Hubo un tiempo en que las calles de Bolivia hablaban el lenguaje de la justicia. Eran los tiempos de Juan Lechín Oquendo, Irineo Pimentel, Federico Escóbar, Filemón Escóbar que se ocupaban realmente de la gente. Ellos llevaban a cabo verdaderas protestas sociales. Hoy, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) convoca a sus bases, o lo que queda de ellas, el discurso se calza el mismo traje de "lucha popular". Sin embargo, basta mirar los hechos para entender que el disfraz ya no engaña a nadie. No estamos ante un pueblo que exige derechos. Estamos ante una minoría política que no tolera perder el poder.
Las recientes movilizaciones del ala "evista" no reclaman mejoras para el campesinado ni justicia para los olvidados. Exigen el poder para Evo Morales, inhabilitado por la justicia constitucional. Exigen, con la violencia de los bloqueos que paralizan ciudades enteras, que una persona, no un pueblo, vuelva a ocupar el sillón presidencial. Piden impunidad para los diferentes delitos cometidos por el mandamás del Chapare. Quieren que el pueblo olvide y ni nombre, ni mencione los delitos de pedofilia, entre otros, de los que ya se le acusa. ¿Dónde queda la "reivindicación social" cuando todo se reduce a un nombre propio?
La historia boliviana del último ciclo progresista nos enseñó a desconfiar de quienes confunden la causa personal con la causa colectiva. El MAS nació como instrumento de organizaciones sociales: la CSUTCB, las Bartolinas, los gremiales, los cocaleros. Esa arquitectura de base le dio una potencia política sin precedentes. Pero el instrumento degeneró y ahora esas “instituciones” se convirtieron en nidos prebendales de corrupción. Hoy, esas mismas bases, no deciden: acatan. Quien disiente es expulsado, tildado de "vendido" o "derechista". Lo social se convirtió en vertical, y lo vertical, en autoritario.
Llamar "reivindicación social" a un movimiento que paga movilizaciones, retiene personas, impide el paso de ambulancias y bloquea el oxígeno destinado a enfermos de ciudades enteras, es un insulto a la inteligencia y, sobre todo, a quienes sí padecen necesidades reales: el que necesita llegar al hospital, el que pierde su trabajo por una carretera tomada, el pequeño comerciante que ve sus productos podrirse en un camión varado.
La protesta legítima existe y seguirá existiendo. Los médicos que piden insumos, los vecinos que reclaman agua potable: esas son reclamaciones sociales. Son incómodas, a veces ruidosas, pero tienen un fundamento que trasciende a la persona que las lidera. Lo del MAS de Evo, en cambio, es otra cosa. Es la pataleta de un minoritario movimiento político que, habiendo tenido 20 años para transformar el país de raíz, prefiere aferrarse al cargo antes que honrar lo poquísimo de bueno que tuvo su propio legado. Es la nostalgia convertida en extorsión.
Ya es hora de llamar a las cosas por su nombre. Lo que pasa estos aciagos días, no es reivindicación social. Es lucha por el poder. Y Bolivia, que tanto ha sufrido por quienes deliberadamente confunden una cosa con la otra, merece que al menos la prensa se niegue a repetir el libreto.
El bloqueo de vías, de calles de rutas camineras, es violento de por sí. No es “pacífica” como quieren hacer creer quienes la promueven. Es, además, una flagrante violación a los derechos civiles y humanos del pueblo boliviano. Por eso llama muchísimo la atención que las instituciones nacionales o extranjeras, defensoras de los Derechos Humanos, no se pronuncien al respecto, pero que lo hagan defendiendo los “derechos humanos” de los bloqueadores que inclusive ocasionen muertes al negar el paso de ambulancias con su violentísima medida, es inverosímil. El bloqueo a la libre circulación de los ciudadanos, debía estar fuertemente penada y sus promotores, financiadores y ejecutores, debían estar en la cárcel. La Constitución actual, redactada por el mismo MAS, garantiza la libre circulación de los bolivianos por todo y en todo el territorio nacional; pero como “le meten nomás”, ninguna ley o disposición regulatoria sirve para ellos. Para el MAS, solo se obedece al caudillo. Su palabra es la ley, y no importan la ética, la moral ni, mucho menos, la educación. En sus bloqueos y marchas “sociales” se amedrenta, se amenaza, se chicotea, se vandaliza. En suma, se agrede “pacíficamente”. Y a eso, le llaman democracia… Además, el cocalero se da el lujo de “aconsejar que no se privatice” y que “se respete la constitución”. Que se respete la constitución, debía recomendarse él mismo. Sobre que se privatice o no cualquier empresa o servicio deficiente, ¿quién le aconsejó a él, en su momento, que haga o no haga lo que hizo? Este individuo no entiende lo que es democracia…
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