17 de agosto (Urgente.bo).- Luego de conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las víctimas de Sacaba y Senkata anunciaron con iniciar procesos por incumplimiento de deberes y omisión contra Juan Lanchipa, Fiscal General del Estado (FGE) y uniformados policiales.
Ayben Huaranca, el enfermero que fue enviado a la cárcel de San Pedro acusado de fingir ser médico, militar y policía, en los hechos acaecidos del 2019, indicó que fue la autoridad del Ministerio Público que dio luz verde a un proceso en su contra, por el que hasta ahora tiene muerte civil y no puede conseguir trabajo.
“Este mal fiscal (Juan Lanchipa) y varios policías se han inventado los delitos como sedición y terrorismo y nos han enviado a la cárcel, no solo a mí, sino a muchos otros. Tienen que caer, porque ellos fueron que lastimaron a varias familias y mucha gente. Fuimos presos políticos por ayudar a la gente”, indicó.
“Él tiene que ver el error que ha cometido en la época del golpe de Estado, él tiene que reconocer. Desde que me encarcelaron destruyeron mi vida, me mataron civilmente, hasta ahora no puedo conseguir trabajo. En ningún momento me disfracé de militar o de Policía”, acotó Huaranca.
María Cusi Tankara, madre de uno los fallecidos en Senkata, tras la renuncia de Evo Morales, aseguró que el camino judicial para hallar justicia es el primer paso. Señaló que las exautoridades del Ministerio Público, policías y militares de aquel entonces rendir cuentas.
“Se va a abrir los procesos contra los que se tenga que hacer, entre ellos los policías y militares que han sido cómplices de las masacres”, argumentó Tankara que se quebró en llanto.
De acuerdo a Nelson Cox, viceministro de Régimen Interior, el 2019 estuvo desprotegida y lamentó que ni la Fiscalía haya actuado conformando comisiones especializadas y jueces cautelares itinerantes.
“Las víctimas deben cuestionar la inacción del Ministerio Público, las víctimas que no han tenido acceso a la justicia, pueden activar cualquier proceso basándonos en el informe de la GIEI (…) contra quienes han actuado por acción y omisión”, dijo Cox.
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