Este año, tanto Ecuador como Bolivia implementaron medidas de alivio financiero para mitigar los efectos adversos de la crisis económica. Sin embargo, las aproximaciones de ambos países difieren significativamente en términos de alcance, ejecución y enfoque, destacándose las políticas bolivianas por su pragmatismo y adaptabilidad.
Ecuador promulgó la Ley de Alivio Financiero el 9 de diciembre de 2024, motivada por la crisis energética derivada de los racionamientos de energía eléctrica desde el pasado septiembre, así como la necesidad de apoyar a individuos y empresas afectadas. Las principales disposiciones de la ley incluyen la reestructuración y reprogramación de deudas, facilitando la renegociación de términos crediticios y permitiendo la reducción de tasas de interés y la extensión de plazos de pago. Además, se implementaron transferencias directas y subsidios para las familias de bajos ingresos, y se establecieron incentivos para fomentar el consumo y la inversión.
Aunque estas medidas tienen buenas intenciones, presentan desafíos. La reestructuración de deudas y los subsidios directos pueden generar una carga significativa sobre las finanzas públicas, complicando la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Además, las transferencias directas, aunque necesarias, pueden crear una dependencia que no fomenta la autosuficiencia económica a largo plazo.
Bolivia adoptó medidas más eficientes como alivio financiero. En octubre de este año, el gobierno emitió un decreto que permite la reprogramación y refinanciamiento voluntario de créditos para deudores afectados por factores externos como desastres naturales, conflictos sociales y otras problemáticas. Las entidades financieras están implementando procedimientos simplificados para evaluar estas solicitudes, ofreciendo períodos de gracia y otros mecanismos favorables a los deudores afectados. La normativa permite a los prestatarios solicitar voluntariamente estos ajustes sin que ello implique una recalificación negativa y velando por la sostenibilidad del sistema financiero.
Las políticas de Bolivia destacan por varios aspectos; el enfoque de la sostenibilidad, la flexibilidad y adaptabilidad de la reprogramación y refinanciamiento de créditos, permiten ajustar las condiciones crediticias según la situación económica individual de los deudores, sin penalizaciones injustas. Esta medida tiene el propósito de proteger a los prestatarios afectados por impactos adversos. La eficiencia en la implementación es un punto fuerte, ya que al establecer procedimientos simplificados y ágiles que no superen los 30 días para la atención a los requerimientos por parte de las Entidades Financieras, denota la rapidez por la cual se tienen que atender las solicitudes mediante formulario, reduciendo de esta manera las demoras y burocracia.
Si bien las medidas en Ecuador responden principalmente a un contexto de crisis energética, Bolivia ha demostrado un enfoque más pragmático y adaptativo que no solo proporciona alivio inmediato, sino que también tiene un carácter más amplio ante diferentes problemáticas de diferentes sectores. Sin lugar a dudas, las medidas en favor de los deudores afectados, por diferentes vicisitudes, coloca a nuestro país en una posición ventajosa para enfrentar los desafíos económicos y financieros ante un contexto complejo.
