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Ana María Morales, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).Foto: Urgente.bo.

19 de abril (Urgente.bo).- La Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT), que tiene siete artículos y está en la Cámara de Diputados desde el 2016, no es un mecanismo de persecución política, sino al contrario, busca atacar a las grandes organizaciones criminales que se dedican al delito del lado de dinero, explicó este lunes, Ana María Morales, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Entrevistada por el portal informativo Urgente.bo, la directora de la UIF aseguró que la norma aprueba un plan de acción que está dividido en tres pilares.  Un ámbito que es preventivo, otro que es de detección e inteligencia y el de represión penal. En la que participan al menos 29 instituciones públicas, entre ellas, la Policía, el Ministerio Público y los jueces.

Lea la entrevista:

¿Qué establece la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo?

La Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT), tiene siete artículos y aprueba un plan de acción que está dividido en tres pilares, un ámbito que es preventivo, otro que es un ámbito de detección e inteligencia y un ámbito de represión penal.

En estos tres ámbitos se establecen acciones concretas para las entidades públicas, una 29 entidades públicas, que van a tener que coordinar sus acciones el ámbito de los tres pilares, para fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de dinero. Eso quiere decir que en el ámbito preventivo, donde normalmente están: la Autoridad del Sistema Financiero, está también  la Autoridad de Pensiones y Seguros, la Autoridad de Juegos y  las entidades financieras, mediante sus unidades cumplimiento, que tiene la función de prevenir que estos espacios sean usados para  introducir dineros ilícitos en la economía.

Por norma y hasta estas fechas, se establece diferentes obligaciones, debidas diligencias a las entidades y el propósito esencial, es trabajar para poner medidas de mitigación, frente a las vulnerabilidades identificadas en este sector. Por decirles, se ha identificado la vulnerabilidad  de que en el ámbito de la venta de inmuebles, no hay un control adecuado donde se producen los muebles. Las medidas de prevención, son aquellas que van a establecer los mecanismos, que nos ayuden a establecer mayor eficiencia, en los sistemas de control de lavado de dinero.

Posteriormente, y ahí hay entidades involucradas, estamos estableciendo acciones concretas y definitivas  que nos ayuden a identificar a los beneficiarios finales. Se da mucho el caso de que hay operaciones de terceras personas, pero que no son los propietarios reales de las acciones o de dineros finales.

Las medidas preventivas nos ayudan  a hacer eso, a identificar quienes son los destinatarios finales de ciertas operaciones. Establecer mecanismo de controles más claros por los supervisores en el tema de lavado de dinero, tenemos los supervisores que son: la Autoridad del Sistema Financiero, la Autoridad de Juegos, la Autoridad de Pensiones y Seguros. Nosotros como UIF entramos de acuerdo a norma cómo supervisores.

¿Cuál es nuestro rol? Es  la coordinación que debe existir con todos estos y las sanciones administrativas que se va a aplicar, frente al incumpliendo de instructivos que ya estamos emitiendo como unidad de investigaciones financieras, porque de acuerdo a la Ley 393, somos los únicos competentes para emitir normativa de cumplimiento para estos sectores como sujetos obligados.

¿Qué establece el ámbito de detección e inteligencia?

En el ámbito detección de inteligencia, estamos utilizando los mecanismos de reportes de las operaciones sospechosas, de que la UIF pueda tener acceso tecnológico para desarrollar  informes más rápidos y oportunos. Los mismos que nuestras entidades que realizan los reportes de operación sospechosa, puedan tener los mecanismos tecnológicos.

En el ámbito de represión y justicia penal, se ha visto importante en poder trabajar con los actores, personas e instancias que están administrando justicia, y qué, necesitamos un proceso de especialización en el conocimiento y juzgamiento de los casos. Desde la Policía, los fiscales, los jueces, a efecto que puedan existir protocolos de actuación conjunta entre la Fiscalía y la Policía.

