Recientemente reconocidos abogados bolivianos presentaron una propuesta para la reforma de la justicia a través de un referendo y así, principalmente, modificar la designación de jueces, a fin de que estos sean “independientes e idóneos”. Esa propuesta está en su fase de adhesión del público, a través de la firma de libros para que esa solicitud sea tomada en cuenta.
Entre los varios puntos de esa propuesta, nos detendremos en la moción planteada para tener jueces independientes, imparciales e idóneos. Esos abogados proponen conformar una Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por personas de reconocido prestigio, encargada de elaborar ternas para que la Asamblea Legislativa elija por dos tercios a los magistrados del Tribunal Supremo, Agroambiental, Constitucional y del Consejo de la Magistratura.
Curiosamente, se propone como “avance” lo que es un claro retroceso en la manera como la población interviene en el terreno de la justicia. Es como si a nivel de elecciones para presidente de la República se renegara del Voto Universal, para regresar a las épocas y formas de Voto Calificado. En efecto, el gobierno del MAS decidió que los magistrados del Tribunal Supremo, Agroambiental, Constitucional y del Consejo de la Magistratura sean elegidos mediante proceso electoral público. En ese sentido, ya hubo dos procesos electorales, el 2011 y el 2017 y el tercero está programado para este mismo año.
Es cierto que los resultados de esa reforma fueron lamentables. El dolo, la ineficacia y las perversiones del sistema judicial se mostraron idénticas, sino peores que en años anteriores. El desastre es tal, que el mismo Evo Morales en su tercera posesión presidencial declaró como un fiasco las elecciones judiciales efectuadas en el país.
Sin embargo, ¿cómo enmendar esta frustración? Ramiro Orias Arredondo en un trabajo sobre la reforma judicial en Bolivia publicado por la FES el año 2015, señala textualmente: “La reforma de la justicia en Bolivia no es algo nuevo. Se podría decir que el país ha vivido al menos un proceso de veinticinco años de reforma judicial en el período democrático...”. ¿Por qué esa sistemática desilusión? Ciertamente, porque el sistema judicial hace parte de un conjunto incambiado de estructuras, las cuales están estancadas en los modelos del periodo colonial, que resistieron todo intento de cambio porque, justamente, son el armazón que da sentido y mantiene el conjunto de ese sistema.
El cambio del sistema judicial requiere, en consecuencia, una voluntad de modificación plena de la estructura socio política en nuestro país. Es hacia este sentido que debe encaminarse toda reflexión y propuesta de modificación del sistema judicial: El sistema judicial como piedra angular cuya reforma debe desencadenar la remoción de todo el edificio institucional boliviano. Es, evidentemente, la tan cacareada “descolonización” que no ha encarado ni por asomo el proyecto político del MAS.
Esta reforma deberá contemplar una mayor participación ciudadana, y no retrotraerse al viejo recurso de los “notables” que, en el caso Bolivia, tendrá siempre un tufo colonialista interno. Ese tufo deviene insoportable, cuando se presenta a la “justicia comunitaria” como el terreno exclusivo en el que los indios solos tendrían capacidad de decisión.
El asunto de la propuesta que analizamos deviene más claro en sus vinculaciones conservadoras cuando constatamos que los proponentes son todos abogados. Lamentablemente el abogado es el ejemplo más claro de cómo el esquema colonial es intocable. ¿Puede el fruto de una situación inicua proponer ella sola la reforma del sistema que le da vida y garantiza sus prebendas?
De seguir así, esa propuesta inevitablemente concluirá sumergiéndose en el terreno del menudo conflicto por ubicarse mejor en el terreno de la disputa política inmediatista. Las fallas del sistema judicial no son solo resultado de los últimos quince años de gobierno. Se remontan más antes. ¿Cuál la solvencia para intentar erradicar la injerencia de lo político en el aparato judicial, cuando muchos de los firmantes de esa propuesta participaron activamente en el terreno político y en ese ejercicio se beneficiaron (así sea “inconscientemente”) del mecanismo que ahora denuncian e intentan modificar?
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