El dólar encontró un nuevo enchufe en la economía boliviana: las tarifas de electricidad. El Decreto Supremo 5750 modifica las fórmulas de actualización de los precios eléctricos, vinculándolos más directamente al tipo de cambio oficial, la inflación y los costos de generación. La medida tiene una justificación económica razonable: las empresas eléctricas necesitan recuperar sus costos para garantizar inversiones y suministro. Por ejemplo, si una turbina importada cuesta 1.000 dólares, con un tipo de cambio de 7 bolivianos vale Bs 7.000; pero si el dólar sube a 10, la misma turbina costará Bs 10.000. El decreto permite reconocer estas variaciones en los costos regulados. No significa que la factura de luz aumentará automáticamente en la misma proporción que el dólar, pero sí que el tipo de cambio tendrá mayor influencia sobre su cálculo. En otras palabras, el dólar ya no solamente visita las casas de cambio: ahora también quiere participar en las reuniones de las empresas eléctricas.
El problema es que esta reforma llega en medio de una profunda recesión económica, con ingresos familiares debilitados y empresas golpeadas por el aumento de los combustibles y otros costos de producción. Si la electricidad se encarece, también pueden hacerlo el pan, los alimentos refrigerados, los servicios y numerosos productos industriales. Pensemos en una pequeña panadería que paga Bs 2.000 mensuales de electricidad: un incremento hipotético del 15% significaría Bs 300 adicionales cada mes. ¿Quién paga la diferencia? El panadero, reduciendo sus ganancias; el consumidor, pagando más por el pan; o ambos, compartiendo las penas. Este fenómeno se conoce como traslado de costos a precios (pass-through) y puede alimentar nuevas presiones inflacionarias. El decreto incorpora mecanismos de actualización de costos, pero no establece una protección social específica frente a eventuales aumentos tarifarios. Una curiosa asimetría: los costos empresariales tienen fórmulas matemáticas para actualizarse, mientras los salarios deben recurrir a la paciencia, una virtud que todavía no cotiza en el Banco Central.
El desafío de política económica consiste en conciliar sostenibilidad financiera, eficiencia productiva y equidad social. No se puede exigir electricidad barata a empresas que enfrentan costos crecientes, pero tampoco trasladar mecánicamente todos los riesgos cambiarios a consumidores que llevan años ajustándose el cinturón. Se necesitan gradualidad tarifaria, protección focalizada para los hogares vulnerables, transparencia en los costos reconocidos y exigencias rigurosas de eficiencia a las empresas eléctricas. El decreto puede ser técnicamente justificable, pero resulta socialmente incompleto y macroeconómicamente delicado. Bolivia necesita modernizar su sistema eléctrico sin convertir cada fluctuación del dólar en una nueva amenaza para el bolsillo ciudadano. Porque una cosa es enchufar la electricidad a la realidad económica y otra muy distinta es electrocutar el poder adquisitivo de los bolivianos.
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