Bolivia ha entrado en una fase incómoda. El Decreto Supremo 5503, presentado por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira como un “ajuste por la patria”, no constituye un gesto ideológico ni un capricho tecnocrático. Representa, sobre todo, una respuesta a la acumulación de desequilibrios que se arrastran desde hace años y que ya no pueden ocultarse. El crecimiento se aproxima a cero, la actividad económica muestra señales de contracción, la escasez de dólares persiste, el sector energético se deteriora, el tipo de cambio paralelo se tensiona y la inflación amenaza con consolidarse muy por encima del 20 % hacia finales de 2025.

El ajuste se implementa en un contexto social especialmente delicado. La economía boliviana es profundamente informal, con baja capacidad para absorber shocks y con memoria viva de los “gasolinazos” que, en otras épocas, encendieron calles, sindicatos y bloqueos. El margen político es estrecho y se ve agravado por un impacto directo, reconocido por el propio Gobierno, sobre el transporte, la logística y la canasta familiar.

Durante dos décadas, Bolivia organizó su economía en torno al Modelo Económico Social Comunitario Productivo, conocido como MESCP. En la narrativa oficial prometía soberanía, industrialización y redistribución, pero en la práctica derivó en un Estado sobredimensionado, sostenido por un ciclo excepcional de precios altos, un uso intensivo de las reservas internacionales y una corrupción generalizada. Cuando ese ciclo se agotó, quedaron en evidencia debilidades estructurales. Las empresas públicas se volvieron deficitarias, muchos proyectos carecieron de rentabilidad, los sobrecostos se multiplicaron y las divisas comenzaron a drenarse de forma constante.

El resultado fue una proliferación de empresas estatales “zombis” que no quiebran, pero tampoco generan valor, productividad, exportaciones ni empleo sostenible. Estas sobrevivieron gracias a transferencias fiscales y al uso del balance del Banco Central, un mecanismo que ya no es reproducible. El DS 5503 marca un quiebre con esa lógica. La prioridad deja de ser sostener indefinidamente precios artificiales o expandir el gasto sin respaldo productivo. La meta ahora consiste en evitar un colapso y recuperar un mínimo de previsibilidad macroeconómica.

El decreto descansa sobre una visión pragmática que mezcla elementos de la estabilización neokeynesiana y de la nueva macroeconomía abierta. Busca corregir desequilibrios sin provocar una recesión profunda mediante anclas nominales, coordinación fiscal y monetaria y shocks focalizados. Tampoco es monetarismo clásico de contracción agresiva y alto coste social, ni estructuralismo cepalino que pospone ajustes de precios para priorizar la industrialización estatal. Más bien adopta un nuevo pragmatismo económico latinoamericano que corrige precios clave como los combustibles, protege a los sectores más vulnerables mediante transferencias focalizadas y evita crisis financieras con medidas de alivio crediticio. Se trata de una combinación de restricción fiscal con un esquema básico de protección social.

En la práctica, el enfoque del gobierno de Paz se apoya en tres pilares operativos. El primero busca estabilizar el tipo de cambio mediante el uso de reservas y financiamiento externo, pues sin el sólido respaldo de Washington y de los organismos multilaterales el esfuerzo difícilmente prosperará. La segunda procura contener la inercia inflacionaria con un ajuste único en los combustibles, por duro que sea, evitando un proceso gradual que prolongue la incertidumbre y fomente la especulación. El tercero pretende preservar la liquidez bancaria para impedir un aumento abrupto de la morosidad que desemboque en crisis financiera, junto con una congelación salarial en el sector público para 2026 y mecanismos de diferimiento y normalización crediticia.

El “sinceramiento” de los combustibles y el choque de precios relativos

Era evidente que esa medida sería el detonante económico y político más potente. Bolivia entra en una fase de corrección abrupta de precios relativos, con la eliminación de uno de los pilares históricos del modelo anterior, el subsidio universal a los hidrocarburos. La gasolina se encarece de forma sensible, pero el diésel —clave para el transporte pesado, la agroindustria y la logística— lo hace aún más. Esto anticipa un efecto cascada sobre los costes de producción, distribución y, en última instancia, sobre los alimentos y bienes básicos.

