restaurar el pacto colonial para favorecer a los ricos y a las oligarquías. Quien gobierna desde esa condición de minoría relativa tiene una responsabilidad política mayor: gobernar para el pueblo, no para una élite económica o un sector privilegiado. Cuando el ejercicio del poder se aleja de ese mandato primario y se orienta a beneficiar a los grupos de poder tradicional, se produce una ruptura terminal entre la legalidad y la legitimidad.

El retorno de lógicas coloniales y neoliberales. Desde una perspectiva decolonial, lo que está en juego en Bolivia no es solo un conflicto político coyuntural, sino una disputa histórica mucho más profunda: el control del poder, del territorio y del sentido mismo de la democracia. La colonialidad del poder —como bien lo plantearon pensadores de la talla de Aníbal Quijano— no desaparece con la independencia formal de los Estados. Se reproduce y enquista en las estructuras económicas, políticas y simbólicas que subordinan al pueblo y concentran las decisiones en nuevas o viejas élites.

En la Bolivia de hoy, esa colonialidad se expresa nítidamente cuando:

• Se gobierna de espaldas al pueblo,
• Se criminaliza la protesta,
• Se descalifica la movilización social,
• Se imponen políticas sin consulta previa,
• Y se reduce la democracia a meros procedimientos formales.

El discurso oficial que acusa al pueblo movilizado de “antidemocrático”, “violento” o “terrorista” no es nuevo; es el mismo libreto que históricamente utilizaron los opresores para deslegitimar las luchas indígenas, obreras y populares. Estamos ante una preocupante deriva hiperpresidencialista, autoritaria, mentirosa y racista. En tan solo seis meses, el Ejecutivo ha accionado un peligroso retroceso hacia el modelo colonial, republicano y neoliberal, aplicando la vieja receta del revanchismo autoritario fascista: criminalizar la protesta social. Para encubrir su ineficiencia, el discurso oficial insulta la inteligencia comunitaria, colectiva y mayoritaria, tildando a las y los defensores de la soberanía popular de “vagos”, “narcofinanciados” o “antiprogreso”, mientras bajo amenazas punitivas se les impone el miedo al encierro irreversible.

Crisis fabricada, sumisión y soberanía vulnerada. Intentar achacar el precio de la conflictividad al pueblo movilizado es una falacia insostenible. La inflación galopante y el desabastecimiento de alimentos vitales —como la carne— no son culpa de las carreteras bloqueadas por la dignidad; son la consecuencia directa de una administración ineficiente que levantó las garantías de abastecimiento interno para beneficiar exclusivamente a los sectores agroexportadores.

El Gobierno se ha convertido en el principal vulnerador de los derechos colectivos. Mediante el DS 5503 y una seguidilla de decretos inconstitucionales, ha hipotecado el futuro del país con una deuda externa que no se siente en los mercados populares ni en los bolsillos de las familias bolivianas. Mientras se elimina la subvención a los carburantes bajo el chantaje de la crisis, el pueblo sigue pagando precios altos por un combustible de bajísima calidad, soportando el desfalco descarado de los recursos públicos y escándalos de corrupción que el Ejecutivo pretende tapar con cortinas de humo mediáticas (desde el sospechoso avión siniestrado hasta las denuncias de las "narco-maletas").

La conflictividad social no surge en el vacío. Tiene causas concretas que se sienten y se ven a diario:

• Inflación incontrolable,
• Desabastecimiento de productos básicos,
• Endeudamiento sistemático,
• Decisiones económicas unilaterales que afectan directamente la vida cotidiana.

Cuando estas condiciones materiales se agravan y el gobierno responde con la descalificación, la amenaza o la represión, la crisis de legitimidad simplemente se profundiza. No es el pueblo quien desestabiliza la democracia al protestar; es el poder central el que la destruye al ignorar, vulnerar o traicionar el mandato popular.

El desacato al mandato de los de abajo. Desde la perspectiva decolonial y soberanista, el bloqueo y la movilización no son actos vandálicos: son el ejercicio legítimo de la autodeterminación frente a un Gobierno que traiciona su mandato matriz. El gobierno desacata la Constitución (e incluso pretende reformarla a su medida) porque ha decidido subordinar la economía nacional al dictado del mercado y a las lógicas del capital transnacional.

Frente a ello, el pueblo boliviano ha respondido con la herramienta que la propia Constitución le reconoce: el ejercicio directo y comunitario de la democracia. Las movilizaciones, bloqueos, marchas y protestas no son una anomalía del sistema; son su expresión más viva cuando los canales institucionales fallan. Cuando el pueblo se moviliza, no destruye la democracia: la ejerce.

Las consignas escuchadas con fuerza entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en las calles y los caminos troncales de la Patria ya dictaron una sentencia rotunda y contundente: “¡Bolivia no se vende, carajo!” y “¡Bolivia se defiende, carajo!”. Estas no son simples expresiones de descontento; son profundas afirmaciones de soberanía popular frente a decisiones entreguistas.

La respuesta estatal ante el reclamo popular ha sido el desatino y la violencia punitiva. Pero la memoria corta es pésima mensajera en tierras andino-amazónicas. Si el inquilino de la Casa Grande del Pueblo insiste en cerrar los ojos ante el despliegue de la democracia comunitaria y directa, si insiste en ver enemigos donde hay un pueblo protegiendo su subsistencia, habrá firmado la sentencia de su propio aislamiento. Un gobierno que criminaliza a su base social y traiciona el pacto constituyente está irremediablemente condenado a la inestabilidad de su propia ilegitimidad. La democracia no es el Palacio; la democracia es el Pueblo movilizado en las calles cuando el poder lo traiciona.

Democracia no es obediencia, es poder popular. Recordar el significado original de la democracia implica asumir una verdad incómoda para los gobernantes: el poder no reside en el gobierno, reside en el pueblo. Por ello, defender la democracia hoy en Bolivia no significa silenciar la protesta ni disciplinar a la sociedad de manera autoritaria. Significa, obligatoriamente:

• Respetar la Constitución,
• Reconocer la legitimidad de la movilización,
• Garantizar los derechos colectivos,
• Y gobernar en estricta función del interés colectivo.

La democracia no se defiende con discursos retóricos, sino con coherencia política. Cuando un gobierno amenaza con la cárcel a quienes ejercen su derecho a la protesta, cuando descalifica al pueblo que lo interpela y cuando gobierna para unos pocos, no está defendiendo el sistema: lo está demoliendo.

Bolivia no es una democracia delegativa donde el pueblo vota y luego calla por cinco años. Es, por mandato constitucional e histórico, una democracia viva, conflictiva, participativa y comunitaria. El pueblo no es un actor secundario del sistema político; es el sujeto central. Y cuando ese pueblo habla —en las calles, en las carreteras, en los territorios— no está atentando contra la democracia. Está recordando, pacífica pero firmemente, quién es el verdadero dueño del poder.

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