Opinión
Pueden citarse muchos otros casos y hechos político-electorales acaecidos en Bolivia, que han constituido una afrenta grosera a las normas de la Constitución, poniendo en duda -más de una vez-, su vigencia y la fuerza normativa que le es inherente por su calidad de Ley Fundamental del Estado
El IBCE ha venido insistiendo por años sobre la necesidad de una “Política de Sustitución Competitiva de Importaciones” que, sin repetir los errores del estatismo y el proteccionismo del pasado, apunte a bajar los costos de producción y de realización para lograr una mayor oferta de productos nacionales -sustitutos o sucedáneos a los importados- en el mercado boliviano.
Lamentablemente, queda claro cómo llegamos hasta este punto, el desafío y la pregunta sin respuesta es ¿cómo salimos y superamos esta crisis de la información?; mejor dicho, esta crisis de la intolerancia política.
¿Quiénes son los responsables de semejante violación de las normas penitenciarías básicas? ¿El juez que dictó la Resolución, el médico forense que certificó las supuestas enfermedades terminales, el director de la penitenciaría que suscribió la “buena conducta”, el fiscal que, notificado con la petición del condenado, no pidió su rechazó?, ¿o todos ellos actuaron concertadamente para beneficiar al reo?