El Gobierno responde con un esquema de compensaciones selectivas. Aumenta el salario mínimo un 20 %, hasta los 3.300 bolivianos, refuerza programas de transferencias como la Renta Dignidad y el Juancito Pinto, y activa un conjunto adicional de medidas que incluyen bonos y pagos extraordinarios, alivios tributarios, ajustes arancelarios, facilidades de importación y mecanismos de regularización. La intención es proteger con mayor intensidad a los hogares vulnerables, mientras se confía en que el incremento salarial sostenga los ingresos de quienes están dentro del sector formal.

Pese a ello, el diseño presenta tres tensiones estructurales. La primera es que la compensación se concentra en el mundo formal, mientras una proporción muy elevada de la población económicamente activa sobrevive en la informalidad, sin salario mínimo, contrato laboral ni acceso efectivo a los mecanismos de protección. Este grupo soporta mayores costes cotidianos sin red equivalente. La segunda tensión es productiva. El aumento del salario mínimo puede preservar el poder de compra formal, pero también presiona a las empresas privadas que operan con ventas débiles, financiamiento limitado y márgenes ajustados. En especial las pymes se enfrentan a una pinza de costes energéticos crecientes, demanda frágil y crédito caro. La tercera tensión es política. El ajuste carece de acuerdo amplio en la Asamblea Legislativa y en la calle, lo que limita su legitimidad y eleva el riesgo de bloqueo o reversión. El transporte representa un foco especialmente sensible. Sin un mecanismo creíble de transición para tarifas urbanas e interdepartamentales, el ajuste puede amplificar el golpe inflacionario si los pasajes suben, o trasladar pérdidas a los transportistas si se intenta congelarlos. En ambos casos, el conflicto social parece inevitable.

Dinámica inflacionaria y riesgo de estanflación

Desde una perspectiva técnica, Bolivia no enfrenta la inflación de manual que surge por exceso de demanda. No hay sobrecalentamiento ni brecha de producto positiva. El problema proviene de otros canales, como la liberación de precios rezagados por controles y subsidios, shocks de costes —en especial energéticos—, fragilidad del anclaje cambiario y deterioro de las expectativas.

El riesgo más grave sería la estanflación. El shock de los combustibles puede elevar la inflación al alza mientras enfría la actividad económica y reduce el poder de compra. Si la autoridad monetaria decide subir los tipos de interés o restringir el crédito para evitar una espiral, el remedio podría agravar el estancamiento. Reaparece así el dilema clásico de las economías pequeñas y abiertas. Contener la inflación puede implicar un retroceso mayor del crecimiento, mientras tolerarla puede socavar la estabilidad macroeconómica. En una economía informal y con tejido empresarial frágil, ese dilema es especialmente regresivo.

La historia ofrece un paralelo útil. En Estados Unidos, durante los años setenta, el shock energético generó una combinación simultánea de inflación y desaceleración. Bolivia enfrenta ahora un riesgo similar, pero entra al episodio con menor credibilidad monetaria, mayor dependencia de divisas y un canal cambiario mucho más sensible. De ahí que el peligro de que el shock se traslade rápidamente al mercado cambiario y a las expectativas sea mucho mayor.

Modelo econométrico para ordenar los escenarios

Para ordenar los factores que dominan hoy la inflación boliviana, puede usarse una formulación econométrica estándar, útil como herramienta de lectura (no como bola de cristal):

πt: inflación en el periodo t (por ejemplo, variación mensual o anualizada del IPC).

α: constante (captura la inflación “de base” no explicada por las variables incluidas).

ρ: coeficiente de inercia inflacionaria (cuánto se arrastra la inflación pasada hacia la actual).

πt−1: inflación del periodo anterior.

gapt: brecha de producto (actividad real vs. potencial; positivo si hay sobrecalentamiento, negativo si hay holgura).

β: sensibilidad de la inflación a la brecha de producto (en Bolivia hoy tiende a ser secundaria frente a costes y tipo de cambio).

Δet: variación del tipo de cambio relevante (oficial/implícito/paralelo según transmisión efectiva).

