4 de agosto (Urgente.bo).- Elia Esther Aruquipa Miranda, hija de Cristina Miranda Vda. De Aruquipa denuncia corrupción judicial en la investigación sobre la muerte de su madre, ya que dos de sus hermanos acusados de cometer este hecho, por intereses personales, pretenden salir en libertad.
“Un caso de parricidio y corrupción judicial que está dejando impune el asesinato de mi madre, Cristina Miranda Quisbert, de 74 años. Ella fue una mujer trabajadora, solidaria y confiada, víctima de una violencia brutal por parte de personas muy cercanas”, denuncia a Urgente.bo
Este lunes se desarrollará la audiencia de cesación de Roberto Carlos Aruquipa Miranda y Yannet Aruquipa Miranda para lograr obtener su libertad, denuncia Aruquipa.
“El viernes 1 de agosto, sin notificarnos, debía realizarse la audiencia de cesación, presidida por los jueces Marco Antonio Amaru y Eduardo René Foronda, (…) Sin embargo, esta fue suspendida sin explicación y reprogramada para el lunes 4 de agosto, generando más sospechas sobre posibles maniobras encubridoras”, indica.
Según la denuncia de la hija, Amaru y Foronda son jueces que “tienen antecedentes por favorecer irregularmente a acusados en casos graves, incluyendo feminicidios y asesinatos)”, lo que hace que sospechen que en su caso también estén ocurriendo actos de corrupción.
El pasado 13 de julio, Roberto y Yannet, recibieron detención preventiva, en el caso del hombre 6 meses en el penal de Chonchocoro y para la mujer en la cárcel de Obrajes. Sin embargo, ninguno de los dos fue traslado a los penales asignados y se mantuvieron en celdas policiales.
“Desde ese momento han ejercido influencias y manejado grandes sumas de dinero para evadir la ley”, denuncia.
Asimismo, señala que los imputados habrían pagado hasta $20.000 dólares para conseguir su libertad “sin haber cumplido detención preventiva ni haber pisado ningún recinto penitenciario”.
Además, Roberto también habría solicitado el cambio de penal de Chonchocoro a San Pedro, “pero ni siquiera ese traslado se ejecutó”.
“Es importante mencionar que Roberto es reincidente, con una condena pendiente por estafa y lesiones graves, y se encuentra requerido por juzgados de ejecución penal de La Paz. Su esposa, María Chuquimia Nina, también con antecedentes por estafa, se encuentra en la clandestinidad, tras haber evitado dos citaciones judiciales para declarar”, manifestó.
El crimen ocurrió el 25 de abril de esta gestión, aunque inicialmente se investigó como un asalto, la autopsia a la cual los acusados se habrían opuesto reveló que la mujer murió por asfixia mecánica por estrangulación y múltiples fracturas en las costillas.
Según la denunciante, el móvil del crimen sería un inmueble valorado en medio millón de dólares.
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