Por años, el teletrabajo fue una alternativa marginal en Bolivia, reservada para sectores tecnológicos o académicos. La pandemia de COVID-19 lo catapultó al centro de la dinámica laboral, obligando a instituciones públicas y privadas a adaptarse rápidamente. Sin embargo, esta transformación acelerada dejó al descubierto una profunda debilidad: la falta de un marco normativo sólido y permanente que respalde esta modalidad más allá de la emergencia.

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Según el informe de la OIT sobre trabajadores en plataformas digitales en América Latina y el Caribe, el 93% de quienes realizan tareas digitales viven en zonas urbanas, con una edad promedio de 33 años y un alto nivel educativo. Aunque Bolivia representa apenas el 0,4% de los encuestados, los datos permiten identificar patrones relevantes:

• El 52% no considera esta actividad como su fuente principal de ingresos.
• Solo el 17,7% se identifica como empleado formal.
• El ingreso mediano por hora es de USD 2,57, cercano al salario mínimo nacional.
• El 40% no cuenta con cobertura de salud ni seguridad social.

Estos indicadores revelan una realidad dual: el teletrabajo ofrece flexibilidad y acceso global, pero también reproduce precariedad e informalidad si no está respaldado por políticas públicas claras.

Durante la pandemia, Bolivia adoptó el Decreto Supremo 4218 del 14 de abril de 2020, promovida y gestionada por la Fundación FUNDETIC BOLIVIA, que tuvo como objeto regular el Teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC en los sectores público y privado como medida de bioseguridad. Posteriormente, el Decreto Supremo 4570 de 18 de agosto de 2021, delimitó su aplicación hasta el fin de la emergencia sanitaria. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo ha dejado de reconocer esta modalidad, alegando que su validez estaba condicionada al contexto excepcional.

Esto ha generado una situación de incertidumbre jurídica: los contratos de teletrabajo no pueden ser visados oficialmente, y no existe una norma permanente que regule aspectos clave como:

• La compensación de gastos operativos.
• La protección de datos personales.
• La fiscalización de condiciones laborales equitativas.

En consecuencia, muchas empresas que desean implementar políticas modernas enfrentan obstáculos administrativos y legales, mientras los trabajadores quedan expuestos a vulneraciones de derechos.

Más allá de la normativa, el teletrabajo en Bolivia enfrenta barreras profundas:

• Marco normativo incipiente: si bien existen disposiciones legales que reconocen el teletrabajo, aún no se han desarrollado reglamentos específicos que garanticen derechos, fiscalización y protección social.
• Infraestructura desigual: la conectividad sigue siendo limitada en zonas rurales y periurbanas.
• Brecha de habilidades digitales: muchos trabajadores carecen de competencias para acceder a empleos remotos especializados.
•  Fragmentación institucional: no existe una estrategia nacional articulada entre Estado, academia y sector privado.

Para que el teletrabajo no sea solo una solución de emergencia o un privilegio urbano, Bolivia necesita una hoja de ruta estratégica que combine inclusión, sostenibilidad y seguridad jurídica. Algunas acciones clave incluyen:

• Promulgar una ley específica que institucionalice el teletrabajo como modalidad laboral formal.
• Crear un observatorio nacional que monitoree condiciones laborales, brechas de género y acceso territorial.
• Fomentar alianzas público-privadas para incubar plataformas locales y conectar talento boliviano con mercados internacionales.
• Implementar programas de formación digital con enfoque en autonomía, productividad y seguridad informática.

El teletrabajo no debe ser visto como una solución temporal ni como una opción elitista. Es una oportunidad para democratizar el empleo, reducir la huella ambiental, retener talento y dinamizar economías locales. Bolivia tiene el talento, la necesidad y el contexto para liderar una transformación digital inclusiva.

Es urgente que el Estado impulse una reforma normativa que brinde seguridad jurídica a empleadores y trabajadores y que permita construir un nuevo contrato social digital. Porque el futuro del trabajo ya llegó. Y Bolivia no puede quedarse atrás.

Luis Sergio Valle es ciudadano boliviano.