9 de septiembre (Urgente.bo).- El pasado 6 de junio, Luis Arce envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley destinado a frenar ejecuciones financieras contra prestatarios de vivienda social y otorgar un alivio temporal a microunidades económicas y de mediana capacidad que atraviesan dificultades de pago.
Este anteproyecto de ley, que recibe apoyo y rechazo de algunos sectores, se encuentra actualmente en la agenda de tratamiento de la Cámara de Diputados y se prevé que este miércoles sea debatido en el pleno pero queda la pregunta ¿De qué trata el proyecto de ley impulsado por el Gobierno, que plantea diferir el pago de cuotas de créditos por seis meses?
El proyecto de ley lleva de título: “Ley excepcional de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña”.
En su documento número 547/2024-2025 se explica el objetivo, los motivos, justificación y alcances de la propuesta.
“Con el propósito de proteger y defender los derechos fundamentales de los prestatarios de créditos de vivienda de interés social y de las unidades económicas de tamaño micro y pequeña, la presente Ley tiene por objeto establecer de manera excepcional la suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y el diferimiento de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña”, dice el documento en su objetivo.
El artículo 2, en su parágrafo I (uno de sus puntos), señala que quedarán suspendidas las órdenes judiciales de embargo, remates y desapoderamientos sobre bienes de prestatarios con créditos de vivienda de interés social.
“Para los prestatarios que se encuentren con acciones judiciales por cobro de dinero emergente de créditos de vivienda de interés social otorgados por las entidades de intermediación financiera, se dispone que, por el plazo de seis meses, computables a partir de la publicación de la presente ley, quedan suspendidos en todo el territorio nacional las órdenes judiciales de embargo, así como la ejecución de sentencias, remates, desapoderamientos y otras medidas judiciales que puedan recaer sobre los bienes objeto de garantía o de titularidad de los demandados o ejecutados”, destaca.
En su parágrafo II menciona que: “Las acciones o medidas que contravengan lo previsto en el Parágrafo precedente son nulas de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder a la autoridad, servidor público o entidad de intermediación financiera que incumpliera lo dispuesto”.
El artículo 3, sobre “Diferimiento de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades”, resalta que el diferimiento automático por seis meses del pago de cuotas (capital, intereses, seguros y otros cargos) aplica para esos créditos y los destinados a unidades económicas micro y pequeñas.
“Las entidades de intermediación financiera y las entidades de arrendamiento financiero que operan en el territorio nacional, por el plazo de seis (6) meses, computables a partir de la publicación de la presente Ley, deben diferir automáticamente los pagos de las cuotas de los créditos otorgados para vivienda de interés social y de los créditos de las unidades económicas de tamaño micro y pequeña, comprendiendo dichas cuotas el pago a capital e intereses, seguros, comisiones y otros cargos”.
Asimismo, en su artículo 4 menciona: “Independientemente del diferimiento automático establecido en la presente Ley, las entidades de intermediación financiera y las entidades de arrendamiento financiero en los créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña, deben permitir el pago de los créditos a los prestatarios a solicitud expresa de los mismos, mediante los mecanismos que sean habilitados por estas entidades”.
En su artículo 5, conservación de condiciones, aclara que la norma indica que esta medida no implica el incremento de la tasa de interés, la aplicación de sanciones por mora, el cobro de cuotas acumuladas ni costos administrativos adicionales.
“Las medidas dispuestas en la presente Ley no implican: a) El incremento de las tasas de interés, la ejecución de sanciones y penalizaciones por mora; b) Anatocismo; c) Costos administrativos adicionales que sean aplicados contra los prestatarios; d) Cobros de cuotas ni intereses acumulados; e) Modificación a los términos, condiciones y coberturas de las pólizas de desgravamen hipotecario, así como a las pólizas que amparan la garantía de los créditos”.
RECHAZO Y APOYOS
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su preocupación ante el proyecto de ley 547, que plantea un nuevo diferimiento en el pago de cuotas de capital e intereses de los préstamos bancarios.
Asoban sostuvo que compromete “la estabilidad del sistema financiero, cuya función esencial es canalizar, con responsabilidad y criterios técnicos, los recursos de millones de ahorristas hacia actividades productivas y necesidades de las familias”, publica los bancarios privados en un comunicado.
Pese a esto, algunos sectores ven con buenos ojos esta iniciativa. Uno de ellos es el sector prestatario a nivel nacional, que pidió a Diputados aprobar el proyecto que se encuentra en agenda de Cámara Baja y que se prevé sea tratado este miércoles.
Al igual que la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype). “Queremos convocar para que mañana hagamos fuerza y exhortar a diputados y senadores a que mañana podamos aprobar esta ley que beneficia a toda la ciudadanía boliviana; esta ley ayudará a muchos microempresarios, choferes, gremialistas, entre otros”.
Freddy López, diputado del MAS, sostuvo que desde la Cámara Baja apoyara esta medida. “Nosotros en algún momento dijimos que hay que ser empáticos con la población, y en este momento, sin duda, vendría de que se pueda capitalizar algunos repatriados que tienen problemas en el pago de los intereses de capital, si bien se trata en la ALP en una comisión. Vamos a apoyar este proyecto”, adelantó.
Contrario a López, su colega Alejandro Reyes vio este proyecto como una acción “demagógica” y que debería ser la próxima ALP (que llagará con el nuevo gobierno) quien toque este tema y no la saliente.
Este miércoles se sesionará en Diputados donde está agendado el tratamiento de este polémico proyecto.
