La madrugada del jueves 21 de agosto, la calma del distrito minero de Reserva, en la comunidad de Jayaquila, Potosí, fue quebrada por el rugido de camionetas Hilux y microbuses. Unos 800 hombres irrumpieron violentamente en la concesión Reserva–Tres Amigos, operada por el Grupo Sinchi Wayra. Res. Eran dirigidos por los “nuevos barones de la minería”, como les llaman los asalariados a grupos de cooperativistas que actúan con la seguridad de que cuentan con respaldo político, gracias a su capacidad de presión social y cada vez más peso económico.

“Defenderemos la mina con nuestras vidas”, gritaban los trabajadores asalariados, pero fueron superados en número y amenazados con cachorros de dinamitas por los invasores. Fue uno de los últimos casos de ‘avasallamientos’ en Potosí, en septiembre. Precisamente por ese caso, el dirigente principal de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí, Óscar Chavarría, reveló que “Las cooperativas fueron invitadas a ese sector (de Andacaba y Reserva) para que se pueda trabajar”.

Semana después del episodio, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Israel Huaytari, se negó a considerar el episodio como un hecho ilegal: “No hay avasallamientos en Potosí”. Por el contrario, el expresidente de la Cámara Baja alienta a los “agromineros”, un protagonista poco conocido que cultivó el respaldo de algunos parlamentarios oficialistas para abrirse espacio como actores mineros. Así, el senador Hilarión Mamani dice que los cooperativistas tienen que llevar pan a la familia.

“Los avasalladores ocupan áreas constituidas (…) y con la minería legal se hacen los nuevos millonarios; son los nuevos barones de la minería”, advierte Andrés Paye, máximo representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). El sindicalista explica que los avasalladores están a la caza de áreas “ociosas” o concedidas legalmente a empresas privadas para ocupar y explotar minerales.

Hace meses, Andrés Paye lideró una marcha en La Paz exigiendo al gobierno respuestas contra el avance de la minería ilegal que a nombre de cooperativas se desarrolla sin freno, sin condiciones laborales ni aporte de impuestos.

OTRO ACTOR, AGROMINEROS

Huaytari es considerado uno de los diputados potosinos más poderosos en el oficialismo cuya gestión se agota. Por ello, destaca su gestión como presidente de la Cámara Baja. Dice que aprobó 19 contratos mineros, a diferencia de la actual gestión de Omar Yujra, en la que “no se ve ningún avance”.

El Código Minero es preciso al señalar a los tres actores del sector, pero Huaytari da a conocer la emergencia de otro. El agrominero, es decir campesinos y mineros, que serían el 60% de los cooperativistas en Potosí.

“Muchos campesinos son también cooperativistas y mineros. En el tema de combustibles y materiales explosivos hay debilidades, pero si se fortaleciera, aportaría más al Estado y al departamento”, apunta.

Otra fuente consultada por este medio señala que el diputado Huaytari usa sus influencias para que las denuncias contra las actividades ilegales en la minería no avancen. O para frenar las denuncias que existen en contra de los grupos que ocupan concesiones asignadas a empresas. “En Potosí, la inseguridad jurídica es un patrón muy fuerte, que se ha consolidado gracias a la permisividad de la justicia, de la fiscalía”, dice una fuente.

REALIDAD DE LAS COPERATIVAS

En Bolivia, la actividad minera es desarrollada por tres actores: el estatal, el privado y el cooperativo. La minería estatal, gestionada por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), concentra la explotación de minerales estratégicos bajo; la privada incluye empresas nacionales y extranjeras que operan con concesiones legales y cumplen con obligaciones tributarias y ambientales.  

En tanto, las cooperativas constituyen un sector que trabaja incluso con obreros, paga únicamente regalías, no tributa impuestos y tiene una base social cada vez más grande. Operan en el país desde finales de la década de 1930, cuando se formaron las primeras cooperativas agrícolas con excombatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935). Las mineras se reprodujeron tras la crisis del estaño en la década de los 80.

“Esta actividad tan poco regulada ha proliferado. En 2006, existían unas 800 cooperativas, en promedio, y el 2023 pasaron a ser más de 3.000”, resalta Alfredo Zaconeta, investigador especializado en temas mineros.

