Durante la pandemia producida por el COVID-19 los países adoptaron medidas sanitarias de protección a la población, como el confinamiento que restringía el libre tránsito de las personas. A su vez, diferentes medidas económicas y financieras como el diferimiento de créditos, cuya finalidad fue la de apoyar a los deudores que, producto de la pandemia, vieron afectados sus actividades laborales y por ende su capacidad de pago.
El diferimiento trajo consigo beneficios para los deudores ya que difería las cuotas mensuales, tanto capital como intereses, a la parte final del plazo del crédito, esto mediante la suscripción de una Adenda al contrato de préstamo. Muchos de los deudores tuvieron que adaptarse rápidamente a la nueva normalidad realizando su trabajo mediante plataformas virtuales, era común el teletrabajo o trabajo remoto, actividad que permitió continuar con sus obligaciones crediticias, en otros casos, no había ninguna posibilidad de efectuar trabajo alguno.
Cuantificando los resultados de esta medida, se puede evidenciar que las cuotas diferidas que alcanzaban en diciembre de 2020 al 10,4% del total de la cartera, se redujeron a 1,9% en septiembre de 2024 (disminuyeron en un 79%). Asimismo, cerca del 90%, de las cuotas diferidas el año 2020, se pagó totalmente o se está pagando al sistema financiero. Estos datos muestran que la mayoría de los deudores beneficiarios del diferimiento cumplieron con sus obligaciones crediticias.
Esta situación es reflejada en el índice de mora de nuestro país, el cual alcanza a 3,5%, a septiembre de la presente gestión, porcentaje del cual el 43% de la morosidad proviene de los prestatarios que se acogieron al diferimiento de sus créditos, por lo que es importante aclarar que este porcentaje equivale solamente al 1,5% de la cartera total, lo que implica que la magnitud es mínima.
Destacar que la información financiera muestra que 1,9 millones de prestatarios (96.5%), están cumpliendo de manera puntual con el pago de sus obligaciones crediticias sin mayores inconvenientes y en las mismas condiciones económicas y sociales por las cuales atraviesa el país, aspecto que denota la cultura del pago que aún persiste en nuestro país y el cumplimiento de la cartera diferida.
En su momento el diferimiento se constituyó en un respiro financiero para los deudores ante un contexto de desastre económico producido por la pandemia. En el presente contexto, en el que existen conflictos sociales, medioambientales y un adverso entorno económico la reprogramación y/o refinanciamiento de los créditos, así como la posibilidad de beneficiarse con los periodos de prórroga y de gracia, se constituyen en un nuevo respiro para los prestatarios, un apoyo real para que puedan reorganizar su actividad económica y recuperar su capacidad de pago. Estos beneficios no implican el cambio de calificación del deudor a una categoría de mayor riesgo.
Actualmente el mundo atraviesa procesos de recesión, acompañados de inflación, desempleo y conflictos bélicos, contexto al cual nuestro país no es ajeno, ya que afecta a la economía en su conjunto y a los ingresos de la población imposibilitando, en algunos casos, el cumplimiento de sus obligaciones crediticias y en un extremo la satisfacción de sus necesidades básicas, por lo que medidas de alivio son necesarias para la población.
Es importante que, en momentos de conflictividad extrema, los deudores afectados se beneficien de la normativa emitida, solicitando a la entidad financiera la reprogramación y/o refinanciamiento de su crédito, así como otros beneficios como el periodo de prórroga o gracia, para que la entidad efectué el análisis y evaluación de manera individual, es decir caso por caso. Es momento de ser parte de la solución y no del problema.
Gustavo Gómez es economista
