Que en Bolivia estemos discutiendo una nueva Ley de Inversiones es, por sí solo, una buena noticia. Más allá de si necesitamos modificar la Constitución y de las correcciones o mejoras que pueda requerir el proyecto, el solo hecho de abrir este debate significa reconocer algo que durante muchos años pareció olvidarse: Bolivia necesita inversión privada, nacional y extranjera, para salir adelante.
La inversión genera empresas, empleo, producción y riqueza. Sí, riqueza. Una palabra que durante los últimos veinte años casi llegó a tener una connotación negativa. Parecía que había que disculparse por tener éxito, por ganar dinero o por construir una empresa rentable.
Por supuesto, hablamos de riqueza generada dentro de la ley, pagando impuestos, respetando las normas y cumpliendo las obligaciones que corresponden. Pero, dentro de ese marco, generar riqueza no debería ser algo que una sociedad cuestione. Debería ser algo que valore.
Por eso creo que la discusión sobre la nueva Ley de Inversiones es importante, pero también insuficiente.
Necesitamos seguridad jurídica, pero también necesitamos certidumbre. La seguridad jurídica protege una inversión. La certidumbre es lo que lleva a un inversionista a tomar la decisión de venir y quedarse.
Y esa certidumbre no depende únicamente de una ley. Depende también de lo que llamaría un consenso social para la inversión.
Me refiero a que exista un acuerdo básico entre los bolivianos de que queremos y necesitamos inversión privada. Que entendamos que atraer capital no es hacerle un favor al empresario, sino crear las condiciones para generar empleo, desarrollar nuestros recursos naturales, construir nuevas industrias y mejorar los ingresos de los bolivianos.
Ese consenso significa que, independientemente del gobierno de turno, la inversión privada sea vista como parte de la solución y no del problema. Que el éxito empresarial deje de generar sospecha y que quien decide invertir en Bolivia sienta que está apostando por un país donde invertir, emprender y generar riqueza legítimamente es valorado.
Los inversionistas saben convivir con el riesgo. Lo que les cuesta administrar es la incertidumbre.
Y esa incertidumbre no se genera solamente por las leyes. También se genera por nuestras conductas y por las señales que como sociedad enviamos todos los días.
El bloqueo, por ejemplo, no puede seguir siendo una forma habitual de protesta. Independientemente de quién bloquee o cuál sea su causa, cuando una empresa no puede producir, transportar su mercadería o cumplir con sus clientes, el mensaje para quien está pensando invertir es muy sencillo: su inversión puede quedar paralizada en cualquier momento.
Ya vimos recientemente cómo Bolivia quedó excluida del corredor bioceánico, entre otras razones, porque otros países buscan rutas más confiables y previsibles.
Y el capital tiene una característica que a veces olvidamos: no tiene obligación de quedarse. Puede ir donde encuentre mejores condiciones, pero sobre todo donde encuentre mayor certidumbre.
También debemos cambiar la forma en que miramos al inversionista extranjero. Todavía existen sectores que lo ven como alguien que viene únicamente a explotar nuestros recursos o a beneficiarse de Bolivia, cuando puede convertirse en un aliado para generar empleo, tecnología, conocimiento y oportunidades.
Otros países han logrado construir este tipo de consensos. Hay sociedades que cuidan el turismo porque saben que de él viven miles de familias. Otras protegen la minería, la industria, la agricultura o los servicios porque entienden el impacto que tienen sobre su economía y sobre el bienestar de su población.
Bolivia necesita empezar a cuidar la inversión de la misma manera.
Necesitamos generar conciencia, desde las escuelas hasta el debate público, sobre la importancia de la inversión, la empresa y la generación de riqueza. Porque una sociedad no sale de la pobreza simplemente distribuyendo mejor lo poco que tiene. También necesita producir más, invertir más y crear más empleos formales y dignos.
Una ley puede ofrecer seguridad jurídica. Pero ninguna ley, por sí sola, puede generar confianza.
La confianza se construye cuando un país entero entiende que atraer inversión, generar riqueza y crear empleo no beneficia solamente al empresario: beneficia a toda la sociedad.
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