El papa León XIV, al inicio de su pontificado, pidió al mundo practicar “una paz desarmada y desarmante”, y reiteró ese llamado en distintos momentos de su misión pastoral. Lo hizo en medio de un escenario internacional marcado por guerras y conflictos, especialmente en Medio Oriente, una realidad geográficamente lejana de Bolivia, pero cercana en cuanto al sufrimiento humano que provoca toda confrontación.
Se trata de un llamado moral dirigido a todas las naciones para comprender que la violencia no comienza necesariamente con las armas, sino con el lenguaje agresivo, la desconfianza mutua, el desprecio al adversario y la incapacidad de reconocer la dignidad del otro.
Bolivia, históricamente, lleva profundas huellas de conflictos sociales, movilizaciones y tensiones políticas que han reflejado demandas de justicia, inclusión y participación. Muchos ciudadanos dieron su vida reclamando estas reivindicaciones en el pasado. Con ese antecedente, el pueblo boliviano ha demostrado una vocación democrática más fuerte que cualquier intento de imposición o violencia. Hoy, una vez más, no son los ciudadanos quienes renuncian al diálogo y a la convivencia pacífica; son los actores políticos quienes, atrapados en intereses de poder, discursos de confrontación y cálculos electorales, fracasan en su responsabilidad de construir consensos y encauzar las diferencias por vías democráticas.
La Doctrina Social de la Iglesia enseña que la paz no es simplemente ausencia de conflicto, sino “obra de la justicia”. Es decir, una sociedad no puede aspirar a la tranquilidad si persisten desigualdades profundas, exclusiones o abandono institucional. En Bolivia, muchas de las protestas sociales tienen raíces legítimas: la crisis económica, el incremento del costo de vida, el desempleo, la incertidumbre política y el cansancio ciudadano frente a promesas incumplidas. Negar esas realidades sería injusto. Sin embargo, también es cierto que cuando la protesta deriva en violencia, bloqueos prolongados, enfrentamientos entre sectores o discursos de odio, la causa social pierde parte de su legitimidad moral y termina afectando precisamente a los más vulnerables: trabajadores informales, pequeños comerciantes, estudiantes, enfermos y familias enteras que dependen del día a día para sobrevivir.
El Estado no puede limitarse a “administrar el conflicto” mediante el uso de la fuerza o la retórica vacía; es fundamental que genere espacios de encuentro responsables y de verdadera seriedad institucional. Hace poco, la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana, ofreció sus históricos oficios para mediar en el conflicto, siempre y cuando las partes estuvieran dispuestas a un diálogo honesto y sincero.
Hoy parecería que la normalización de la violencia en las calles se vuelve rutinaria; que la destrucción de infraestructura, el vandalismo y los atentados contra la vida de los ciudadanos se convierten en el pan de cada día. Cuando una sociedad se acostumbra al conflicto permanente, pierde lentamente la capacidad de reconocerse como comunidad. Ahí radica la vigencia del mensaje de León XIV: la paz verdadera no nace de imponer silencio al otro, sino de construir relaciones humanas capaces de desarmar el odio y la desconfianza.
Hagamos votos por Bolivia para que los líderes sociales y políticos encuentren el camino de esa paz desarmada y desarmante. Esa es la verdadera conquista social para todos los ciudadanos.///