Pero además, se pueda especializar y entender cuál es la característica de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que está tipificado en el ordenamiento, el artículo 185 bis del Código Penal boliviano.

En estos delitos se está viendo que existe una coordinación de organizaciones criminales que sacan dinero por las fronteras y las llevan a otras jurisdicciones. Por lo tanto, la lucha debe ser conjunta, por lo que se está planteando a través de la estrategia, es una organización de diferentes órganos del Estado y las instituciones públicas, para que tengamos mejores resultados y fortalecer el régimen que actualmente tenemos de lavado de dinero.

Para todo esto se necesitará tiempo y presupuesto ¿Cuánto demandará?

Esperemos que sea lo más pronto posible, es un documento, es un mecanismo muy  importante operativo que nos va a permitir, a nosotros mejorar en tiempos  mucho más cortos  los resultados. No solo cómo país que requerimos, para luchar contra el lavado de dinero, que incide en la seguridad de nuestra población, qué incide en el sistema económico. El momento en el cual un empresario, un comerciante, tiene una competencia desleal, por alguna otra persona que establecido una empresa fachada, solo con el fin de lavar dinero, esa es una competencia desleal y por los precios que se manejan, pueden hacer quebrar estos negocios lícitos. Por lo tanto, lo que nosotros queremos con esta estrategia es establecer las medidas de mitigación para evitar aquello.

Esperemos que la aprobación en la Asamblea, la comprensión por  parte  de los asambleístas  de Comunidad Ciudadana y otros, para que se pueda llevar al detalle y al conocimiento de que es un instrumento de gestión y una política que va a reforzar nuestro régimen y no es un instrumento de persecución política como se trata de mal informar y dirigir.

En relación con los recursos, se ha previsto que dentro de los artículos de la Ley, que son las instituciones que mediante sus  mecanismos  y recursos propios que tiene van a tener que ejecutar las acciones. Hemos venido avanzando en la ejecución en diferentes instituciones del Órgano Ejecutivo, en el cumplimiento de ciertas acciones.

Sin embargo, en el ámbito, en el Órgano Judicial y el Ministerio  Público, ya se han creado las unidades que existen actualmente, por ejemplo: las facultades de que estas puedan atender los proceso de ganancias ilícitas, quiere decir; en la Policía Boliviana existe una División de Económicos Financieros, en esa división va a haber una unidad que va a atender la investigación de casos de investigación de legitimación ganancias ilícitas.

Hasta la fecha, esa unidad solo existía en temas de narcotráfico, existía un Grupo de Investigación de Análisis Económicos y Financieros (GIAEF), que ante un operativo de temas de narcotráfico, iban las dos  fuerzas, la FELCN  con el propósito de incautar droga e indagar a las personas, y el GIAEF, esta era para indagar el patrimonio que estaba moviendo la organización criminal. Sacaban los extractos, donde estaba el dinero en movimiento, cómo se articulaba y movía los dineros esa organización.

Por lo tanto, teníamos la posibilidad de que se abra un proceso por temas narcotráfico y legitimación. Uno sanciona la producción el ilícito de sustancias controladas, y el otro, sanciona el tratar de ocultar el origen ilícito de constituir las empresas fachadas, poder disimular y poner un manto de legalidad a los dineros ilícitos.

Ya se avanzó en la Policía, es por ello, que en esta Unidad de Económicos Financieros, va a haber una unidad para los demás delitos los temas delitos precedentes que pueden ser: pornografía, secuestro de menor, corrupción  de menores, corrupción pública y otros, se pueda no solo abrir un caso por el delito, sino legitimación de ganancias ilícitas, porque  lo que buscamos los Estados es despojar el poder económico de estas organizaciones criminales.

Si  uno no va contra el poder económico patrimonial de las organizaciones, estas siguen operando y siguen teniendo el gran poder económico de daño a la población afectando la seguridad ciudadana y la economía. Ese es el objetivo de la Legitimación de Ganancias ilícitas. La Policía ya está abriendo una unidad, dentro de esta dirección y no necesita mayores recursos.

