La Paz, 22 de enero (Urgentebo).- El consorcio que maneja Jhasmani T. L. habría cometido atentados contra los jueces que no favorecían sus procesos, el ‘abogangster’ está acusado de la quema de la vivienda del juez Fernando Pérez y del vehículo del juez Gastón Rodríguez.

Según Los Tiempos el juez de instrucción cautelar penal de Cochabamba, Fernando Pérez, la madrugada del 15 de noviembre de 2017, sufrió un atentado en su vivienda donde un par de sujetos lanzaron bomba molotov y granadas de gas.

Testigos relataron que dos sujetos lanzaron los agentes químicos al domicilio. Así también un taxista que vio lo ocurrido y fue rociado con gas pimienta en el rostro por uno de los sujetos.

Por si esto no fuera poco, el 4 de mayo de 2017 en el municipio de Colcapirhua, dos encapuchados a bordo de una motocicleta incendiaron el vehículo del juez Gastón Rodríguez, quien acuso el hecho a una presunta venganza de las “mafias”.   

“Se quiere afectar de alguna manera a mi patrimonio tratando de presionarme   para que yo falle y favorezca de alguna manera”, expresó Rodríguez.

De acuerdo con las declaraciones de algunos implicados, Jhasmani T. L. habría cobrado 10 mil dólares por anular la sentencia del juicio por asesinato de las hermanas Adriazola en marzo de 2016. Asimismo exigía el pago de mil dólares y granadas de gas por cada proceso disciplinario contra policías.

Sergio Mauricio O. A. declaró que el abogado Marcos F. contrató los servicios de Jhasmani T. L. para que atienda el caso de Alejandra Doriana Saavedra Barroso y Omar Adriazola, quienes fueron sentenciados a 30 años de cárcel por el asesinato de las hermanas Adriazola.

“Él decía que tenía que reunir 10 mil dólares para llegar a un acuerdo con la vocal a la que le decía tía”, dijo Sergio Mauricio O. A.   La vocal Anawella T. P. (parte del consorcio), en mayo de 2018 anuló todo el juicio, por un error de redacción que fue emitida por la Sala Penal Sexta, por lo que el proceso volvió a foja cero.

“Un dia llegaron tres clientes que eran policías, dos hombres y una mujer, fueron a la oficina de Jhasmani para que los defienda en un proceso disciplinario ante la Dirección de Investigación Policial Interna (Didipi)”, dijo Sergio Mauricio O. A.

Según el relato de uno de los testigos clave del Ministerio Público, cuando los clientes de Jhasmani T. L. le preguntaron el costo, él les respondió “mil dólares por cabeza, pero además cada uno debía proveerle de granadas de gas como parte del pago. Hasta donde sé, él tenía un maletín negro donde guardaba las granadas de gas, algunas de ellas le eran dotadas por un exmilitar, que además se encargaba del armamento”, dijo.

El 19 de diciembre de 2018, Diego Oscar C. P. (expolicía sentenciado por narcotráfico), ante la Fiscalía, dijo que “Jhasmani ya tenía sus arreglos económicos con jueces y fiscales, pero nunca nos decía los precios exactos, decía que oscilaba entre 1.000 o 1.500 dólares”.

En el allanamiento que realizó el Ministerio Público y la Policía al bufet Leclere y Asociados, el 7 de junio de 2018, se logró secuestrar un CPU, una computadora portátil, un disco duro, recibos, documentos, manillas metálicas de uso policial, aerosol de uso policial (gas lacrimógeno) y una funda de bastón policial.