Si existe una conspiración para silenciar una verdad incomoda que es un secreto a gritos, por vía de la negación plausible y el terror, esa es la operación para solapar la relación entre Estado y crimen organizado; entre politica y narcotráfico; entre partido y cartel en México, donde al dato histórico de cuarto de millón de civiles asesinados en lo que va de siglo por los carteles de la droga, se añade que en solo trece meses, entre 2024 y 2025, los carteles ejecutaron a once alcaldes electos.
El vinculo orgánico entre Estado y narcotráfico es una relación antinatura que nació en la segunda mitad del siglo XX como funcionalización del crimen a un Estado mexicano que terciarizaba su monopolio de la violencia a organizaciones criminales, pero que hoy se revirtió en la subalternización del Estado a la corporación criminal transnacional que utiliza la institucionalidad estatal y las organizaciones políticas como una carcasa de legitimidad para un ejercicio del necropoder que escaló del genocidio al magnicidio.
El bucle cartel, partido, necropolítica y magnicidio es un juego de oposiciones binarias en el que la relación lógica de causa-efecto entre el segundo par —el par necropoder-magnicidio—solo puede establecerse si antes se ha racionalizado jurídicamente la articulación del primer par: cartel-partido. Racionalizar el incremento de la violencia, del genocidio brutal de anónimos mexicanos al refinamiento de las tecnologías de muerte en apparatus magnicida es sencillo. No así el racionalizar jurídicamente la asociación entre el estado y las mafias, que nuestra psique percibe y rechaza como una ecuación lógica generadora de incertidumbre lo que es terreno fértil para racionalizar en su lugar la negativa enfática del Estado de que tal par binario exista. AMLO y Sheinbaum lo saben y por eso se atrincheran en la negación de un hecho empíricamente constatado pero jurídicamente casi imposible de establecer. Por esa misma razón no extraditan al suspendido gobernador sinaloense Rocha Moya, requerido por un gran jurado federal en Estados Unidos; porque él es el eslabón perdido, la evidencia objetiva de esa incomoda relación entre lo político y lo criminal.
Leí una década atrás un impresionante papel de Helena Chavez MacGregor sobre nociones aplicadas de necropolitica o --Mbembe dixit-- "trabajo de muerte" en México (Chavez, 2013), donde el narco define quien debe morir. A diferencia de la tradición europea, que presume la vigencia del Estado soberano, Chávez MacGregor analiza un Mexico de "soberanía fragmentada" donde el Estado no es el único que decide quién vive y quién muere, sino que esta facultad se "privatiza" en una terciarización de la gestión de la muerte; un Capitalismo Necropolítico que no mata por ideología sino que rentabiliza la muerte y extraer un necro-valor agregado: control político: El cuerpo humano se convierte en mercancía incluso después de la muerte o en el proceso de morir (secuestro, trata, tráfico de órganos).
Hasta ahí Chavez MacGregor y su caracterización de México como campo necropolítico. Desde 2013 a la fecha, el trafico de drogasjj se convirtió en una industria multinacional. El cartel dejo de ser un fenómeno local y se hizo supra estatal, lo que invirtió la relación de subalternización Estado-criminalidad y evolucionó el uso de las tecnologías de necropoder de la brutalidad de la masacre callejera a las sutilezas del asesinato político, convirtiendo la estimación de que de 2006 a la fecha el narco perpetró 300 mil asesinatos en apenas el marco estadístico de otro indicador mas escalofriante de tecnología de necropoder: el magnicidio de más de una centena de autoridades electas.
Un análisis comparado de las reseñas de medios mexicanos e internacionales hace irrefutable este hecho: El Universal reportaba el 6 de noviembre de 2025 que 119 alcaldes fueron asesinados en los últimos 25 años. La Silla Rota (5 de noviembre de 2025) documenta 94 alcaldes asesinados en esos años, mientras Sin Embargo (17 de noviembre de 2025) identifica 115 asesinatos entre 2003 y 2025. En contraste, un análisis de La Verdad Juárez (4 de noviembre de 2025) señala 106 alcaldes asesinados en solo los últimos nueve años, señalando una intensificación reciente del fenómeno.
Finalmente, El País, en un reportaje del 8 de noviembre de 2025, indicaba que al menos 122 alcaldes han sido asesinados entre 2006 y 2025.
Las estimaciones —aunque divergentes en sus cortes temporales y metodologías— convergen en que el número de alcaldes asesinados en México, en el ultimo cuarto de siglo, supera la centena y que la normalización estructural del trabajo de muerte y su escalamiento al magnicidio como recurso político del crimen, en su forma partido, son una realidad estadística.
Helena Chavez plantea el duelo como resistencia: Ante un sistema que busca que los muertos sean solo cifras, el acto de nombrar, buscar y llorar a los desaparecidos se convierte en un acto profundamente político. La resistencia empieza —dice ella— por reclamar la humanidad de los cuerpos que el sistema intenta borrar. Cuando hace a autoridades electas, resistir a la normalización de esa bastarda soberanía delegada al cartel implica entregar a una justicia que no esté bajo su control a Ruben Rocha Moya o Fernando Farias Laguna, eslabones perdidos que permitirán establecer jurídicamente que MORENA es la manifestación institucional de la simbiosis partido-cartel.
////
