Al menos 400 policías antimotines, apoyados por fuerzas especiales, tanquetas y blindados, pero sin la presencia de fiscales, incursionaron en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para desalojar a los manifestantes que ocupaban el centro de estudios desde el miércoles tras arribar a la capital para la marcha de la denominada Toma de Lima.

En total, 205 personas fueron intervenidas luego de que los uniformados se llevaran de encuentro, con una tanqueta, la reja y un muro de la puerta n° 3. Hubo disparos y lanzamientos de bombas lacrimógenas, pese a no encontrar resistencia.

Los detenidos fueron trasladados sin mayores explicaciones a las sedes de la Dirección contra el Terrorismo, Seguridad del Estado y a la Dirección de Investigación Criminal.

Algunos profesores recordaron aquel 21 de mayo de 1991 cuando el gobierno de Alberto Fujimori ordenó ingresar al Ejército a los campus de San Marcos y La Cantuta.

 “Violaron autonomía”

Dirigentes de la Federación Universitaria de San Marcos denunciaron que los policías ingresaron de manera ilegal a las residencias, violando la autonomía universitaria, sin orden judicial ni la participación de fiscales. “Esto solo ocurría en tiempos del fujimorismo”, señalaron.

Frente a este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció. “La CIDH expresa su preocupación por la incursión policial, desalojo y detenciones masivas en la universidad San Marcos y exhorta con urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad de todas las personas”.

Se cometió una infracción

Para el abogado constitucionalista Omar Cairo, en lo de San Marcos el Gobierno ha cometido una infracción constitucional y “se ha producido un agravio muy serio a los derechos”.

 “El Ministerio Público (fiscales) llega al campus de la universidad cuando el atropello a estudiantes y manifestantes ya se ha consumado. Ante la represión brutal y el desgobierno de la presidenta, solo queda una salida: la renuncia de Dina Boluarte”, señaló.

Otros juristas hicieron notar que el sector Interior actuó al margen de la ley: “Aun en estado de emergencia, la policía solo puede ingresar al recinto universitario cuando se produce un delito flagrante”, indicaron.

Llegaron tarde

“La Fiscalía viene adoptando todas las medidas para verificar los fundamentos y circunstancias que rodearon el operativo”, dijo horas después el fiscal superior Alfonso Barrenechea.

Explicó que 20 representantes del Ministerio Público se desplazaron, luego de las detenciones y el registro de ambientes, a las sedes policiales.

 

Barrenechea evitó responder si fue legal el operativo. Aseguró que un fiscal penal de turno será el encargado de revisar el informe que debe emitir la Policía, para valorar la actuación del personal PNP.

Habeas corpus

Ahora bien, para salvaguardar la integridad de las y los detenidos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos interpuso una demanda de habeas corpus ante el Poder Judicial.

Lo hizo en contra del ministro del Interior, Vicente Romero, y la Policía, representada por su comandante general, Raúl Alfaro Alvarado.

Fundamentaron esa medida en que la intervención policial se realizó sin fiscales y a los detenidos no se les permitió contar con asesoría legal.

En tanto, la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, consideró que era oportuno coordinar con la Fiscalía el operativo en San Marcos para su intervención. “En estado de emergencia se debe garantizar los derechos humanos e intervenciones de instituciones”, enfatizó.

Los manifestantes habían ocupado la Decana de América luego de que el 18 de enero un grupo de estudiantes tomara el control de los accesos para expresar su respaldo a las protestas contra el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte.

Ese mismo día, la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, condenó la toma de la universidad y cuestionó a las delegaciones de provincias por alojarse en el recinto estudiantil.