La muerte de ciudadanos vinculados a redes criminales, las denuncias de financiamiento oscuro en movilizaciones y la expansión del narcotráfico han colocado a Bolivia frente a una realidad incómoda, el discurso de soberanía que expulsó a la DEA en 2008 que hoy parece chocar con un Estado que admite haber perdido capacidad de control. Entonces, aquello que durante años fue una bandera política, ahora comienza a convertirse en una necesidad pragmática.
Cayó a mis manos el informe de la Fundación Milenio, elaborado por Henry Oporto y Ricardo Calla, sostiene que entre 2006 y 2025 Bolivia dejó de ser únicamente un país de tránsito para convertirse en productor y exportador de cocaína. Este documento advierte que, tras la salida de la DEA, se generaron vacíos de inteligencia que fueron aprovechados por redes criminales y clanes familiares conectados con cárteles internacionales.
Estas cifras explicarían por qué el Gobierno comenzó a preparar el terreno para un cambio de narrativa. Recordemos que la Ley 906 establece un límite de 22.000 hectáreas de coca, pero las estimaciones hablan de al menos 40.000 hectáreas cultivadas. El mismo informe calcula un potencial de producción anual de 300 toneladas métricas de cocaína y reconoce que la efectividad estatal en la lucha antidroga apenas alcanza el 10%. A eso se suma otro dato revelador: en 2024 Bolivia registró el decomiso récord de 66.008 kilos de cocaína, más del doble que el año anterior.
En paralelo, el discurso oficial endureció el tono. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció que dinero del narcotráfico estaría financiando bloqueos y protestas sociales. Más allá de la polémica política, el mensaje parece claro: el Gobierno busca instalar la idea de que el crimen organizado ya no es un problema policial aislado, sino una amenaza que penetró estructuras sociales, económicas e incluso institucionales.
Las señales del retorno estadounidense ya no son discretas. Bolivia se integró recientemente al programa “Escudo de las Américas”, y mantiene intercambio permanente de información con la DEA, donde más de 250 oficiales antidroga fueron sometidos a pruebas de polígrafo vinculadas a protocolos de cooperación internacional. La captura y extradición de Sebastián Marset bajo custodia de la DEA terminó de marcar un punto de quiebre político y simbólico.
La pregunta de fondo ya no es si volverán la DEA o la CIA. La verdadera discusión es cuánto está dispuesta Bolivia a ceder para recuperar el control de un problema que creció durante años entre negaciones, silencios y discursos ideológicos. Porque cuando un país empieza a buscar ayuda externa para sostener su seguridad interna, lo que está en debate no es solo la soberanía, sino la dimensión real de la crisis que enfrentamos.
Lic. Miroslava Fernandez Guevara
Periodista y politóloga
www.miroslavafernandez.com
