Cien días no hacen un gobierno, pero sí permiten entrever su dirección. Y en un país que intenta salir de casi dos décadas de un mismo modelo político, ese primer rumbo tiene un valor especial. En ese lapso se revelan las prioridades reales y el estilo de conducción, así como la distancia entre las promesas de campaña y las decisiones del poder.
Bolivia llegó a este nuevo ciclo con una mezcla de esperanza y cansancio. Después de años de autoritarismo, despilfarro y corrupción, la ciudadanía no pedía programas sofisticados. Anhelaba algo más elemental: recuperar la normalidad institucional y la decencia en el ejercicio del poder.
En ese terreno se ha producido un cambio apreciable. Se ha restablecido un clima de libertades públicas y una atmósfera de confianza. Se puede criticar sin temor y debatir sin la sombra de la persecución. El gobierno ha tenido el acierto de acatar el mandato ciudadano expresado en las urnas, que reflejó el rechazo al socialismo.
También se percibe un estilo más abierto y profesional en la conformación del gabinete y en la relación con la prensa y la opinión pública. Después de años de prepotencia política, ese cambio tiene un valor que conviene no subestimar.
En el plano económico, los primeros meses han mostrado señales de estabilización. El dólar ha retrocedido desde los picos del mercado paralelo, la inflación parece contener su aceleración inicial y la mejora en la calificación de riesgo confirma que el clima político influye en los indicadores financieros.
Hay avances. Pero esa estabilidad es frágil y depende de decisiones de corto plazo.
Se han anunciado recortes de gasto y medidas de orden fiscal. Son pasos necesarios, aunque aún no se traducen en señales contundentes. Las empresas estatales deficitarias siguen intactas, el aparato público no muestra reducción visible y el masismo continúa incrustado en la administración.
El acceso a créditos internacionales es una señal positiva, pero la recuperación no puede basarse sólo en financiamiento externo. El marco legal de inspiración estatista permanece prácticamente intacto. Mientras el país sea financiable para los organismos multilaterales, pero no atractivo para los emprendedores, cualquier alivio será transitorio.
La corrección del precio de los combustibles fue una decisión inevitable, aunque su manejo político dejó lecciones: gobernar no consiste sólo en tomar decisiones correctas, sino en construir las condiciones para sostenerlas.
La principal debilidad de estos cien días aparece en el terreno estructural. No se han impulsado cambios profundos en el andamiaje legal que bloquea la actividad productiva. Sectores decisivos como hidrocarburos, minería, litio o inversiones siguen atados a normas que desalientan el capital.
A ello se suma una debilidad política evidente. El gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria sólida para impulsar reformas estructurales. Sin acuerdos estables, las transformaciones necesarias no tendrán asidero legislativo.
También persisten señales inquietantes en materia de seguridad y narcotráfico, lo que revela que el país aún arrastra estructuras ilegales incubadas durante años de permisividad estatal.
En suma, hasta ahora vamos bien. Pero el mayor peligro de este momento no es la crítica, sino la autocomplacencia.
Los primeros meses de una gestión son los de mayor capital político. Es el tiempo en que la sociedad tolera decisiones difíciles. Pero si ese impulso se consume en anuncios o gestos simbólicos, cuando llegue la hora de las reformas de fondo ya no quedará respaldo para ejecutarlas.
Bolivia necesita cerrar el ciclo estatista y abrir un horizonte de inversión, producción y seguridad jurídica. Cien días no bastan para juzgar un gobierno, pero sí para advertir su rumbo. El de Rodrigo Paz muestra avances, pero necesita fortaleza política y decisiones estructurales inmediatas.
La oportunidad está abierta. El desafío es no desperdiciarla.
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