Héctor Córdova, otro experto en minería, destaca que cada año aparecen unas 110 cooperativas nuevas.  “El número de cooperativas es un indicador del mal funcionamiento de la economía de un país. Mientras más cooperativas mineras hay, es porque la economía está más deteriorada”.

Córdova, expresidente de la Comibol, complementa que “entre obreros y trabajadores de empresas privadas y estatales no llegan a 15.000 personas. En tanto, las cooperativas, con los asociados legales y los empleados que operan ilegalmente, superan fácilmente las 250.000 personas”.

ETERNOS ‘AVASALLAMIENTOS’

En los últimos años, los avasallamientos mineros se han convertido en uno de los principales focos de conflicto en el sector. Pero, ¿Qué es un avasallamiento?

Se trata de la invasión a concesiones privadas, estatales o incluso áreas protegidas. Los protagonistas son cooperativas, en algunos casos comunarios y actores ilegales en busca de oro, estaño y otros minerales. Las ocupaciones se dan fuera del marco legal y muchas veces derivan en enfrentamientos violentos o paralización de operaciones. Este delito está tipificado en el Código Penal boliviano (Art. 232 bis, incorporado por la Ley N° 367) con una pena de 4 a 8 años de reclusión.

En las últimas semanas, hubo conflictos en las minas de Andacaba (privada), Colquiri, Caracoles (estatales), donde cooperativistas y comunarios intentaron tomar concesiones mineras

“Se han visto avasallamientos hacia la minería privada, intentos de avasallamiento hacia la minería estatal e incluso hacia la minería cooperativizada”, explica Paye.

Córdova explica que la mayoría de los “avasallamientos” proviene del sector cooperativista. Desde 1987, cuando Comibol dejó de participar en la producción minera, muchas minas abandonadas han sido ocupadas por cooperativas. Luego dirigieron la mirada a concesiones entregadas a empresas privadas, bajo el argumento de “necesidad de áreas de trabajo”.

“Las cooperativas deberían ser un actor marginal, porque no tienen capital para preparar una mina o desarrollar una operación nueva, porque en minería, estamos hablando de 20 a 25 años desde que se descubre un yacimiento hasta que puede ser explotable. Lo que hacen las cooperativas es ingresar a minas abandonadas o minas que fueron preparadas por otros operadores”, afirma Córdova.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí, Sebastián Careaga, señaló que los avasallamientos en esa región llevaron a que actores privados se declaren estado de emergencia, porque las autoridades no resuelven los casos y provocan un desaliento para futuras inversiones extrajeras mineras en el país.

“El gobierno solo debe cumplir la ley. Entendemos muy bien que los avasalladores quieren áreas de trabajo, pero esas áreas de trabajo no se las pueden arrebatar a empresas que han venido trabajando, invirtiendo y que tienen los papeles en día”, puntualizó Careaga.

POSTURAS DE LOS COOPERATIVISTAS

Desde el sector cooperativista, Albino García, expresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), dice que este es un tema social irresuelto por el Estado.

“Las cooperativas, ante la falta de políticas estatales de reubicación, han identificado áreas que no cumplen función social y realizan minería en escenarios considerados ociosos”, menciona García.

García también criticó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la entidad que controla y regula quién puede trabajar y en qué zona minera en Bolivia. “Hay solicitudes (pedidos de áreas mineras) desde 2012 y 2013 que siguen durmiendo en la AJAM, cuando la entidad debería actuar con mayor eficacia”, reclamó.

El también expresidente de Fencomin, Octavio Ramos, argumentó que los avasallamientos se deben, en parte, a la falta de áreas mineras disponibles. “Muchos actores mineros solicitan áreas que no se están trabajando. Todas las áreas deben cumplir función social; si no lo hacen, deberían revertirse al Estado”, señaló.

Córdova advierte que la lentitud en la aprobación de contratos genera frustración y puede motivar estas ocupaciones. “Estamos hablando de años en la mayoría de los casos. ¿Quién va a esperar tanto tiempo? Ese es el argumento que utilizan las coperativas”, explicó.

