El pasado viernes, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) del Perú descubrió 20 toneladas de mercurio líquido, en un cargamento procedente de México y con destino a Bolivia en el puerto del Callao, ocultas en sacos declarados como grava. El destino de este reactivo sería su uso en la minería ilegal que se va expandiendo en nuestro país.
Este hecho reviste gravedad al examinar los hallazgos del informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), que revela que el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación controla el tráfico de mercurio empleado en la minería ilegal de oro en Perú, Colombia y Bolivia.
El informe detalla que, entre abril de 2019 y junio de 2025, se exportaron ilegalmente 200 toneladas de mercurio desde Querétaro. Un volumen récord global. ¿De ese mercurio, cuánto llegó a Bolivia?
Si bien no se tiene ese dato, según la información del EIA, con este insumo, se estima que se produjo oro ilegal con un valor cercano a los $US 8 mil millones.
El tráfico de mercurio sigue alimentando la minería ilegal, que, impulsada por los altos precios del oro, ha crecido significativamente en la Amazonía boliviana. Este escenario de precios altos se mantendrá y eso también significa un incremento de las actividades ilegales relacionadas a la explotación del metal dorado.
Según uno de los grandes bancos como J.P. Morgan prevé un precio medio de $US 3.300 OT para 2025 y una subida a $US 3.600 OT en 2026, con expectativa de superar los $US 4.000 OT a mediano plazo. ¿Qué significa eso para Bolivia?, ¿un mayor crecimiento de la minería aurífera en manos de las cooperativas?
Contradictoriamente, hoy se hizo público algo que venía dando vueltas en los pasillos del Ministerio de Minería y Metalurgia, la Empresa Estatal de Producción y Comercialización de Oro (EPCORO) detuvo la venta del mineral al Banco Central de Bolivia (BCB) debido a la inestabilidad en los precios del oro en el mercado interno, que según estimaciones estaría oscilando en Bs. 1200 el gramo de oro. Ahora, por inercia, esta medida deriva en que EPCORO ha paralizado la compra de oro a las cooperativas mineras auríferas, lo que motiva una nueva duda, ¿qué creen que harán las cooperativas con su producción? Está claro que la salida del oro por vía del contrabando será una opción.
Posiblemente, hay un dato que muchos desconocen y es que la producción de oro en el pasado 2024 tuvo una drástica caída del -53.9%, ya que la producción registrada en 2023 alcanzó a 46,6 toneladas, volumen que descendió a 21,5 toneladas. ¿Qué factores influyeron para esto? ¿Será la carencia de dólares y el desabastecimiento de combustible?, o ¿el oro boliviano salió de contrabando?
Aprovecho esta oportunidad para señalar que tras la revisión de los planes de gobierno de los partidos políticos que pugnan en las elecciones generales de 2025, queda expuesto el conocimiento limitado que tienen los candidatos sobre el sector minero. Esta deficiencia se manifiesta en la ausencia de acápites específicos para la minería o en la formulación propuestas genéricas sin que se haga hincapié en políticas o acciones concretas para lograr un mejor aprovechamiento de nuestros recursos mineros, otorgarles valor agregado, así como superar las facetas de ilegalidad de la minería.
También es notoria la reticencia generalizada de los candidatos a abordar críticamente la relación con las cooperativas mineras y, por ende, sus asociaciones ilegales con capitales privados, vox populi, en la explotación de oro en la última década. Por el contrario, varios de los candidatos optaron por sacarse fotos con los cooperativistas e incorporarlos en sus estructuras partidarias, otorgándoles incluso las candidaturas aseguradas en las franjas de seguridad como senadores o diputados, buscando garantizar así su presencia en la próxima estructura de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ante la incertidumbre generada por la actitud y el desconocimiento de los candidatos respecto a esta realidad, todo indica que el próximo gobierno, independientemente de su ideología, mantendrá la permisividad del modelo que impulsó el crecimiento de la minería informal e ilegal, lo que actualmente expande la frontera minera aurífera en el país.
Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario - CEDLA
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