La Paz, 1 de agosto (Urgentebo).- Ante las denuncias de una red de extorsión por parte de tres miembros del Concejo e la Magistratura, el viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, manifestó que este caso solo sería la “punta del iceberg” y que el caso será investigado a fondo.
En una entrevista en Anoticiando, Trigoso manifestó que ayer se hizo pública la denuncia en la que tres consejeros de la Magistratura elaboraron listas en la que aparecían los nombres de 160 jueces que supuestamente serían destituidos; sin embargo, la finalidad de las listas, a las que calificó de ilegal, era extorsionar a los jueces pidiéndoles favores y dinero.
“Ayer por la mañana se realizó una reunión con al menos 20 jueces incluidos en la lista, donde gran parte de ellos confirmó que recibieron llamadas para pedirles favores y dinero". Agregó que los montos oscilian entre los 5.000, 20.000 y hasta los 50.000 dólares.
“Imagínense si un juez o un vocal pone en mesa 50.000 o 20.000 dólares para quedarse en un cargo. ¿Es que lo va a recuperar? y ¿cuánto se va a recolectar sobre 160 nombres? Y si ¿alguien paga es porque lo va a recuperar?”, dijo el viceministro, en la casa televisiva
Según Trigoso, el Consejo de la Magistratura elaboró un listado de jueces que serían desvinculados del Poder Judicial, sin embargo se les hizo notar que de acuerdo con la Ley No. 898 de 26 de enero de 2017, la separación de los jueces la analizará una comisión conformada por nueve instituciones, aplicando las conclusiones y resoluciones de la cumbre plurinacional de justicia realizada el año pasado.
Los magistrados, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, deben ser denunciados ante el Legislativo para someterlos a un Juicio de Responsabilidades de darse curso en una comisión de Ministerio Público.
“Al haberse detectado esta irregularidad el Ministerio de Justicia exigió a los miembros del Consejo de la Magistratura dejar sin efecto las mencionadas listas, aspecto que fue aceptado”, —sin embargo—“según consta en la acusación gubernamental, algunos consejeros y operadores aprovecharon las listas ya elaboradas para pedir dinero a los jueces, a cambio de sacarlos de las mismas o de no incluirlos en otras que se elaboren a futuro”.
Entre los implicados están los consejeros Roxana Orellana, Orlando Ríos Luna y Emilio Patiño, por los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, extorsión y cohecho activo. Además, Jorge Bohórquez, director nacional de Derechos Reales (DDRR), es uno de los acusados de formar parte de esta red de extorsión