γ: pass-through cambiario (qué parte del movimiento del dólar se filtra a precios internos).

fuelt: shock de combustibles (cambios en precios internos de diésel/gasolina o en tarifas administradas que afectan costes).

δ: impacto directo e indirecto del shock energético sobre inflación.

Δmt: crecimiento monetario (del agregado seleccionado) o expansión de liquidez.

θ: sensibilidad de inflación al impulso monetario (con la cautela de endogeneidad).

εt: shock político-social y de oferta (bloqueos, desabastecimientos, ruptura logística, episodios de pánico, etc.).

El DS 5503 no busca reducir la inflación de forma inmediata. Pretende actuar sobre los motores más peligrosos de la dinámica actual, contener la presión sobre el tipo de cambio, concentrar el shock de los combustibles en un único evento e impedir que la inercia inflacionaria se transforme en una espiral. Su éxito dependerá, más que de la estética del diseño técnico, de la gestión política y del tiempo.

Régimen cambiario y pass-through parcial

El dólar paralelo se ha convertido en el principal termómetro del miedo frente a la escasez de divisas, influyendo en expectativas y precios incluso con variaciones mínimas. Esta situación fragiliza la transición cambiaria del nuevo decreto. Sin reservas adecuadas ni financiamiento externo rápido, cada movimiento del tipo de cambio será interpretado como señal de desanclaje del boliviano, reforzando el dólar paralelo como ancla psicológica. El decreto apuesta por una flexibilidad administrada que permita una devaluación gradual con el objetivo de corregir distorsiones externas y reducir la brecha de divisas. La expectativa es que la eliminación de subsidios mejore el balance externo. Sin embargo, un mal momento de ejecución podría disparar la inflación de forma abrupta.

Fragilidad fiscal y conflicto como variable macro

El ajuste busca corregir los desequilibrios estructurales mediante la reducción del gasto cuasifiscal, aunque genera un bache temporal debido al aumento de transferencias y la debilidad recaudatoria. Sin financiamiento externo oportuno, el Banco Central enfrentará presión adicional. Los bonos sociales pierden eficacia con la inflación, la informalidad carece de red de protección y el transporte se moviliza. La oposición, encabezada por Evo y Lara, rechaza el decreto, incrementando la probabilidad de bloqueos que amplifiquen las tensiones inflacionarias por el lado de la oferta. Aun así, parte del empresariado lo considera un “choque necesario” y la banca ha ofrecido alivios crediticios. Surge así un pulso entre la legitimidad de la calle y la del mercado.

Washington, oxígeno del ajuste

El desenlace del plan depende de dos factores esenciales: tiempo y respaldo internacional. El financiamiento estadounidense y multilateral debe llegar con rapidez y en volumen suficiente para reforzar las reservas y restaurar la confianza. El apoyo público de Estados Unidos, liderado por el secretario de Estado Marco Rubio, fortalece el giro emprendido por el presidente Paz, agiliza los desembolsos y reduce los riesgos. Esta coyuntura exige una diplomacia económica activa y una representación en Washington con un mandato político claro. Y la pregunta aquí es: ¿cuándo se nombrará al embajador boliviano? Si el programa depende de dólares, velocidad y credibilidad, la gestión diplomática será tan decisiva como la económica.

Escenarios para 2026:

Los escenarios para 2026 son claros, pero no simétricos ni en probabilidad ni en coste social.

Mejor caso (15%–25% probabilidad): Financiamiento externo llega con velocidad, nuevo régimen cambiario reduce sostenidamente la brecha oficial-paralelo y conflictividad se contiene con acuerdos y alivio focalizado. Inflación desacelera a 12%–15% anual por moderación progresiva de la inercia inflacionaria y expectativas mejoradas. Crecimiento bajo pero estable con previsibilidad, inversión selectiva y reservas recomponiéndose gradualmente.

Intermedio (50%–60% probabilidad): Inflación elevada, brecha cambiaria parcial y crecimiento cerca de cero. El programa evita crisis financiera abierta, pero no recupera confianza plena. Desgaste social crece, informalidad absorbe costos desproporcionados y política se vuelve reactiva: apagando incendios, negociando treguas y conteniendo tensiones cambiarias.