De la misma  forma, la Fiscalía está dando competencia a los jueces anticorrupción, para que puedan  conocer los casos de legitimación de ganancias ilícitas por la especialización que se requieren. Porque el procesamiento, la investigación de los delitos, requieren del conocimiento de estrategia, de aportar la prueba, de quienes van a pedir la indagación patrimonial financiera, para que no se pierda y se caigan los procesos. Ya se está avanzando.

A futuro, vamos a generar una norma de un carácter unificador de todas las disposiciones en el ámbito procedimental y penal, en el tema de legitimación de ganancias ilícitas y establecer dentro de las recuperaciones de bienes y despojo las organizaciones criminales, que esos  dineros vuelvan al Estado, y vuelvan al Estado a potenciar a las entidades que están  involucradas en su prevención, detección, investigación y juzgamientos.

Con estos recursos que vamos a poder generar procesos de especialización para nuestros jueces y potenciarlos fuertemente.

¿La UIF tiene un estimado de cuánto dinero generan las organizaciones criminales?

Hay varias organizaciones internacionales a nivel mundial, que ya han hecho un cálculo  y los cuales estamos introduciendo dentro  de los fundamentos y diagnósticos de la estrategia. Por ejemplo, hacen referencia a que el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha calculado que un 5% del PIB (Producto Interno Bruto) mundial, está siendo afectado por el lavado de dinero. De la misma forma, en el ámbito de lo que es la salida de nuestras fronteras de países  en desarrollo por hechos de  corrupción, de salida de divisas, alrededor de 400 mil millones de dólares, que están saliendo por nuestras fronteras en países de América Latina.

Básicamente, si nos fijamos, hay un poder económico que está  tras de este tema del lavado de dinero. Hace dos semanas, se llegó a informar que hubo una recuperación de 43 millones a una organización criminal. El dinero que se mueve detrás del narcotráfico, de la trata y tráfico de personas, es muy grande en todos los países de América Latina.

A nivel mundial, se calculó que trata y tráfico de personas está en un  segundo lugar moviendo del  tema de dinero y son todos estos dineros de origen ilícito, que se van a canalizar con la Legitimación, eso es lo que estamos atacando.

Bolivia pertenece al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafilat), el cual adopta los estándares internacionales  del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),  entre los cuales está, el de poder  establecer  una coordinación mucho más fluida y  tener en las normativas  disposiciones que no conviertan a los países en jurisdicciones  débiles o laxas,  porque las organizaciones criminales buscan eso, buscan países donde no hay un control adecuado para poder introducir el dinero ilícito.

¿Dónde irá el dinero secuestrado por estas actividades ilícitas?

Al Tesoro General de la Nación (TGN), al Estado. Existe que los bines incautados van  la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI). Lo que nosotros queremos, es establecer en delitos de legitimación de ganancias ilícitas, es que vaya al Estado. Desde ahí debe distribuirse a las intuiciones involucradas contra este delito para potenciarlos, para  generar especializaciones  o instancias de estos casos de legitimación de ganancias ilícitas. En el mundo se avanza en desarticular, de despojar a las organizaciones de su poderío económico, que es la única forma de luchar contra los demás delitos.

¿El proyecto de Ley es un instrumento de persecución política?

No, para nada. La estrategia no establece un régimen penal nuevo, no establece mecanismos procedimentales, por los cuales vamos a perseguir a las personas. Establece un plan de acción claro y concreto de coordinación entre los distintos órganos del Estado (…) confiamos en que el contenido de la estrategia se podrá conocer y que es una política de Estado, que está yendo  a reforzar la imagen que el 2011 y 2013 logramos con el expresidente (Evo Morales), que es el de constituirnos en un Estado confiable y nos comprometemos como un Estado que lucha contra el lavado de dinero.

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