Las palabras importan. Y cuando una “funcionaria” pública habla, importa todavía más cómo lo hace. La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, se expresó con una ligereza impropia del cargo al señalar: “¿Qué piensan los candidatos que es el 50/50? ¿Qué vamos a decir: toma el 50% de la plata y tú hazte cargo?”. El tono fue despectivo, innecesario, poco profesional. Su simpleza coloquial no está a la altura de la responsabilidad que ejerce.
Esa crítica es válida. La investidura obliga. Pero convertir una frase torpe en una bandera incendiaria también es un exceso.
Detrás de la mala forma hay una verdad jurídica que no puede ocultarse: la redistribución de recursos no es un acto de libre disponibilidad absoluta, ni algo que pueda arrancarse sin responsabilidad. La coparticipación fiscal no funciona como un cheque en blanco. Funciona bajo criterios de corresponsabilidad, evaluación de necesidades y capacidades, y articulación con el régimen competencial vigente. Así manda la ley.
Y ahí entra la Constitución Política del Estado. Bolivia no es un Estado federal; es un Estado unitario con autonomías. Las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas están definidas constitucionalmente. Si se habla en serio de un esquema 50/50, no basta con dividir porcentajes: hay que redefinir competencias, ajustar marcos normativos, revisar la Ley Marco de Autonomías y avanzar hacia un verdadero pacto fiscal.
Eso requiere tiempo.
Requiere técnica.
Requiere debate legislativo en los distintos niveles del Estado.
Y requiere responsabilidad institucional.
Decir “es nuestra plata y no tenemos que pedir permiso” puede encender aplausos en un mitin, pero jurídicamente es una simplificación peligrosa. La redistribución debe considerar:
• Necesidades objetivas de cada región
• Capacidades administrativas y de gestión
• Competencias efectivamente asumidas
• Equilibrios territoriales
No se trata de centralismo versus regiones. Se trata de diseñar un sistema sostenible, compatible con el orden constitucional y financieramente responsable.
Ahora hablemos de los demagogos de redes.
La memoria histórica merece respeto. Cuando Santa Cruz peleó por el 11% de regalías en los años cincuenta, hubo cabildos, confrontación y muertos. Aquella conquista no fue un hashtag ni un eslogan; fue una lucha costosa y muy dolorosa para nuestro pueblo.
Hoy, en cambio, el 50/50 está planteado como compromiso político del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien ha reiterado su voluntad de materializarlo sin confrontación. No hay persecución. No hay represión. No hay sangre. Presentarlo como si fuera una batalla arrancada al poder central en este gobierno es, sencillamente, falso. Es una demanda legítima, sí. Pero no es una conquista obtenida por confrontación en este momento histórico.
Y eso —que pueda discutirse y eventualmente implementarse sin muertos, sin cabildos sitiados, sin violencia— también es histórico.
No se dejen sorprender ni por discursos incendiarios ni por afirmaciones desafortunadas de funcionarios públicos. El pacto fiscal no se define en entrevistas ni en hilos de redes sociales. Se define entre autoridades legítimas y electas, dentro del marco constitucional y mediante procedimientos democráticos.
Autonomía no es simplemente más dinero.
Autonomía es más autogobierno, más capacidad normativa, más planificación territorial y más control ciudadano. Si no se fortalecen las capacidades institucionales en municipios y gobernaciones, el 50/50 podría convertirse apenas en 50/50 de ineficiencia —o peor aún— en corrupción compartida.
La viceministra se equivocó en la forma.
Sus críticos se equivocan cuando reducen el fondo a una consigna.
Entre la grosería y la demagogia hay un espacio que exige altura política. Ese espacio es el del diseño fiscal serio, el respeto constitucional y la madurez democrática.
Si el 50/50 se concreta sin conflicto, será un avance institucional.
Pero para que sea sostenible, debe construirse con técnica, con ley y con un trabajo previo bastante serio. No con frases torpes. No con épicas inventadas.
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