La Defensoría del Pueblo expresó la noche de este jueves su preocupación por la decisión del Presidente Rodrigo Paz de eliminar el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional sin considerar la “formulación de políticas públicas, la coordinación interinstitucional y la provisión de servicios esenciales para el ejercicio de derechos humanos” de grupos vulnerables de la sociedad.

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“la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación sobre el destino de todas estas importantes reparticiones para la ciudadanía en su conjunto y poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo que exhorta a las autoridades del Órgano Ejecutivo brinden certidumbre respecto a la nueva organización y estructura institucional que asumiría la tuición y administración de las mismas”, dice en un documento.

Explicó que dicho ministerio  tiene bajo su tuición reparticiones e instituciones que cumplen funciones estratégicas para el Estado y para la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas adultas mayores; jóvenes; personas con discapacidad; así como aquellas afectadas por violencia en razón de género y generacional.

Este jueves, Paz Pereira decretó la muerte del Ministerio de la Persecución e Injusticia en medio de una disputa que tuvo con el vicepresidente Edmand Lara y con el anuncio de que está cumpliendo una promesa electoral.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo plantea que la decisión presidencial omite el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado boliviano. 

Explicó que el ahora desaparecido ministerio tenía “bajo tuición el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), Servicio Plurinacional de Defensa Pública – SEPDEP, Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima – SEPDAVI, Servicio Integral de Justicia Plurinacional – SIJPLU y otras que brindan asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas de recursos limitados o de poblaciones en situación de vulnerabilidad, de las cuales, varias fueron creadas por las leyes N° 223, 463, 464, entre otras”.

Esta repartición también tenía bajo su cargo el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna, Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la niña, niño y adolescente, entre otros, que permitían un trabajo interinstitucional, articulado y multiactor para la promoción, ejecución y evaluación de políticas públicas vinculados con el desarrollo integral de las personas y sus derechos humanos, con base a compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano.

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