A pesar de que seis de cada diez mujeres sufren violencia obstétrica, Bolivia sigue siendo uno de los pocos países de la región sin una ley que garantice un nacimiento digno.
Un proyecto de ley busca devolver autonomía a las mujeres y reconocer la interculturalidad en la atención perinatal, frente a prácticas médicas abusivas, violencia obstétrica y cifras alarmantes de cesáreas innecesarias.
En el país, la experiencia de dar a luz sigue atravesada por la vulneración de derechos más que por el respeto y la dignidad. El acto de nacer, que debería ser un momento de vida y celebración, se convierte en demasiados casos en un episodio de violencia y dolor impuesto. El Proyecto de Ley de Parto Respetado e Intercultural surge precisamente para cuestionar este estado de cosas y para responder a una deuda histórica con las mujeres y personas gestantes que, durante décadas, han debido soportar tratos indignos en los hospitales y centros de salud.
El Observatorio de Violencia Obstétrica, junto al estudio nacional “Recuperar el Parto” (2024), revela datos que no admiten indiferencia: un 59,8% de las mujeres entrevistadas declararon haber sufrido violencia obstétrica en su parto. De ellas, más de la mitad padecieron violencia psicológica, casi dos de cada diez fueron víctimas de violencia física, y un 3,5% incluso reportó violencia sexual por parte del personal de salud. Estas cifras son más que estadísticas: son relatos de mujeres que fueron ignoradas, maltratadas o sometidas a procedimientos sin su consentimiento, en el momento más vulnerable de sus vidas.
El panorama se agrava si se observan las prácticas médicas que, lejos de responder a criterios científicos, se han normalizado como rutinas violentas. La maniobra de Kristeller —prohibida en varios países por sus riesgos— alcanza en Bolivia un alarmante 54%. La episiotomía, que debería limitarse a un 15% de los casos según la OMS, se aplica al 49,9% de las mujeres. Y las cesáreas, que deberían mantenerse en torno al 15% recomendado, llegan ya al 50% a nivel nacional, según datos del SUIS 2023. Este abuso de la tecnología médica, presentado como progreso, no solo pone en riesgo la salud física y emocional de las mujeres, sino que perpetúa la idea de que sus cuerpos son simples objetos de intervención.
Frente a ello, la ausencia de una ley específica en Bolivia resulta incomprensible. Mientras países vecinos como Argentina, Venezuela, México, El Salvador o Colombia han avanzado en normativas que reconocen el derecho a un parto humanizado, nuestro país continúa dependiendo de resoluciones ministeriales poco aplicadas. En la práctica, esto significa que los derechos proclamados en la Constitución y en tratados internacionales quedan en letra muerta dentro de las salas de parto.
El proyecto de ley busca revertir este escenario con medidas claras: garantizar el consentimiento informado en cualquier procedimiento, asegurar el derecho de la mujer a estar acompañada por quien ella elija, permitir la libertad de movimiento y la elección de la posición en el parto, proteger el contacto piel con piel inmediato con el recién nacido y evitar separaciones injustificadas. En definitiva, devolver a las mujeres el poder de decisión sobre sus propios cuerpos y sobre la manera en que desean parir.
Un elemento fundamental del proyecto es la incorporación de la interculturalidad. En un país plurinacional, donde conviven saberes ancestrales con la medicina moderna, es indispensable reconocer la labor de las parteras, rescatar prácticas comunitarias y garantizar que las mujeres puedan decidir entre un parto hospitalario, en salas interculturales o incluso en sus hogares, siempre con acompañamiento y respaldo seguro. No se trata de imponer un modelo único, sino de respetar la diversidad cultural y la autonomía personal.
Es importante subrayar que la iniciativa no tiene un carácter punitivo. No se trata de criminalizar al personal médico, sino de establecer un marco de derechos y sanciones administrativas que promuevan una atención humanizada. Al contrario, la ley podría convertirse en una herramienta que dignifique la labor de médicos, enfermeras y parteras, al brindarles capacitación continua y un marco claro de actuación centrado en la evidencia científica y el respeto a los derechos humanos.
La violencia obstétrica es, al fin y al cabo, una forma más de violencia de género. Invisibilizada durante demasiado tiempo, deja huellas físicas y emocionales que trascienden generaciones: mujeres que recuerdan su parto no como un acto de vida, sino como una experiencia de humillación. Reconocer y erradicar esta violencia no es solo una cuestión de salud pública, sino un imperativo ético y social.
Bolivia no puede seguir rezagada en este aspecto. Aprobar una ley de parto respetado e intercultural significaría ponerse a la altura de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, reducir la mortalidad materna y neonatal, y, sobre todo, reconocer que las mujeres no son simples pacientes pasivas, sino protagonistas de su propio proceso de gestar y parir.
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