Peor caso (20%–30% probabilidad): Ajuste desordenado. Respaldo externo tarda, régimen cambiario pierde credibilidad, dólar desancla persistentemente como formador principal de precios. Inflación supera 30% por expectativas rotas, bloqueos y disrupciones de oferta. Conflicto generaliza parálisis logística; programa colapsa legitimidad y estabilización vira inestabilidad.

Como resume el cuadro, el objetivo no es adivinar cifras, sino traducir a magnitudes observables la dinámica inflacionaria. Si dominan presión cambiaria, shock de combustibles y choques políticos, la inflación escala. Si se moderan junto con la inercia, cae.

Breve justificación de rangos

Inflación. El shock de combustibles “entra” una vez, pero su propagación puede durar meses: transporte, alimentos, logística y reajustes preventivos. El rango 12%–15% presupone que no haya nuevos ajustes sucesivos, que la transmisión a tarifas se gestione sin espiral y, sobre todo, que el dólar deje de actuar como termómetro del miedo. Si el paralelo vuelve a liderar la formación de precios, el escenario se desplaza rápidamente hacia 18%–25%. Si además aparecen bloqueos largos o desabastecimientos, la inflación salta al rango 30%–45% por ruptura de oferta y expectativas.

Crecimiento. Es bajo en todos los escenarios porque el ajuste arranca con actividad débil y patrón productivo agotado. El rango positivo del mejor caso no describe un auge, sino un suelo: menos incertidumbre, menor brecha y capacidad de planificar. Si el financiamiento se retrasa o el régimen cambiario se vuelve errático, el PIB queda alrededor de cero. Si el conflicto se hace método (paros, bloqueos, logística interrumpida), el crecimiento cae por mecánica económica básica: se corta el movimiento de bienes, insumos y trabajo.

Reservas (RIN). Son la variable bisagra. No importa solo el número, sino su liquidez. El rango alto requiere desembolsos oportunos y que el Banco Central pueda convertir reservas en un ancla creíble del nuevo régimen. Si los desembolsos llegan tarde o con fricción política, las reservas se estancan. Si la confianza cae y aumenta la demanda defensiva de dólares, la parte utilizable se vuelve insuficiente, aunque el total contable parezca estable.

Tipo de cambio. En el mejor escenario, el oficial se mueve de forma administrada y el paralelo pierde poder porque la brecha deja de ser medida de desconfianza. En el intermedio, la brecha persiste y sigue alimentando presiones inflacionarias. En el peor, el tipo de cambio se convierte en reloj de la inflación: cualquier salto se traslada a reposición de inventarios, tarifas y conducta cotidiana. El rango cambia si se rompen dos candados: credibilidad y logística. Cuando falta uno, el dólar manda; cuando faltan ambos, el dólar gobierna.

Conclusión. Una carta de las últimas, con litio en el horizonte

El DS 5503 no es una fórmula milagrosa. Bolivia enfrenta con él un ajuste que pondrá a prueba su madurez institucional y su capacidad para corregir el rumbo antes de un colapso potencialmente severo. La decisión del presidente Paz no busca popularidad, sino oxígeno. Estabilizar la economía, sostener el tipo de cambio y recuperar la confianza externa perdida tras años de parches y populismo fiscal irresponsable. El margen de maniobra es mínimo. Solo entre el 15 % y el 25 % de los escenarios apuntan a un éxito sostenido, mientras el resto describe un camino plagado de riesgos de estancamiento y conflicto social que podrían revertir cualquier avance.

En última instancia, la salida será política. La estabilización será viable únicamente si el Gobierno logra combinar paciencia social con velocidad financiera, asegurar un respaldo internacional robusto y mantener el control del dólar como termómetro de confianza. Bolivia se juega mucho más que su estabilidad macroeconómica. Se juega su credibilidad como Estado capaz de administrar crisis y atraer inversión. Si el plan se sostiene, el país podrá convertir el litio y otros sectores económicamente estratégicos en promesas tangibles de desarrollo. Si fracasa, quedará atrapado en una crisis potencialmente apocalíptica que ya no será solo económica, sino también social y política.

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