La minería constituye una de las escasas actividades productivas transversales que han acompañado los doscientos años de independencia de Bolivia. Sintetizar la influencia de la minería a lo largo de este período constituye un desafío considerable, el cual asumimos con el propósito de destacar su contribución durante los siglos XIX, XX y XXI, aspectos necesarios que permitan perfilar su perspectiva.

El siglo XIX se caracterizó por el auge de la plata, la llegada de capitales extranjeros y las pérdidas territoriales resultantes de disputas por las riquezas naturales, incluidos los recursos mineros, en dichas zonas.

La actividad minera en Bolivia, en particular la extracción de plata, persistió durante el proceso independentista que culminó en 1825. Aunque la producción disminuyó en algunos yacimientos de Potosí y Oruro, otros mantuvieron su importancia. De hecho, muchos de estos, como Porco y el Cerro Rico, continúan siendo fuentes de recursos mineros hasta hoy.

Tras la independencia, aproximadamente a mediados de 1860, se produjo la llegada de capitales ingleses, en muchos casos vinculados a criollos chilenos, lo que marcó la fase inicial de modernización de la minería de la plata mediante la introducción de nuevas tecnologías y técnicas de explotación.

Años más tarde, la presencia extranjera en la producción minera precipitaría la Guerra del Pacífico, un conflicto cuyas raíces se gestaron a principios del siglo XIX. En aquel entonces, los intereses de capitales británicos, tras lograr la aceptación general del guano como abono en los países europeos, se establecieron en diversos puntos de la costa del océano Pacífico, entre Perú y Bolivia. Posteriormente, el guano fue reemplazado por el salitre, un recurso explotado inicialmente por el empresario chileno José Santos Ossa y, más tarde, por la casa Guillermo Gibbs, que, mediante diversas maniobras, logró la apropiación de las salitreras de Tarapacá y Antofagasta.

Perú, apremiado por la necesidad de recursos, nacionalizó estas concesiones creando la empresa “Estanco Salitre” en 1873, una medida que afectó los intereses británicos que, para ese entonces, ya operaban en nuestro país. Como consecuencia de esta acción, los intereses británicos se volcaron masivamente hacia Bolivia, poseedora de un atractivo reservorio distribuido en sus costas. Los intereses ingleses y la oligarquía chilena pactaron y establecieron las directrices para proceder con la invasión a Bolivia en 1879.

El territorio boliviano, ilegítimamente ocupado por Chile, abarcaba una extensión de 120.000 km², un área rica en guano y salitre, además de poseer significativos recursos de cobre, oro, plata y los recursos evaporíticos presentes en el Salar de Atacama.

En este territorio, usurpado por Chile, se desarrollaron varias minas, como: El Abra, Michilla, Spence, El Tesoro, Esperanza, Gaby, Mantos Blancos, Lomas Bayas Zaldívar, El Peñón, además de La Escondida y Chuquicamata. Esta última, considerada la mina de cobre más grande del mundo, que inició sus operaciones en 1910 y continúa en funcionamiento hasta la fecha, siendo, junto a los recursos evaporíticos del Salar de Atacama, el sustento de la economía chilena.

A pesar de dicha expropiación, que conllevó una reconfiguración de nuestro escenario minero, la riqueza mineral boliviana persistió en su vastedad. Esta, mediante la explotación de la plata, generó la riqueza de los denominados patriarcas de la plata, tales como Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y la familia Aramayo, quienes desarrollaron las minas de Pulacayo, Guadalupe y Real Socavón de Potosí, impulsando la modernización de la producción minera e incorporarla en el escenario mundial; no obstante, esta condición les permitió ejercer una influencia considerable en las decisiones políticas del país para salvaguardar sus intereses.

Procurando ser objetivos, no solo debemos recordar a los Patriarcas de la Plata como individuos que se enriquecieron considerablemente, sino como los catalizadores de una nueva era en la minería boliviana, transformando una actividad ancestral en una industria moderna. Fueron ellos quienes, con su espíritu empresarial, lograron un resurgimiento notable de la minería de la plata, antes de su declive por la caída de su precio a finales del siglo XIX, lo que marcó el fin de su hegemonía y cedió su espacio al estaño.

Con el cambio de siglo, entre 1899 y 1903, Bolivia se vio envuelta en la Guerra del Acre, un conflicto territorial y bélico con Brasil. La disputa se centró en la rica región del Acre, valorada por sus yacimientos de caucho y oro. Este conflicto, desarrollado en dos fases, culminó con la victoria brasileña y la consiguiente anexión del Acre a su territorio, formalizada mediante el Tratado de Petrópolis.

En el mismo periodo, la demanda global de estaño para la industrialización impulsó el inicio de su era. Figuras prominentes como Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo, conocidos como los "Barones del Estaño", controlaron la producción y exportación, amasando grandes fortunas y ejerciendo considerable poder político. Sin embargo, a diferencia de los "Patriarcas de la Plata", ellos no asumieron la presidencia directamente.

