Existen instituciones del Estado que, en lugar de servir a la población, terminan haciéndole daño o incluso cometiendo abusos. A ese punto ha llegado la Aduana Nacional. Algunos piensan que la solución sería cerrarla; sin embargo, la experiencia de otros países demuestra que el Estado necesita mantener el control de sus funciones centrales. Por ello, una alternativa razonable es privatizar parcialmente o contratar servicios externos (outsourcing) con empresas privadas que garanticen un servicio más eficiente. Veamos por qué se plantea esta idea al nuevo gobierno.
Existen numerosos testimonios de maltrato en la Aduana, sucedidos durante los casi 20 años de gobierno del MAS: robos de objetos personales, retención injustificada de carga, remates de mercadería sin explicación o incluso la quema de productos sin una investigación previa. Les contaré un caso que conocí de cerca. Vi a una familia perderlo todo por culpa de un trámite injusto, al punto de tener que abandonar el país.
En el año 2015, Rosa y Sebastián (nombres cambiados) iniciaron un emprendimiento textil. Paso a paso y equipo tras equipo, todo marchaba bien, hasta que recibieron un pedido “grande” para confeccionar poleras y buzos deportivos por un valor de 30.000 Bs. Para cumplir el contrato, pidieron préstamos a sus familiares y solicitaron un adelanto del 50% del valor total del pedido.
El 21 de septiembre de 2016, Rosa viajó a La Paz en busca de tela. Siguiendo recomendaciones, terminó comprando en la Ceja de El Alto por un valor de 15.000 Bs (2.155 dólares), que representaba la mitad del pedido. Al retornar a Cochabamba con las telas para confeccionar las prendas, transportó su carga en un bus de la empresa Trans Crucero (placa 2545-UN). A eso de las 2:20 a.m., en el retén de Suticollo, el bus fue inspeccionado por la funcionaria de Aduana KQS, quien retuvo la tela por falta de documentación.
Rosa confió en que le devolverían su carga una vez presentada la factura, por lo que retornó a La Paz para solicitarla. Sin embargo, la comerciante de la Ceja se negó a entregarle la factura completa y solo le proporcionó la factura N.º 132 por un valor de 375 USD, fechada el 20 de septiembre de 2016, la cual Rosa presentó a la Aduana Nacional.
Rosa explicó a los funcionarios la situación, pero su solicitud fue rechazada. Los funcionarios comenzaron a exigir más requisitos, incluso la póliza de importación del producto, a pesar de que Rosa no se dedicaba a la importación. Por haber comprado en la Ceja —donde los precios eran accesibles—, terminó atrapada en un laberinto burocrático. Fueron inútiles los intentos de convencer a la Aduana de que el problema se originaba en el proveedor, no en la compradora.
Mientras tanto, los días corrían para cumplir con la entrega del pedido, prevista para el mes siguiente. Rosa y Sebastián, desesperados, decidieron endeudarse nuevamente para comprar telas en Cochabamba. La “ganancia” fue de 200 Bs, que lo usaron para la entrega de los deportivos en taxi a la médico dentista que había confiado en Rosa. Ella lloró por muchos días, fue muchos días a las oficinas de la Aduana, donde le repetían que debía presentar la póliza de importación. Finalmente, los rollos de tela desaparecieron. Nunca se les informó qué ocurrió con los seis rollos decomisados en Suticollo. Pero el golpe fue devastador: habían perdido todo su capital de trabajo.
Sebastián había trabajado en AMETEX, la textilera boliviana que exportaba prendas de alta calidad a Estados Unidos bajo la Ley de Preferencias Arancelarias (ATPDEA), hasta su cierre en 2008 durante el gobierno de Evo Morales. Tras ese hecho, Sebastián y Rosa iniciaron su propio emprendimiento textil con préstamos de familiares y amigos. Compraron máquinas, cortadoras y selladoras, y lograron producir prendas de gran calidad. Todo marchaba bien hasta que la Aduana Nacional confiscó su capital de trabajo, marcando el comienzo del fin de su negocio.
Después del abuso y la pérdida total de su inversión, Sebastián y Rosa decidieron emigrar a Chile. Allí reiniciaron su emprendimiento y encontraron un trato distinto por parte de las autoridades Chilenas. Gracias a su esfuerzo, hoy poseen varias máquinas, generan empleo local y abastecen la demanda de confecciones en Chile, aportando así al crecimiento económico del país vecino. Esta historia refleja la realidad de miles de confeccionistas bolivianos que emigraron a Chile, Argentina, Brasil y Perú tras la eliminación del acuerdo ATPDEA con EEUU
Como se puede advertir, la Aduana Nacional requiere una profunda reestructuración. Los controles en carreteras, puertos, aeropuertos y demás puntos de inspección deben estar a cargo de profesionales capacitados en comercio y con sensibilidad social, capaces de entender la realidad de los productores, industriales, comerciantes y emprendedores y de identificar el verdadero origen de los problemas. Una decisión equivocada puede destruir el trabajo y los sueños de una familia.
En el caso de Sebastián y Rosa, lo correcto habría sido verificar la póliza de importación directamente con el proveedor de las telas, luego de recibir la factura, y no castigar con robo del capital de trabajo a quienes están al final de la cadena productiva. En último caso, una multa pecuniaria, como ocurre en muchos países civilizados, habría prevenido a los noveles emprendedores de caer en desgracia.
Por todos estos abusos, para el nuevo gobierno, la mejor alternativa administrativa para reestructurar la Aduana es implementar el outsourcing, es decir, delegar a empresas privadas con experiencia en comercio internacional los procesos de control y verificación del origen de la mercadería. Así se podría mejorar la eficiencia, reducir la corrupción y evitar que más familias sufran injusticias como la de Rosa y Sebastián.
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