Andrés Paye, de la FSTMB, reconoce que no todas las cooperativas participan en estas prácticas y que se respeta a quienes operan legalmente. “Se han visto avasallamientos incluso dentro de la minería cooperativa. Los resultados negativos son evidentes: luto, dolor; hay una falta de presencia del Estado”, enfatiza Paye.

El actual presidente de Fencomin, Josué Richar Cari Cari, fue contactado por este medio para conocer su posición sobre este tema, pero no respondió a los llamados.

¿CÓMO OPERAN?

Solo este 2025 ocurrieron cinco avasallamientos mineros, principalmente en el occidente (La Paz, Potosí y Oruro). Y el empresario Careaga advierte que los avasallamientos mineros ponen en riesgo uno de los pilares de la economía nacional, responsable de más del 57% de las exportaciones del país como es la minería.

“La minería sostiene la economía boliviana y, sin embargo, enfrentamos ataques a empresas nuevas como Alcira, que vienen a invertir y desarrollar proyectos en Bolivia”, señala. La otra fuente de ingresos del país era el gas.

Careaga denuncia que los ‘avasalladores’ están organizados y responden a una estructura, porque están armados, bloquean el acceso a los yacimientos y ponen en peligro la seguridad de trabajadores y comunidades locales.

“Los catalogamos como organizaciones delictivas. Ellos ingresan armados por las noches, atacando a los serenos, a los porteros, y al día siguiente ya no permiten el ingreso a las áreas de trabajo porque bloquean las carreteras, más o menos entre 500 y 800 metros antes del ingreso a los yacimientos”, cuenta el empresario.

El empresario minero sostiene que “lo más preocupante es que estos avasalladores se encuentran armados” y afirma, como los cooperativistas y los sindicatos, que instancias como la AJAM y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), Ministerio de Minería tienen en sus manos la posibilidad de resolver este conflicto.

“El Gobierno, la AJAM, el Senarecom y el Ministerio de Minería tienen áreas ociosas delimitadas, las cuales no han sido entregadas como concesiones a actores privados, quienes pueden solicitar su adjudicación a las autoridades correspondientes, pero no así entrar (avasallar) con presión a predios del sector privado”, lamentó.

PISAN FUERTE EN LA POLÍTICA

Las cooperativas aumentan en número cada año y en conjunto forman un ejército de unas 250 mil personas. Pero su influencia política es cada vez más grande y así ha sido en el gobierno del Movimiento al Socialismo, MAS.

“El sector minero jugó un rol importante en la toma de decisiones y por historia quienes definieron la salida de gobiernos fueron los mineros”, afirmó Freddy López, diputado  del MAS y del sector cooperativista.

En ese contexto, los legisladores de este sector no ven avasallamientos.  “Acá no hay una situación intencional de poder avasallar a otro actor minero. Lo que hay es que no existe un trabajo serio por parte de las autoridades del Ministerio de Minería”, afirma.

Hilarión Mamani, también senador del MAS y representante de este sector, también critica al gobierno al que dicen representar “Las cooperativas no han avasallado a nadie. Más al contrario, existen áreas ociosas desde el gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada que no se están trabajando. Eso ya deberían revertirse, como dice la Ley Minera”, reclama.

Mamani explica que a la Asamblea Legislativa no llegaron contratos impulsados por cooperativas y advirtió que la burocracia alimenta la minería ilegal. “Hasta ahora existe minería ilegal porque hay demasiada burocracia de dónde van a llevar el pan del día a su familia”, se preguntó.

A juicio del diputado del MAS, Francisco Coro, el Ministerio de Minería no hizo el trabajo correspondiente “ni supo controlar el sector. Muchas peticiones de centros mineros no fueron escuchadas por el Gobierno y eso derivó en avasallamientos”.

En la misma línea, el expresidente de Diputados y uno de los más cercanos al sector, Israel Huaytari, minimizó las denuncias. “No se les da espacio al sector minero. Entendemos que es un derecho del Estado proteger sus recursos a través de Comibol y la AJAM, pero hay burocracia. No veo avasallamientos en Potosí; si los hubiera, los tomaríamos en cuenta”.

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