Entre 1920 y 1940, la producción de estaño experimentó su apogeo, consolidando a Bolivia como uno de los principales productores a nivel mundial.

En medio de este auge, Bolivia se vio inmersa en la Guerra del Chaco (1932-1935). Esta contienda bélica buscaba defender la región invadida por el Paraguay que posteriormente nos fue arrebatada y donde actualmente, el gobierno paraguayo lleva a cabo estudios para determinar la presencia de litio y otros minerales con el fin de explotarlos. A pesar de este conflicto bélico, la producción minera no se paralizó en el país y fue crucial para financiar la guerra. Acá destaca Patiño, que realizó importantes contribuciones y donó dos aviones a la Aviación Boliviana.

La Guerra del Chaco impactó significativamente la conciencia nacional, fortaleciendo los sindicatos mineros y exacerbando la conflictividad social en los campamentos debido a las duras condiciones laborales. Esto llevó a la fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en 1946. Esta organización se convirtió en la fuerza sociopolítica más influyente del país, liderando las demandas por mejoras laborales y la nacionalización de las minas, marcando la dirección sindical de Bolivia durante la segunda mitad del siglo XX.

Un evento fundamental en la historia boliviana fue la Revolución Nacional de 1952, impulsada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), acontecimiento que transformó radicalmente el panorama político y económico del país. Una consecuencia directa de la Revolución Nacional fue la nacionalización de las principales minas, que previamente estaban en manos de los conocidos "Barones del Estaño". Esta medida culminó con la creación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), entidad encargada de la administración estatal de la cadena productiva minera.

El desgaste de las premisas de la revolución nacional llegó pronto, lo que fue aprovechado para imponer el periodo de dictaduras militares en Bolivia, que se extendió desde 1964 hasta 1982, caracterizado por una marcada inestabilidad política que repercutió directamente en el sector minero. La COMIBOL, a pesar de constituir la principal entidad minera del país, se sumió en una situación de precariedad durante estos años. En este lapso, las inversiones en la minería estatal fueron erráticas, sujetas a las decisiones discrecionales de los regímenes militares de turno y a la fluctuación de los precios internacionales de los minerales. Esta inestabilidad impidió una planificación a largo plazo y una modernización de la infraestructura minera.

Una característica distintiva de este período fue la intervención militar frecuente en los centros mineros. Estas intervenciones tenían como objetivo principal controlar la actividad sindical, percibida por las dictaduras como una amenaza a su autoridad. Esta situación no solo afectó la moral y las condiciones laborales de los mineros, sino que también contribuyó a la inestabilidad operativa de COMIBOL.

Durante este período se dio la creación de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) en 1966, bajo la presidencia de Alfredo Ovando Candía, que posteriormente se conoció como Empresa Metalúrgica Vinto. Entre 1966 y 1970 se instalaron los hornos de fundición, y las operaciones de la Fundición de Alta Ley comenzaron el 9 de enero de 1971, durante la presidencia de Juan José Torres Gonzáles.

Durante este régimen, la FSTMB se erigió como una fuerza fundamental en la resistencia contra las dictaduras militares. Su participación activa en movilizaciones y protestas fue clave para exigir el retorno a la democracia, que finalmente se concretó en octubre de 1982; sin embargo, la llegada de la democracia estuvo acompañada por una economía devastada por la hiperinflación. Esta difícil situación impulsó a los mineros a retomar sus movilizaciones radicalizadas en las jornadas de marzo (1985), lo que precipitó el acortamiento del mandato de Siles Suazo y la consiguiente convocatoria anticipada a elecciones.

Como resultado de estas elecciones, el MNR regresó a la cabeza de su líder histórico, Víctor Paz Estenssoro, quien volvió con la intención de desmantelar la obra iniciada en 1952 mediante el Decreto Supremo 21060. Esta medida de choque económico significó el inicio del periodo neoliberal en Bolivia (1985 - 2005), caracterizado por profundas reformas estructurales.

La aplicación del DS 21060 obligó a la COMIBOL cerrar sus minas y despedir a miles de trabajadores mineros, provocando una masiva migración, el desmantelamiento de gran parte del sindicalismo minero tradicional y el crecimiento del cooperativismo minero en medio de la precariedad laboral que los caracteriza hasta hoy.

Tras el fin del ciclo del estaño, el zinc emergió como un mineral de creciente importancia en las exportaciones bolivianas a partir de los años 90, impulsado por inversiones privadas.

La minería en el periodo neoliberal se caracterizó por la reducción del rol estatal y la promoción de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, mediante concesiones. El enfoque principal fue la exportación de concentrados, sin intentos significativos de consolidar la fundición de minerales.

Para atraer capital extranjero, los gobiernos neoliberales implementaron una estrategia que conllevó la subvaluación de empresas y activos de COMIBOL y la metalúrgica de Vinto. Además, establecieron precios de venta sin justificación técnica ni económica. Estos procesos buscaban transferir activos de la minería estatal, eliminar las Reservas Fiscales mineras y asegurar la aprobación de un nuevo Código de Minería, lo que implicaría un nuevo régimen tributario minero; varias de estas transferencias derivaron en beneficio de figuras políticas, como Gonzalo Sánchez de Lozada y su Compañía Minera del Sur (COMSUR).

La capitalización y privatización de las empresas mineras en Bolivia representaron una reconfiguración estructural del sector productivo estatal con la eliminación del Estado productor y la exclusión de actores sociales anticapitalistas, como el proletariado minero aglutinado en la FSTMB.

Durante este período, se evidenció un intento inicial de ceder la riqueza minera del salar de Uyuni, primero mediante una invitación directa y posteriormente a través de una licitación dirigida a la Lithium Corporation of America (LITHCO). No obstante, este proceso fracasó debido a la oposición de las organizaciones campesinas del sudoeste potosino (FRUTCAS) y la dirigencia cívica de Potosí (COMCIPO), quienes cuestionaron las condiciones desventajosas del contrato y la carencia de una normativa legal específica sobre los recursos evaporíticos del país, una situación que persiste hasta la fecha.

Es importante señalar que, durante este período, tres operaciones mineras modernizaron la minería privada mediante el uso de tecnología para operaciones a cielo abierto: Inti Raymi con las minas de oro Kori Chaka y Kori Kollo, y la minera San Cristóbal.

El comienzo del siglo XXI vio el fin del modelo neoliberal y el inicio de la transición hacia el modelo populista (2005 - 2025) propuesto por el Movimiento al Socialismo (MAS), el cual prometía restaurar el control estatal sobre la minería.

A pesar de la retórica de campaña de Evo Morales, en la práctica, sus políticas se orientaron a fortalecer la minería privada, transfiriendo el dominio del actor privado al cooperativista. Esto se manifestó a través de alianzas políticas que resultó en la relegación de COMIBOL.

Para implementar su política minera, el MAS promulgó la Ley 535 de Minería y Metalurgia en marzo de 2014. Si bien esta ley le devolvió a COMIBOL un rol productivo integral en la cadena minera, asignándole un papel estratégico para la industrialización de la producción minera nacional, contradictoriamente estipuló que las inversiones de COMIBOL no serían financiadas por el Estado, sino a través de sus propios ingresos o créditos, lo que dificulta que algunas empresas mineras estatales concreten sus proyectos para optimizar su producción.

La aplicación de esta política consolidó la falta de industrialización en la estructura del valor de la producción minera boliviana. En 2024, de un total de $US 5.730 millones generados por el sector, el 80.4% se destinó a la exportación en forma de concentrados, mientras que solo el 19.6% adquirió valor agregado dentro del país a través de la metalurgia.

Al inicio de la gestión del MAS en 2006, la participación del subsector privado en el valor de la producción minera nacional ascendía al 54.3%, y la de las cooperativas al 44.9%; la presencia estatal era marginal, apenas del 0.8%, dado que en ese entonces estaba compuesta exclusivamente por Huanuni que se encontraba en proceso de intervención por las políticas neoliberales.

En 2024, tras la aplicación de las políticas del MAS, la participación de las empresas privadas mineras alcanzó el 47.9% y el de las cooperativas se situó en un 42.9% (gracias a su dominio del 99,5% en la producción de oro), manteniendo así su predomin.ancia como actores privados. La minería estatal mantiene el tercer lugar con apenas el 9.2%, a pesar de que a Huanuni su sumaron las empresas mineras de: Colquiri y Corocoro, las metalúrgicas Vinto y Karachipampa, la Siderúrgica del Mutún y Yacimientos de Litio Bolivianos, varias de ellas con cifras negativas en su administración y otras que nunca arrancaron. En resumen, si bien la retórica del MAS prometía fortalecer el papel del Estado en la minería boliviana, su administración en la práctica consolidó el control privado del sector

En agosto de 2025, Bolivia no solo celebrará su bicentenario, sino que también elegirá a un nuevo presidente, sin embargo, al analizar los planes de gobierno de los partidos políticos contendientes, se percibe un desconocimiento del sector minero, además, es notable la reticencia para abordar críticamente la relación con las cooperativas mineras y sus asociaciones ilegales con capitales privados. Esto sugiere que el próximo gobierno, independientemente de su orientación ideológica, podría mantener la permisividad hacia el modelo que ha impulsado el crecimiento de la minería informal e ilegal en el país.

A dos siglos de su independencia, Bolivia sigue sin establecer una política minera que integre ciencia, tecnología e industrialización. Este enfoque es fundamental para lograr un verdadero desarrollo en el sector, especialmente en lo que respecta a minerales de transición, tierras raras y recursos evaporíticos. Dicha política permitiría retener excedentes y superar la dependencia del mercado internacional de minerales y metales, sin lo cual la minería boliviana continuará con su actual patrón primario exportador.

Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario - CEDLA

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